Estos son los ocho correístas investigados por, presuntamente, lavar dinero ilegal de Venezuela en el caso Caja Chica

Fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017. Es el líder histórico de la autodenominada Revolución Ciudadana. Tras acabar su mandato, el político se radicó en Bélgica. Además, visita constantemente países como México y Venezuela, donde existen regímenes aliados a su postura ideológica.

Tras dejar la Presidencia, Correa fue objeto de decenas de investigaciones. Actualmente, tiene pendiente un juicio por el secuestro del activista Fernando Balda y está prófugo por una sentencia de ocho años de cárcel por el caso Sobornos 2012-2016.

Durante el gobierno de Correa, Andrés Arauz fue ministro de Conocimiento y Talento Humano. En 2021 fue el candidato presidencial de la RC y en las elecciones de 2023, en las que se habría cometido el lavado de activos, fue el postulante a la Vicepresidencia, como parte del binomio con Luisa González.

Este no es el primer caso penal para Arauz. Desde junio de 2025 es parte del proceso llamado Ligados, en el que se investiga una asociación ilícita por interferir en los procesos del CPCCS. En ese caso, está pendiente la audiencia de llamado a juicio.

Luisa González fue asambleísta por la Revolución Ciudadana, en el período 2021-2023. Previamente, había trabajado en el despacho del expresidente Rafael Correa. Para 2023, tras la declaratoria de muerte cruzada que provocó elecciones extraordinarias, González fue candidatizada a la Presidencia de la República. Por su campaña, ahora se investiga el supuesto lavado de activos.

En el ámbito legal, la Contraloría impuso a González una glosa de más de USD 800.000 por un informe relacionado con el uso del avión presidencial en la época de Correa. Ese caso todavía está en trámite y el pago de la sanción no está en firme.

Bibian Hernández es una abogada, cuyo nombre se ha ido popularizando en los últimos años. Fue parte del equipo de defensa del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos. Además, ha sido mencionada con una mujer con influencia política en los casos Metástasis, en el que se juzgó las presiones del crimen organizado en la justicia.

En 2024, la Fiscalía destapó el caso Amistad, en el que se está investigando una red de lavado de activos -con vínculos políticos y criminales- asociada con Hernández. Ese caso está pendiente del llamado a juicio.

Patricio Rivera es un economista ecuatoriano que ocupó cargos clave durante el gobierno de Rafael Correa, entre ellos el de ministro de Finanzas y ministro Coordinador de la Política Económica. Fue uno de los principales responsables del manejo de la deuda externa y del retorno de Ecuador a los mercados internacionales tras el default de 2008. 

Posteriormente fue superintendente de Economía Popular y Solidaria y ha sido mencionado como asesor económico de gobiernos de la región, incluido el de Venezuela, durante la gestión del expresidente Nicolás Maduro.

Fausto Herrera fue un funcionario de carrera del Ministerio de Finanzas desde 2006 y fue escalando hasta ser ministro durante el correísmo, entre 2013 y 2016, hasta que dejó el cargo por motivos de salud, en medio de un pedido generalizado de renuncias por parte de Rafael Correa. 

Durante el morenismo, fue glosado por la Contraloría por USD 77,2 millones, por la emisión irregular de bonos para el pago de pensiones jubilares, en 2018. En ese entonces también pasó a ser asesor económico del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y fue el responsable económico de la RC durante la gestión de Marcela Aguiñaga.

El asambleísta Patricio Chávez tiene una larga relación con Rusia, debido a su formación académica, lo que le sirvió para ser embajador en ese país y delegado en otros de la región, como Bielorrusia y Moldavia. También fue delegado de Rafael Correa al directorio de Petroecuador y presidió la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y fue gerente de TAME. 

Esa gestión le costó una responsabilidad administrativa declarada por la Contraloría en 2018, por haber autorizado un crédito estatal con China con garantía soberana, que implicaba la destitución de su primer periodo como asambleísta, tras la muerte cruzada. Pero logró esquivar la sanción con una acción de protección y fue reelecto en 2025.

Suad Manssur fue conocida públicamente cuando llegó a dirigir la Superintendencia de Compañías, en 2011. En 2018 fue cesada por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, durante el gobierno de Lenin Moreno. Tras lo cual su vinculación partidista con la Revolución Ciudadana creció. 

La abogada guayaquileña pasó a formar parte del buró político del correísmo y fue directora del Instituto Eloy Alfaro. Manssur se convirtió en persona de confianza de Rafael Correa y fue su único testigo durante el caso Sobornos. A día de hoy lleva la agenda y es una de las personas más cercanas.