En entrevista con PRIMICIAS, el coronel Renato González, director del Isspol, habla sobre el avance de las investigaciones de las operaciones irregulares a las que se destinaron más de USD 900 millones.
Un año después de que se destapara el desfalco por más de USD 900 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) las investigaciones continúan, en el país y en el extranjero.
En este tiempo, el Isspol ha logrado rescatar solo USD 12,5 millones aunque la expectativa de las autoridades es que, en los próximos meses, las recuperaciones sean más "agresivas".
"Inicialmente parece solo un robo al Isspol, pero va a afectar al Estado. ¿El momento en que no se recuperen los recursos que se destinaron a las operaciones irregulares quién va a terminar pagando la cuenta? Todos los ecuatorianos", dice el coronel Renato González, director del Isspol.
La Constitución ecuatoriana dispone que el Estado debe asumir la seguridad social y el reglamento de la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional garantiza la pensión mensual.
Entre las operaciones irregulares que el Isspol ha detectado, hasta el momento, están:
- Operación swap, por USD 327 millones.
- Bonos con pacto de recompra por USD 216 millones.
- Bonos puros, por USD 161 millones.
- Cesión de derechos fiduciarios, por USD 69 millones.
- Facturas comerciales, por USD 47 millones.
- Obligaciones, por USD 47 millones.
- Proyectos inmobiliarios, por USD 35 millones.
En entrevista con PRIMICIAS, el coronel Gonzáles habla sobre el avance de las investigaciones, los implicados y las consecuencias que enfrenta el Isspol por las operaciones irregulares, realizadas, aparentemente, entre 2011 y 2019.
El director del Isspol, Renato González, en 2021. Cortesía Isspol
Un año después que se destapara el caso Isspol, ¿cómo avanzan las investigaciones?
Penalmente, el Isspol ha presentado seis denuncias y otras siete han sido presentadas por la Superintendencia de Compañías.
Conocemos que en total en el país están abiertas 15 investigaciones judiciales, de las cuales seis estaban en etapa de instrucción fiscal, que es la etapa procesal. Las otras están en investigación previa.
Tres de las seis investigaciones en etapa de instrucción fiscal se cerraron: una por peculado, en Quito, por la negociación de USD 205 millones en bonos con pacto de recompra; una del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), en Guayaquil; y una a la casa de valores Citadel, también en Guayaquil.
El 23 de noviembre está programada la audiencia preparatoria de juicio de Citadel, el 30 de noviembre la de Decevale y el 16 y 17 de diciembre la de peculado.
¿Y estos avances qué significan?
Hemos superado la etapa pre procesal en la que la Fiscalía tiene las suficientes herramientas para investigar y determinar la existencia de lo que la entidad denomina elementos esenciales de convicción.
Como la Fiscalía encontró esos elementos se pasó a la audiencia de formulación de cargos y con ello se abrió la instrucción fiscal. En los tres casos esa etapa duró 120 días porque durante el proceso se vinculó a más personas.
Como en este lapso la Fiscalía no ha presentado por escrito dictamen abstenido eso implicaría que va a presentar dictamen acusatorio contra todos los vinculados.
¿Cuántos vinculados hay hasta el momento?
10 en el caso de peculado, 12 en el caso de Decevale y cuatro en Citadel. Hay que tener en cuenta que algunos nombres se repiten.
Eso en el ámbito nacional ¿qué ha pasado con las investigaciones internacionales?
En el Distrito Sur de la Florida las investigaciones han avanzado de forma más ágil, por lo que se ha obtenido la confesión de Luis Álvarez, exgerente de operaciones de Decevale, quien aceptó que recibió USD 3,2 millones en sobornos y un departamento en Miami.
Además, recién se reformularon cargos a Jorge Chérrez, quien participó en las operaciones irregulares del Isspol, y a John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Instituto.
Con la reformulación se ampliaron los cargos por lavado de activos y por infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
¿Qué significa que los cargos se hayan ampliado por infracciones a la FCPA?
Tenemos un caso análogo, que es el de Álvaro Pulido, quien supuestamente conspiró junto al empresario colombiano Álex Saab. La justicia estadounidense dice que Pulido lavó USD 180 millones, por lo que ofrece USD 10 millones por información sobre él.
En el caso de Chérrez y de Luzuriaga la justicia de Estados Unidos acaba de solicitar la confiscación de USD 176 millones y uno de los cargos es haber violentado la FCPA.
No nos sorprenda que Estados Unidos vaya a emitir orden de detención con recompensa.
¿Entre los vinculados a las investigaciones ya están todos los responsables de las operaciones irregulares?
No, para nada. Hemos podido evidenciar que este caso se trata de crimen organizado político económico transnacional.
En el caso hay la verdad histórica, es decir, lo que sucedió, y la verdad procesal, que es lo que Fiscalía puede demostrar en el proceso.
La verdad procesal, en este momento, habla de más de 20 vinculados. Si usted me pregunta si están todos los autores intelectuales, no, está uno que otro.
No podemos pensar que Chérrez es la figura central, hay otras personas que están pasando desapercibidas, como Héctor San Andrés, quien era muy cercano a la exsuperintendente de Compañías, Suad Manssur, quien también está pasando desapercibida.
Otra figura es la de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías y que fue intendente Nacional de Compañías, entre 2011 y 2018, por lo que tiene gran responsabilidad en las operaciones irregulares.
¿Cuál ha sido el rol de las autoridades en las operaciones irregulares del Isspol?
Está por investigarse el rol del Banco Central que registró la operación swap de forma manual. Esa institución tendrá que decir, con nombre y apellido, quién registró esa operación de forma manual, quiénes eran los supervisores, quién era el gerente.
Otra institución involucrada es el Ministerio de Economía y Finanzas.
Por la operación swap hay funcionarios del Ministerio de Economía, que en ese entonces viajaron a Estados Unidos para dar la aprobación al Citibank para el programa GDN. Me refiero a Madeleine Abarca, Grace Rivera Yánez, Juan Hidalgo y William Vásconez.
El programa GDN era un programa diseñado para gobiernos de Latinoamérica que, en el caso ecuatoriano, acabó operando con un actor privado.
La Superintendencia de Bancos todos los días recibe el reporte de las inversiones del Isspol. ¿Cuál fue el rol de esa Institución, en ese entonces a cargo de Christian Cruz, para identificar todas estas anomalías?
¿Hay más instituciones?
El Decevale, la Bolsa de Valores de Guayaquil, no descarte a la Bolsa de Valores de Quito. He mencionado al Ministerio de Economía, al Banco Central, a la Superintendencia de Compañías, a la Superintendencia de Bancos y hay que añadir a la Contraloría.
La Contraloría es uno de los entes que supervisa y controla la parte administrativa del Instituto, por lo que tiene responsabilidad. Con mayor razón cuando en el caso Isspol se repiten nombres del caso Las Torres, que tiene que ver con la Contraloría.
A todo esto se suman eventos de carácter político que permiten ver el rol de un personaje que se ha deslindado del caso Isspol: José Serrano.
Pero, José Serrano ha dicho que él solo presidió el Directorio del Isspol entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre de 2016. Y afirma que en ese tiempo no se movieron fondos, que “no se generó ninguna inversión”.
La Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas. Armadas y de la Policía Nacional, aprobada el 21 de octubre de 2016, establece una dicotomía en los dos niveles de aportación.
Antes había un aporte personal al Isspol de 23,10% y un aporte del Estado, como patrono, del 26%. A eso se suma el 60% de aporte a las pensiones.
A partir del 21 de octubre se crean dos regímenes, el que expliqué y el nuevo, que tiene un nivel de aportación personal de 11,45% y de 9,15% para el patrono. Y se sustituye el 60% de las pensiones por una garantía mensual, es decir, que si faltaban recursos el Estado los transfería. Suena bonito, pero el momento que el Estado no tenga recursos no se cumple.
La cosa no queda ahí. En la primera sesión del Consejo Directivo del Isspol en la que José Serrano es presidente, el 26 de octubre de 2016, se ratifica a David Proaño como director del Instituto.
¿Quién lo propone? El presidente del Consejo Directivo, que es el ministro de ese entonces, quien también mocionó ese día fusionar el Fondo de Cesantía de la Policía, que tiene un capital de USD 1.000, millones, con el Isspol. Si eso hubiese ocurrido ahora nos faltarían USD 1.950 millones.
¿Qué tipo de responsabilidad tiene el exministro José Serrano?
En las dos únicas sesiones en las que actuó se trató la fusión del Fondo de Cesantía con el Isspol ¿no tiene responsabilidad, por lo menos, de carácter político?
El cambio de nivel de aportación, que se asemeja al del IESS, apuntaba a que, con el pasar del tiempo, se fusionen los tres institutos de seguridad social. El momento en que eso hubiese sucedido se licuaba todo el atraco al Isspol.
En el caso Isspol ha habido denuncias a personas, ¿qué puede hacer el Instituto frente a las autoridades y a las instituciones?
Contratamos al consorcio Gonzálo Córdova Abogados para la defensa en el territorio nacional.
El consorcio nos está haciendo un diagnóstico de todos los tramos de las inversiones, por lo que le aseguró que, en un momento determinado, enjuiciaremos al Decevale, a la Bolsa de Valores de Guayaquil, a la Superintendencia de Compañías, a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio de Economía, al Banco Central y a otros organismos que determinemos que fueron negligentes.
La responsabilidad institucional no se extingue.
¿Qué ha pasado con los recursos de las operaciones? ¿Se ha podido determinar dónde están?
Tenemos información de que hubo flujos de capital del Isspol que salieron y circularon por Estados Unidos, Panamá y Uruguay.
¿Cuánto se ha podido recuperar de las operaciones irregulares?
Desde enero de 2021 hemos podido recuperar USD 12,5 millones de la cartera vencida. Esos recursos se negociaron, sobre todo, en facturas comerciales, obligaciones y cesión de derechos fiduciarios.
En los próximos meses realizaremos recuperaciones más agresivas por la contratación del consorcio jurídico, cuyo honorario es de 3% de pago por resultados y por la capacidad coactiva que la Asamblea otorgó al Isspol.
¿Es factible recuperar todo?
No, porque mucho de ese dinero de corrupción se licuó en fiestas, viajes, lujos, cohechos.
Aunque una gran parte sí vamos a recuperar. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos inmovilizados cerca de USD 205 millones en el Banco Central, que corresponden a bonos de deuda interna, que hasta 2034 tienen un rendimiento.
Tenemos USD 4,5 millones inmovilizados en la cuenta de Decevale que debemos demostrar que eran flujos del Isspol.
A eso se suma la confiscación que la justicia estadounidense ha determinado por USD 176 millones. Iremos a las cortes de ese país a demostrar que esos recursos, que fueron mal utilizados por ciertas personas, son nuestros. Incluso negociaremos diplomáticamente.
¿Qué consecuencias ha tenido el Isspol por el mal uso de sus recursos?
Varias. La más grave e inhumana es la afectación al sistema de salud. Por eso, de los recursos recuperados se han destinado USD 9,2 millones al sistema de salud. Además, en enero se desembolsarán USD 14 millones al hospital de Quito, USD 8 millones al hospital de Guayaquil y cerca de USD 5 millones a la Dirección Nacional de Atención Integral de Salud.
Otra afectación es que no existen fondos para préstamos quirografarios, solo se han podido mantener los hipotecarios.
Y, sobre todo, hay un golpe emocional a los 21.000 afiliados pasivos y a los casi 8.000 afiliados de montepío, que viven en la incertidumbre sobre los pagos mensuales de sus pensiones.
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