El correísmo atraviesa una encrucijada en la Función Electoral al buscar que se levante su suspensión

Revolución Ciudadana (RC) va por el segundo intento de revertir la suspensión de nueve meses que pesa sobre el movimiento, mientras la Fiscalía investiga un supuesto financiamiento ilícito desde el extranjero, en el caso denominado Caja Chica.

El 11 de marzo pasado, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció la decisión que tomó el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, de suspender a la organización política por pedido del Fiscal General del Estado, Carlos Alarcón.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dispuso en esa sesión que se ejecute lo dispuesto por el juez electoral y se inhabilite temporalmente al movimiento correísta, que ve peligrar su participación en las elecciones seccionales de febrero de 2027.

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Esta última acción del CNE es rechazada por la presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, que ingresó un recurso subjetivo contencioso ante el TCE, que, paradójicamente, es el organismo que dispuso la suspensión.

Gabriela Rivadeneira tiene hasta el jueves 19 de marzo para completar y aclarar las razones de su reclamo, incluyendo la resolución adoptada por el CNE y el anuncio de pruebas, en caso de que el proceso avance.

Como antecedente, el TCE ya rechazó el 10 de marzo un pedido de nulidad de la suspensión que interpuso Rivadeneira. La justificación fue que para entonces no estaba reconocida como presidenta del correísmo, pese a que fue elegida el 18 de enero de 2026.

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¿Qué es el caso Caja Chica?

La Fiscalía investiga el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos por el presunto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de Luisa González en las elecciones anticipadas de 2023.

Entre los investigados desde finales de enero, cuando la Fiscalía anunció el inicio de este caso, están los dirigentes correístas:

• Rafael Correa, expresidente de la República.
• Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento.
• Andrés Arauz, excandidato a la Vicepresidencia.
• Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías.
• Patricio Chávez, asambleísta.
• Fausto Herrera, exministro de Economía.
• Patricio Rivera, exministro de Economía.
• Bibian Hernández, abogada.

Entre otras acciones ejecutadas en torno a esta investigación, el 28 de febrero la Fiscalía allanó la sede de la Revolución Ciudadana, ubicada junto a la Asamblea Nacional, en el centro de Quito.

Ese día, las autoridades también intervinieron en las viviendas de Luisa González, Manssur y Chávez.