La Judicatura 'sobrevive' con un déficit de USD 205 millones, aunque no gasta todo el dinero asignado

La situación económica de la justicia ecuatoriana es paradójica. Por un lado, el Consejo de la Judicatura (CJ) denuncia que año a año, desde 2020, ha tenido insuficientes asignaciones presupuestarias. Lo que lo ha llevado a tener un déficit acumulado de USD 205,5 millones.

Sin embargo, según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, en estos mismos seis años, el CJ no ha gastado todo el dinero asignado. En este lapso, el organismo reportó que no utilizó USD 39,6 millones.

El 21 de julio de 2025, el Pleno de la Judicatura aprobó la Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025–2028 del Consejo de la Judicatura.

La aprobación de esta planificación económica a mitad de año se debe a que, actualmente, el Gobierno está usando una proforma prorrogada, es decir, un presupuesto igual al que se aprobó en 2024. Ahora, con este documento aprobado, el Ministerio de Finanzas incluirá nuevos gastos para que en agosto, la Asamblea apruebe un presupuesto 2025 actualizado.

En el documento, el CJ explica que la situación económica de la justicia es "crítica", debido a una asignación presupuestaria insuficiente. En 2020, el organismo necesitaba USD 355 millones para funcionar, mientras que para 2025, la cifra se estima que suba en un 55,9%, a USD 553,6 millones.

Pero, pese a que la necesidad se ha incrementado, las asignaciones presupuestarias más bien se han reducido. En 2020, el Gobierno entregó a la Judicatura USD 350,2 millones y para 2025, el presupuesto será de USD 348,1 millones. Es decir, un 0,6% menos. 

Y esta no ha sido la mayor reducción. En 2022, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, la asignación para la judicatura fue de USD 334,5 millones, 4,5% menos con relación a 2020.

No hay dinero para más jueces

Según la argumentación de la Judicatura, en los últimos cinco años, el 93% del presupuesto se ha destinado al pago de los servidores judiciales, que suman 10.444, entre el CJ y la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Solo el 7% restante era utilizado para otro tipo de gastos logísticos y operacionales, entre los que se incluye a los servicios básicos, arriendos, seguros, impuestos, entre otros.

Esto no cambiará para 2025, ya que -según el techo presupuestario impuesto por el Ministerio de Finanzas- el dinero no alcanzará para contratar a los 758 nuevos jueces que hacen falta para que la Función Judicial opere al 100%. 

Otra preocupación de la Judicatura, es que el 65% de la infraestructura judicial está en estado crítico. Y esto se suma a que solo 63,5% de las judicaturas funcionan en inmuebles propios, el resto son arrendados.

No se gasta todo

Cada año, según los datos del Ministerio de Finanzas, el Consejo de la Judicatura ejecuta un porcentaje alto de su presupuesto asignado, con niveles de devengación superiores al 96%. Esto refleja una capacidad general para comprometer la mayor parte de los recursos disponibles. 

Sin embargo, esta eficiencia no es total.

En el período 2020–2024 ha quedado un remanente acumulado de USD 39,6 millones sin ejecutar. Este dinero corresponde a fondos codificados pero no devengados, es decir, recursos aprobados legalmente que no llegaron a usarse en contrataciones, servicios o compras.

La falta de ejecución total puede deberse a múltiples factores: procesos burocráticos, demoras en contratación pública, subestimación de tiempos o problemas estructurales de planificación. También influye la rigidez en los techos presupuestarios impuestos por el Ministerio de  Finanzas, que a veces condiciona el ritmo de gasto.