Eduardo Franco, exabogado de Jorge Glas, se posesiona como vocal suplente del Consejo de Participación
A Eduardo Franco Loor se lo relaciona con el movimiento Revolución Ciudadana. También, buscaba convertirse en vocal del CNE, pero renunció al concurso.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, tomó juramento este 3 de septiembre de 2024 de Eduardo Franco Loor.
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La Asamblea Nacional posesionó este 3 de septiembre de 2024 a Eduardo Franco Loor como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La posesión se produce casi cinco meses después de que Franco Loor enviará una carta excusándose de asistir ante el Pleno para asumir el cargo, argumentando compromisos previos adquiridos.
Franco Loor ha sido abogado del exvicepresidente Jorge Glas, quien al momento guarda prisión en La Roca en Guayaquil. También se lo relaciona con el movimiento Revolución Ciudadana, e incluso tiene una denuncia en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuesta infracción electoral.
Se le acusa de haber sido parte de la autodenominada 'liga azul' que recibió apoyo del correísmo para la elección de vocales del CPCCS, pese a que la injerencia de partidos políticos en este organismo está prohibida.
Además, Franco Loor se encontraba participando para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). El 2 de septiembre anunció que renunció al concurso para ser posesionado como vocal suplente de Participación
Este 3 de septiembre también se debía posesionar como vocal suplente a Óscar Ayerve, quien envió una carta pidiendo una nueva fecha, porque se encontraba resolviendo temas personales.
El exconsejero del CPCCS, David Rosero, reclamaba que él debía ser posesionado como suplente, porque en las elecciones sacó más votos que Ayerve.
Ante los múltiples oficios que envió reclamando su posesión, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, hizo leer el certificado del Ministerio de Trabajo que señala que Rosero tiene impedimento de ejercer cargo público, porque fue destituido en enero de 2023 por la Corte Constitucional.
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