José Cabrera: "No puedo responder por lo que hagan la Fiscalía o el Tribunal Contencioso Electoral"

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará oficialmente a las elecciones seccionales 2027, adelantadas para el 29 de noviembre, este sábado 1 de agosto. Y, debido a ello, la entidad enfrenta un escrutinio público más alto de lo usual.

Las organizaciones políticas están preocupadas por su participación y la inscripción de sus alianzas y candidatos, propios o auspiciados. Esto debido a las decisiones del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral que han sacudido el tablero e instaurado dudas entre los actores políticos.

Sin embargo, las medidas más polémicas tienen un actor común detrás del telón: la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público auspició la suspensión temporal de la Revolución Ciudadana y, posteriormente, de su auspiciante, el movimiento Amigo. Ambas ejecutadas por el TCE.

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Y ese es el principal argumento del nuevo presidente del Consejo, José Cabrera, para derivar las responsabilidades y consecuencias de esas decisiones a las entidades directamente involucradas.

Después de la sorpresiva salida de Diana Atamaint, de la presidencia y del Consejo mismo, Cabrera tomó las riendas de este proceso electoral y responde a las preguntas de PRIMICIAS sobre los retos que enfrentan las seccionales adelantadas:

Los procesos de democracia interna en las organizaciones siempre han sido muy cuestionados. ¿Cómo ve el CNE estas últimas elecciones internas de los partidos y movimientos?

En cada proceso vamos viendo cosas que pueden mejorarse en bien de la democracia. En lo personal, pensaría que las organizaciones políticas que no hicieron primarias, no podrían hacer alianzas, pero la Ley lo permite. Eso es un ejemplo de lo que yo pienso que se debe reformar.

También deberían solo poder inscribirse los precandidatos elegidos en esos procesos y que sólo en ciertos casos fortuitos se puedan cambiar.  Pero la Ley permite que renuncien hasta el día de las mismas inscripciones, lo que permite que se los cambie con otras opciones.

Claro, los precandidatos nacidos de esos procesos no siempre terminan siendo los definitivos...

Por eso hay que aclarar a la ciudadanía que todavía tenemos precandidatos y pueden renunciar, incluso en el caso de las alianzas. Solo una vez que han cumplido todos los requisitos y no han tenido problemas con las prohibiciones, pasan a ser candidatos y, en ese caso, ya no pueden renunciar.

Hay dos o tres motivos por los que, podrían ser cambiados, aunque espero que no pase: fallecimiento, problemas mentales, problemas físicos de salud. Entonces sí podrían renunciar o cambiar el candidato.

Es obligatorio que los precandidatos que salieron de democracia interna hayan renunciado antes de inscribirse por otra organización o de ser reemplazados. Y ahí sí vamos a ser estrictos, incluso en comparar las firmas con nuestros grafólogos. 

¿Cómo se está preparando el CNE para el periodo de inscripción de candidaturas? ¿Cómo garantizarán que no haya problemas con el sistema, especialmente si hay un gran flujo de inscripciones al límite del plazo?

En todos estos procesos electorales, ponemos a disposición de las organizaciones políticas y de los candidatos, en todas las delegaciones provinciales y también aquí en la matriz, los equipos informáticos y los técnicos para que les puedan ayudar a inscribirse. En este caso, desde el día 2 de agosto. 

Lamentablemente, dejan al último día, a última hora. Pero que yo recuerde no ha habido ningún problema con los sistemas  informáticos para procesar la inscripción de las candidaturas. Nosotros podemos responder por nuestros equipos, por nuestra red, aquí dentro. 

Si desde sus oficinas o desde sus domicilios no tienen el suficiente ancho de banda y no pueden enviar sus documentos, eso no es responsabilidad del Consejo Electoral. Igualmente,  hay una hora en la que se cerrará el sistema informático. Entonces, si no han completado los documentos, eso es responsabilidad de las organizaciones políticas.

Las organizaciones políticas también han expresado su preocupación por las recientes suspensiones de dos agrupaciones nacionales y el retiro de derechos políticos de figuras de la oposición, que ya no podrán terciar por la reelección. ¿Puede el CNE garantizar el derecho constitucional a la participación política en este contexto?

Nosotros, en nuestro ámbito, no recuerdo que hayamos intervenido en el tema de suspensiones. Cada institución tiene su responsabilidad. Nosotros tenemos la nuestra.

Las suspensiones de las dos organizaciones políticas nacieron de la Fiscalía, que lo pidió al Tribunal Contencioso Electoral y este (organismo) decidió suspenderlas. 

Y, según lo que está en la Ley, las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral son de obligatorio e inmediato cumplimiento.  Nosotros no podemos entrar a discutir con el TCE si lo hizo bien o si lo hizo mal.  La organización política es la que tiene que reclamar, pedir aclaración, o lo que sea. 

De todas formas, el TCE ordenó la suspensión temporal del registro permanente de organizaciones políticas después de que se cerrara el listado de las agrupaciones habilitadas para participar en las seccionales. Se trata de contextos distintos.

Nosotros publicamos las organizaciones políticas que están habilitadas para participar y las que están registradas en el padrón de organizaciones políticas. En este caso, en el padrón sí siguen constando las dos organizaciones suspendidas. Son 235 organizaciones registradas. 

Pero las organizaciones políticas que están habilitadas son 233. ¿Por qué? Porque dos no están habilitadas por sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, no se les ha eliminado del registro electoral. Esa es la diferencia.

Eso quiere decir que, aunque hayan sido registradas y habilitadas para participar en las seccionales de noviembre, la Fiscalía puede pedir la suspensión temporal de otras agrupaciones en cualquier momento y dejarlas fuera de la contienda.

Eso está fuera de nuestro ámbito. No puedo responder por lo que haga la Fiscalía o lo que haga el Tribunal Contencioso Electoral. Yo respondo como presidente del Consejo Electoral por las acciones de esta institución.

¿Qué pasaría si llega una de estas suspensiones cuando los candidatos ya estén inscritos y sus postulaciones sean legalmente irrenunciables?

Ya es irrenunciable; además, recuerde que una vez que el candidato está registrado como tal, tiene inmunidad. Eso está en el Código de la Democracia.

¿Aunque se quede sin partido o movimiento?

(Silencio)

Lo que sí es responsabilidad del CNE son los procesos de infracciones electorales abiertos contra ciertas organizaciones. La última fue Pachakutik, quienes argumentan que se trata de un amedrentamiento. ¿Por qué no hacerlo después de las elecciones?

La Ley da dos años para que el Consejo Nacional Electoral haga la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral de las organizaciones políticas que no han cumplido con informar de sus gastos y temas económicos.

Hay una fecha que, si no me equivoco, se vencía aproximadamente el 20 de julio. Y si yo dejaba pasar esa fecha y denunciaba después, el Contencioso me decía: "Ya es extemporánea su denuncia y esto se archiva". Y ahí vienen sanciones a la institución por no enviar dentro del plazo.

Si en esos dos años la organización política, cualquiera que sea, no ha cumplido, tengo que denunciar y no puedo esperar a que pase el proceso electoral porque se pasa la fecha.

En el caso de esta organización política, no abrió la cuenta bancaria única electoral para la consulta popular de 2024. Entonces, ¿con qué estados de cuenta y cómo nos justifica los gastos? 

Otra decisión del CNE, la más polémica, fue el adelanto de las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de 2026. Lo que generó mucho ruido sobre una supuesta conveniencia para una organización política específica...

En procesos anteriores, especialmente de seccionales, por los recursos a los que tienen derecho las organizaciones políticas y los candidatos, hemos estado al límite con la fecha de posesión y sin que esté resuelto qué candidato debía asumir el cargo. 

Entonces, ¿qué pasa si es que hay una información que nos dice: en esos meses va a existir un Súper Niño y hay cantones, parroquias o provincias en las que no se puede hacer las elecciones? La Ley es clara: se puede suspender ese día y realizar otro día, por temas de fuerza mayor.  Por esa razón yo acepté que sea el 29 de noviembre.

Tengo ahí un colchón, porque si pasa algo el 29 de noviembre y se suspenden las elecciones en cantones, parroquias, provincias, tengo tiempo para volver a hacerlas un mes o hasta dos meses después.

Ahora esos mismos pronósticos apuntan a que El Niño reforzado llegaría antes, entre octubre y diciembre...

Se ha pedido a todas las delegaciones provinciales que nos informen mensualmente cualquier novedad referida al clima. Se está trabajando incluso con los organismos que se encargan de este tema (Ministerio de Educación, CNT, Fuerzas Armadas, Policía Nacional). Conforme vaya acercándose el proceso, ya no serán mensuales, sino quincenales, posiblemente cada ocho días y, por último, diario.

Tenemos que ir trabajando y viendo los planes de contingencia, en qué sitio se puede dar o no se puede dar una emergencia. Incluso la noche anterior, en procesos anteriores se han inundado recintos. Ahora sabemos que es más complicado.

¿Desde cuándo el CNE empezará a controlar y monitorear la campaña electoral anticipada de los candidatos que buscan la reelección o de aquellos que participan en eventos del Ejecutivo?

Todavía no tenemos candidatos. Tenemos precandidatos, que no sabemos si van a ser candidatos o no. Sin embargo, se estará monitoreando en las diferentes provincias para, el momento en que sean candidatos, tomar en cuenta estos actos como límite del gasto electoral. 

Por otro lado, ¿quién controla los temas de recursos económicos del Estado? Es la Contraloría General del Estado.

¿Por ejemplo, si Giovanna Ubidia es oficialmente inscrita como candidata de ADN a la Alcaldía de Quito, podría haber una repercusión por su participación actual en eventos del Gobierno?

Se iría tomando en cuenta si ha hecho eventos, y no solo la señora, cualquier precandidato, para el límite del gasto electoral, que si se sobrepasa, también tiene que ser informado el Tribunal Contencioso Electoral para que tome las sanciones que correspondan.

En medio de todo este escenario, hay un pendiente todavía: la posible consulta popular sobre las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Hasta cuándo podría la Presidencia emitir ese Decreto para que coincida con las elecciones del 29 de noviembre?

La ley dice que, en cuanto llegue el Decreto Ejecutivo, tenemos 15 días para convocar y 60 para ejecutar. Entonces, según mis cálculos, aproximadamente hasta el 15 de septiembre. Caso contrario sería otro proceso posterior.