Corte Constitucional revive el caso del expresidente Jamil Mahuad, quien busca anular la sentencia en su contra

El 27 de noviembre de 2025, Richard Ortiz, juez de la Corte Constitucional, avocó conocimiento de la causa 1051-21-EP. Se trata de una acción extraordinaria de protección interpuesta por el expresidente Jamil Mahuad contra la sentencia de ocho años que recibió por su vinculación con el feriado bancario de 1999.

Ortiz notificó el inicio del trámite a los abogados de Mahuad, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Además, dio a la Corte Nacional de Justicia un término de cinco días para que presente un informe de descargo sobre los argumentos de la demanda.

Cuatro días después, Mahuad —a través de sus abogados— solicitó a la Corte Constitucional que señale día y hora para ser escuchado. Además, presentó un escrito explicando que Jhoel Escudero, actual presidente de la CC, fue parte de un trabajo académico sobre "la violación de los derechos en la crisis bancaria de 1999". Por lo que lo recusó.

Una vez que la Corte Nacional envíe a la CC el expediente completo del caso, el juez Ortiz puede convocar a una audiencia pública para la práctica de pruebas o la aclaración de puntos específicos, por ejemplo, con la comparecencia solicitada por Mahuad.

Con base en el análisis para determinar si el acto judicial impugnado vulneró un derecho constitucional, el juez elaborará un proyecto de sentencia. Finalmente, este proyecto será remitido al Pleno de la Corte, que deliberará, votará y emitirá la sentencia definitiva, la cual puede anular la sentencia contra Mahuad y ordenar una reparación integral o ratificarla.

El caso Mahuad y la impugnación

El caso por peculado contra el expresidente Jamil Mahuad se originó en el feriado bancario de 1999. Según la teoría de la Fiscalía, Mahuad tuvo responsabilidad penal por la crisis bancaria debido a dos decretos que firmó en su administración. 

El primero es el Decreto Ejecutivo No. 681, del 9 de marzo de 1999, donde declaró estado de emergencia nacional. Y el decreto 85 del 11 de marzo de 1999 con el que ordenó el congelamiento de los depósitos, conocido como feriado bancario.

El 29 de mayo de 2014, la exjueza Ximena Vintimilla condenó a Mahuad a 12 años de cárcel. Pero en 2017, otro Tribunal de la CNJ, corrigió el fallo y lo redujo a ocho años, que fue la condena ratificada.

Finalmente, en octubre de 2020, los jueces Iván León, Wilman Terán y David Jacho declararon improcedente el recurso de casación y ratificaron la sentencia de ocho años en la instancia definitiva. Por lo que actualmente, Mahuad, que vive en Estados Unidos desde hace más de 20 años, es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana.

En su acción extraordinaria de protección, Mahuad alega que la sentencia en su contra es ilegítima por falta de motivación, aplicación retroactiva de norma, e incumplimiento de normas y derechos de las partes.

Mahuad asegura, por ejemplo, que la sentencia vulnera el derecho al debido proceso ya que las resoluciones judiciales requieren un razonamiento completo. Además de que incumple "el deber de motivación", ya que, entre otras cosas, no explica como la firma de los decretos encajan en el tipo penal de peculado.