La Corte Nacional de Justicia envía la terna para designar al vocal suplente de Mario Godoy en la Judicatura
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya tiene los nombres para elegir al vocal suplente de Mario Godoy, presidente de la Judicatura que afronta un proceso de juicio político. La vocal Alexandra Villacís afirma que presentó una acción de protección.

Fotografía de archivo la fachada del Consejo de la Judicatura, en Quito.
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Consejo de la Judicatura
Autor:
Redacción Primicias
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El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, remitió el 12 de febrero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la terna para designar al vocal suplente del titular del Consejo de la Judicatura (CJ).
La terna está integrada por:
- Mercedes Caicedo Aldaz
- Óscar Chamorro González
- María Morejón Villavicencio
Esto ocurre paralelamente a la licencia solicitada por Mario Godoy, el presidente titular del Consejo de la Judicatura, quien estará fuera del cargo hasta el 13 de febrero mientras enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional.
El nombramiento de este vocal suplente de Godoy es necesario, pues la suplente anterior, Alexandra Villacís, registra un impedimento para ejercer funciones públicas.
El Cpccs deberá cumplir con varias etapas establecidas por ley:
- Revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes.
- Escrutinio público e impugnación ciudadana.
- Presentación del plan de trabajo.
- Designación del vocal suplente.
La vocal Alexandra Villacís reacciona
Pero Alexandra Villacís, la vocal suplente dscartada de este proceso, no se quedo inmóvil. El mismo 12 de febrero expresó en un comunicado que solicitó una acción de protección con medida cautelar "en defensa del debido proceso, la seguridad jurídica y la institucionalidad".
"Ante la decisión del Presidente de la Corte Nacional de Justicia de remitir una nueva terna conforme a los procedimientos activados, considero que corresponde a la justicia constitucional determinar si dichas actuaciones se ajustan plenamente al marco constitucional y a las garantías del debido proceso. No corresponde a las personas resolver esa discusión, sino a los jueces", argumentó Alexandra Villacís.
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