Paro | La dirigencia indígena de la Amazonía de Ecuador se declara "en movilización permanente" y plantea exigencias

La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) se reunió el 18 de octubre para decidir qué postura tomar ante el paro de la Conaie, que dura 25 días en Ecuador. 

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), asistió a esa Asamblea Extraordinaria autoconvocada por los presidentes de las nacionalidades base de la Confeniae.

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Ahí, los representantes de las nacionalidades amazónicas resolvieron declararse en movilización permanente "por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos".

Estos fueron los puntos que la Confeniae decidió en su cónclave, en los que ya no aparece la derogatoria del fin del subsidio estatal al diésel, el detonante del paro de la Conaie.

• Mantener la movilización constante frente al abandono estatal y la devastación petrolera y minera.
• Oponerse a la consulta popular y la Constituyente, por atentar contra los derechos conquistados.
• Expresar solidaridad con Imbabura y condenar la represión y el cierre de radios comunitarias.
• Rechazar la ronda petrolera suroriente y el catastro minero.
• Desconocer a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica (CTS) y la Secretaría de Pueblos, por dividir y debilitar a las organizaciones amazónicas.

Los bloqueos por las manifestaciones se mantienen este sábado en al menos doce vías de tres provincias del país, la mayoría de ellos en Imbabura.

Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.

Asimismo, la Conaie agregó en el paro su rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa del presidente Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como "política".