Fiscalía anuncia investigaciones por presuntas amenazas de muerte contra el juez del TCE, Joaquín Viteri
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) denunció que el juez electoral Joaquín Viteri Llanga está recibiendo amenazas de muerte. Fiscalía realizará las investigaciones.

El juez del TCE, Joaquín Viteri (centro) lleva algunos de los casos que involucran a la Revolución Ciudadana.
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TCE.
Autor:
Redacción Primicias
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Luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) denunció presuntas amenazas de muerte contra el juez electoral Joaquín Viteri Llanga, la Fiscalía General del Estado informó este 30 de mayo de 2026 que ha dispuesto el inicio de investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables.
En un comunicado emitido la noche del 29 de mayo de 2026, el TCE había rechazado las amenazas dirigidas que habría recibido el magistrado "por el ejercicio de su cargo y el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales" y advirtió que buscan interferir en el normal desarrollo de la administración de justicia electoral.
La institución además señaló que adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de Viteri, así como la continuidad de sus funciones, y llamó a las instituciones del Estado a respaldar la independencia judicial.
Según el TCE, "Estas amenazas, provenientes de grupos delictivos, constituyen un acto de intimidación inadmisible contra la administración de justicia electoral".
Por su parte, la Fiscalía dijo que "ningún delito quedará en la impunidad y reafirma su compromiso de combatir a las estructuras delictivas que pretendan amedrentar, atacar o interferir en la labor de quienes forman parte del sistema de justicia del país".
¿Qué casos ha llevado este juez?
Viteri ha estado al frente de varias decisiones polémicas. Entre ellas figuran la suspensión del movimiento correísta Revolución Ciudadana por el denominado caso Caja Chica y el de los derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora.
Asimismo, en 2024 respaldó el falló que terminó con la descalificación de la candidatura presidencial de Jan Topic y, un año después, resolvió la suspensión de los derechos políticos de la entonces vicepresidenta Verónica Abad.
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