Un campo de batalla: políticos y crimen organizado asfixian a la Función Judicial

La Función Judicial de Ecuador está en crisis, en parte, por las presiones políticas. Esa es la conclusión más clara del informe 'La independencia judicial como elemento indispensable para la garantía de derechos', presentado recientemente por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD). 

En sus páginas, el documento evidencia una crisis institucional que ha causado problemas en el Estado de derecho, ya que ha convertido a la Judicatura en un campo de batalla donde conviven las presiones políticas, la debilidad administrativa y, de manera cada vez más alarmante, las amenazas directas del crimen organizado.

Como parte del reporte, la FCD mostró cómo, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), Ecuador se ha desplomado al puesto 99 entre 143 países, marcando su peor ubicación en los últimos años.

Esta caída, según el análisis del Informe, revela un deterioro sistemático. Por ejemplo, la justicia penal pasó del puesto 77 en 2015 al 127 en 2025, mientras que la justicia civil retrocedió del puesto 77 en 2020 al 108. 

A escala regional, asimismo, el país ocupa el escalón 23 de 32 en América Latina y el Caribe. Esto se complementa con las cifras del Latinobarómetro citadas en el texto: apenas el 18% de los ecuatorianos confía en su sistema de justicia. 

A la par, el índice Freedom in the World 2025 corrobora esta radiografía, otorgando a la independencia del poder judicial ecuatoriano un 2 sobre 4, señalando explícitamente la infiltración de la corrupción y la influencia del narcotráfico.

Los casos de la crisis

El Informe de la FCD recopila nombres, rostros y episodios para dimensionar la gravedad del problema. El documento subraya el punto de inflexión que supuso el denominado Caso Metástasis, a finales de 2023, que destapó una profunda infiltración al revelar presuntos vínculos entre redes de narcotráfico y decenas de funcionarios judiciales, incluyendo al entonces presidente del Consejo de la Judicatura: Wilman Terán. 

Además de Terán, en ese caso fueron sentenciados seis abogados, tres funcionarios judiciales administrativos, siete jueces y dos fiscales. Todos formaron parte de una estructura para beneficiar judicialmente al narcotraficante Leandro Norero.

A esta cooptación institucional, según el documento, se suma la violencia frontal. Desde 2020, el Observatorio de Derechos y Justicia ha documentado 40 incidentes violentos, abarcando asesinatos y ataques directos contra operadores de justicia encargados de enfrentar al crimen organizado. 

La investigación cita ejemplos como el del juez anticorrupción Carlos Serrano, forzado a abandonar el país sin recibir seguridad tras sentenciar y ser amenazado por un narcotraficante serbio. O el de Samantha Lozada, en Orellana, que evidencian de forma dramática, dice el documento, la incapacidad del propio Consejo de la Judicatura para salvaguardar la vida y el trabajo de sus funcionarios.

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Las presiones políticas

Pero las balas y los sobornos no son las únicas formas de coacción. Según FCD, el poder político también ejerce su peso. El informe recuerda el complejo episodio de agosto de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa calificó públicamente a la Corte Constitucional como "enemiga del pueblo".

Esto tras fallos contrarios a sus leyes urgentes, un pronunciamiento que las relatorías de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretaron como una severa campaña de estigmatización.

La FCD considera que la dependencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la conformación del Consejo de la Judicatura (CJ), principalmente, ha convertido la administración de justicia en un "botín de mayorías coyunturales". 

Y esa politización ya tiene consecuencias: debido a la parálisis y la corrupción en los concursos organizados por el CJ, la FCD alerta que para 2027 la Corte Nacional de Justicia corre el riesgo de operar con apenas 4 de los 21 jueces titulares que deberían integrarla.

Frente a este panorama, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo concluye que la independencia judicial no puede seguir siendo vista como un simple privilegio corporativo de los magistrados, sino como la garantía material más básica para proteger los derechos ciudadanos y controlar los abusos del poder. 

La organización propone que la sociedad civil asuma una agenda estructurada en cinco ejes fundamentales: monitoreo técnico, litigio estratégico para llevar las vulneraciones estructurales ante los tribunales, impulsar reformas legislativas, construir una narrativa pública que le explique al ciudadano común por qué le afecta tener jueces sometidos y consolidar redes de apoyo que protejan a los operadores de justicia.