Luisa González atraviesa horas críticas dentro del movimiento correísta, Revolución Ciudadana

El retiro de las lonas gigantes con su imagen de la sede de Revolución Ciudadana (RC) en el centro de Quito, cerca de la Asamblea Nacional, parecen reflejar el mal momento que vive la excandidata presidencial Luisa González al interior del movimiento correísta.

Tras su derrota en la segunda vuelta presidencial del 13 de abril de 2025, ante Daniel Noboa, la suerte en el plano político no la ha acompañado. Por el contrario, todo se le ha ido complicando dentro del propio correísmo. 

Aunque cada vez es más difícil disimular las discrepancias internas de casi toda la bancada legislativa de Revolución Ciudadana con González, nadie en la Asamblea Nacional quiere referirse públicamente al tema.

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"Lo único que se espera es la convención nacional para que deje la dirección del movimiento. Prácticamente ha perdido todo apoyo", le dijo a PRIMICIAS una fuente cercana al correísmo que pidió la reserva.

Ese cambio está previsto para mediados de enero de 2026, pero algunas voces estarían proponiendo posponer la convención unas semanas, lo que habría provocado roces con los militantes que piden una renovación urgente. 

Quienes se han atrevido a cuestionar públicamente a Luisa González, o ya no están en el movimiento correísta o han sido reprendidos por el líder máximo, el expresidente, Rafael Correa. Aunque, incluso ese apoyo incondicional se resquebrajó en las ultimas horas. 

Rompiendo el cerco

El malestar por el rumbo que habría dado Luisa González a Revolución Ciudadana desde que asumió la dirección del movimiento no es nuevo y era conocido incluso antes de la candidatura presidencial de 2023.

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Sin embargo, nadie se atrevió a exteriorizarlo hasta el que el 15 de abril de 2025 la asambleísta electa por Los Ríos, Mónica Salazar, anunció que dejaba la bancada correísta hablando de malos tratos dentro del movimiento.

Sin acusarla directamente de todo, Salazar aseguró que González era una de las responsables de su decisión, porque le había dejado fuera de las decisiones políticas que se adoptaron en su provincia.

Quien fue más directa contra Luisa González fue la legisladora Jhajaira Urresta que el 10 de julio de 2025 anunció su separación de RC por malos tratos de parte de la directora nacional del movimiento quien se habría referido a ella como "tuerta de mierda". 

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Urresta reveló que González era una dirigente lejana que no escuchaba ni las propuestas ni necesidades de los asambleístas con los que mantenía encuentros para dar disposiciones y marcharse.

En ambos casos, Rafael Correa se puso de lado de su excandidata presidencial. "Si vas contra Luisa, vas contra mí", habría respondido el exmandatario a Urresta cuando esta le contó su situación.

Una carta que reveló el panorama

Los dirigentes correístas intentaron minimizar la situación, intentando hacer ver el reclamo de las dos asambleístas como un pretexto para pasarse a las filas de Acción Democrática Nacional (ADN), como finalmente sí sucedió.

Sin embargo, una carta firmada por los prefectos Marcela Aguiñaga, de Guayas; Paola Pabón, de Pichincha; Leonardo Orlando, de Manabí y Juan Lloret, de Azuay; así como por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dejó en claro que existía un malestar generalizado.

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En la misiva se sostuvo, entre otras cosas que el proyecto enfrenta una crisis, “que se refleja en un momento de profunda desconexión con el país, sumado a un liderazgo que, lamentablemente, parece haber perdido el rumbo, la escucha y la cohesión interna”.

“Es urgente reconocer que la RC necesita una renovación profunda“, agregaba la carta enviada de forma privada a Correa y 'filtrada' a los medios de comunicación

Esta vez, Correa fue menos recio con su respuesta a las cinco autoridades locales. “Cómo me hubiera gustado ver una carta así respaldando al alcalde de Guayaquil (Aquiles Alvarez) frente a tanto abuso”, escribió en la red social X.

Además, calificó como un "traidor" a quien filtró la carta, pero nunca se pudo conocer si en privado hubo una respuesta de Correa hacia Aguiñaga, Pabón, Orlando, Lloret y Muñoz.

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Cambio del panorama

El 16 de noviembre de 2025, tras conocer los resultados de la consulta popular y referéndum en el que se impuso el 'No', Luisa González tuvo un respiro y fue una de las que más celebró: cantó y bailó por la derrota del gobierno.

Esa alegría duro poco, porque el 18 de noviembre en el medio digital La Posta, González arremetió contra la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. “Muchas autoridades no deberían repetir como candidatos”, dijo.

Sin dar nombres, al inicio, cuestionó que algunas autoridades locales supuestamente "bailan" con otras corrientes políticas, pero cuando algo sale bien, como la consulta popular, regresan diciendo que son Revolución Ciudadana.

De Alvarez, señaló que "llegó con los votos de la RC, pero ha dicho claramente que no pertenece al movimiento, que no asiste a nuestras convenciones y que no le gusta el trabajo orgánico”.

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Esta vez, a diferencia de otras, no contó con el apoyo de Rafael Correa quien calificó como "inoportunas" sus declaraciones y apoyó a las autoridades locales del Guayas. 

"Marcela Aguiñaga es una gran ejecutiva, una gestora, y tiene un capital político propio en Guayas. No es enemiga; es una compañera, aunque podamos discrepar", señaló.

“A Aquiles le tengo el más alto concepto. Conmigo es calidad uno, más que cualquier otra autoridad local. Hay autoridades que no me contestan el teléfono en meses; Aquiles me responde en 30 segundos. Lo considero un amigo personal y conmigo se porta muy bien”, agregó Correa.

Para muchos en RC, el expresidente Correa tendría en la mira a Alvarez como futuro candidato presidencial, dejando a González de lado para una tercera elección. 

Denuncia electoral

Por si fuera poco, el Consejo Nacional Electoral (CNE) denunció a Luisa González y a Andrés Arauz por una supuesta infracción electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Los acusa de no haber entregado toda la información de las cuentas de la campaña electoral para las elecciones adelantadas de 2023, en el que ambos conformaron en binomio del correísmo.

En caso de ser encontrados culpables del mal manejo de las cuentas de campaña, el Código de la Democracia establece multas de entre 20 y 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años.

"Los jefes de campaña y candidatos responderán solidariamente, de manera pecuniaria, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que se determine en el incumplimiento", señala la normativa.