La Judicatura se volvió el epicentro de la politización y deterioro de la justicia, el último capítulo lo protagonizó Mario Godoy
Los escándalos que golpean al Consejo de la Judicatura, las acusaciones contra sus miembros y las redes de corrupción que se han destapado, evidencian que la politización de la administración de justicia es una constante en Ecuador.
El 15 de enero de 2026 el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, acudió a la Asamblea Nacional para rendir cuentas de su gestión.
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Asamblea Nacional.
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Una a una las administraciones del Consejo de la Judicatura han conseguido superar en escándalos y cuestionamientos a sus predecesores. Las acusaciones contra Mario Godoy marcaron un nuevo capítulo, pese a que renunció antes de que su enjuiciamiento político se resuelva.
Casi 15 años después de la última reestructuración judicial, que dio paso a un Consejo de la Judicatura de transición, esta entidad sigue sin cumplir con su obligación legal de garantizar el gobierno, la administración, la vigilancia y la disciplina de la Función Judicial.
Sin embargo, esto no es una novedad, la administración de justicia en Ecuador siempre ha tenido problemas y grupos de poder pugnando por controlarla. Previamente los principales interesados eran los partidos políticos, ahora en el tablero está también el crimen organizado.
Aunque todos los gobiernos y presidentes de la Judicatura han prometido defender la justicia y mejorarla, en la práctica esto no ha sucedido. Los jueces han sido abandonados en un sistema que sucumbe a las presiones de turno, sin recursos y un Estado que no logra garantizar su seguridad.
Pero, ¿cuáles son los problemas del controversial Consejo de la Judicatura? Para este análisis, PRIMICIAS conversó con el catedrático Efrén Guerrero Salgado, abogado y doctor en Gobierno y Políticas Públicas , sobre las raíces de esta crisis judicial.
Según el experto, son varios los factores que han permitido que el Consejo se convierta en un espacio de conflicto para el sistema judicial, en lugar de ser un ente administrativo, como estaba previsto en el papel. En específico hay tres variables que se deben considerar:
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El diseño de la Judicatura
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Se trata de un organismo administrativo que se encarga de que hayan jueces, que estos jueces tengan las condiciones para trabajar, que los juzgados funcionen y que tengan seguridad. Pero esto no ha pasado, lamenta Guerrero, y señala la baja importante en la velocidad y efectividad de los procesos.
El problema de diseño está en su conformación, con cinco representantes escogidos de ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional, el Fiscal General, el Defensor Público, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
Además, mantiene una fragilidad frente al Legislativo, como los funcionarios de la Judicatura pueden ser susceptibles de enjuiciamiento político, por lo que la Judicatura nunca es completamente independiente. Si chocan con la mayoría legislativa, va a existir una amenaza latente, dice Guerrero.
A todo esto se suma el problema de origen: el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), deslegitimado también por su alta politización y polémicos concursos de autoridades de control que terminan también dirigidos por presiones externas. Justo por esto no existe un organismo técnico autónomo que evalúe a los evaluadores, controle los criterios disciplinarios y despolitice los concursos.
Cuando el Consejo de la Judicatura entra en funciones se forman bloques internos (tres versus dos), se generan lineamientos institucionales, una amplificación de cualquier conflicto y se activan lógicas de supervivencia política. Eso hace que deje de ser un organismo técnico y se convierte en un actor político más, resumen Guerrero.
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La administración y gestión
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La Judicatura tiene una serie de competencias que pueden darle grandes capacidades de intrusión política y corrupción, expresa Guerrero y recuerda el caso de Wilman Terán, expresidente del organismo condenado a 18 años de prisión por liderar una red de corrupción dentro del sistema.
Es un organismo que puede generar conflictos de interés, porque sus funcionarios controlan quién es el juez de qué, explica el jurista, y pueden provocar movimientos de jueces dentro del sistema. Esto hace que los jueces no sean dueños de sus expedientes y sus casos, sino que sean empleados del Consejo.
Para Guerrero se trata simplemente de un problema de ejercicio del poder.
La Judicatura maneja el presupuesto, selecciona jueces, los evalúa y sanciona, define la política judicial, administra la carrera y toma decisiones por mayoría simple. "Esto genera una realidad estructural: tres personas con intereses políticos pueden afectar la estabilidad de cientos de jueces".
Ese control disciplinario hace que el órgano administrativo termine siendo percibido como un organismo de presión. "Un juez sabe que puede ser evaluado, suspendido, sancionado o no ascender, aunque actúe correctamente. Esto genera autocontención judicial, decisiones del tipo "no me voy a meter" o evitar casos sensibles", dice Guerrero.
El Consejo debería modernizar, planificar y mejorar la gestión, pero en el fondo termina defendiéndose de crisis, respondiendo a escándalos y gestionando conflictos políticos, la política judicial queda relegada, lamenta el experto.
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La corrupción endémica
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"El sistema diseñado como está en la Constitución de Montecristi viene con incentivos políticos incorporados, va a funcionar cuando tienes grandes coaliciones políticas". Pero, advierte Guerrero, en Ecuador tenemos partidos 'taxi', líderes carismáticos, que cada que 'resetean' todo y generan este tipo de cosas.
Esto, explica, se trata de corrupción, porque hay interferencia en los casos, manipulación, "incluso con personas probas el sistema genera incentivos de supervivencia política, necesidad de lineamientos estratégicos, presión directa e indirecta sobre los jueces, uso político del juicio político". Se trata de un problema estructural, no solo moral, afirma el jurista.
Es decir, el intento de despolitizar la justicia y crear un sistema administrativo independiende fracasó. "Pasamos de un sistema corporativista judicial, que escondía los niveles de corrupción, a una irrupción e interacción político administrativa total", advierte Guerrero.
Además, el jurista lamenta que Ecuador es un país donde las élites no tienen incentivos para jugar limpio, por lo que todos van por la trampa. A todo esto se sumó otro actor con poder económico y de fuerza: el crimen organizado, que ha coptado a buena parte de los operadores de justicia.
La ausencia de la voluntad política de las autoridades de turno se evidencia en tres elementos inexistentes: decisión sostenida en el tiempo, asignación real de recursos suficientes y aceptación de los costos políticos. Lo que sí existe, señala Guerrero, son gobiernos que buscan resultados rápidos, narrativas de mano dura y control de relato.
La propuesta
El especialista consultado por PRIMICIAS, Efrén Guerrero, considera que "no todo está por perdido en el sistema judicial". Ppropone reducir los niveles de politización, fragmentando funciones y separar el organismo de administración del de concursos y del disciplinario.
A esto debería sumarse una reforma que exija votaciones de mayoría calificada para la toma de decisiones, profesionalizar a los funcionarios con carreras administrativas autónomas. E incluso, el jurista, habla de que en otros países los órganos judiciales son compuestos por jueces electos por sus pares, sin una participación del Ejecutivo ni del Legislativo, para reducir la politización.
Guerrero afirma que todavía hay opciones para empezar a recuperar el sistema judicial. Entre ellas plantea que la Judicatura genere protocolos reales de protección, en coordinación con el bloque de seguridad del Ejecutivo; garantizar traslados y seguridad de jueces y fiscales; buenos sueldos; controles cruzados. "Evitar represalias administrativas a los jueces que tratan los casos sensibles, y que ya sufren presiones políticas, como las amenazas del Ejecutivo a la jueza del caso las Malvinas".
Si los jueces tenem al crimen organizado y al órgano administrativo (Judicatura) al mismo tiempo, el sistema de justicia colapsa.
Efrén Guerrero Salgado
El catedrático afirma que se debe fortalecer a las unidades especializadas, debido a la profesionalización técnica también del crimen organizado, capacitar en técnicas de investigación y análisis jurídico de lavado y redes transnacionales y priorizar concursos en materia penal compleja. A la vez que los procesos de disciplina administrativa deben ser técnicos, públicos, motivados y no parecer represalia.
Finalmente, Guerrero señala la necesidad de movilizar recursos de manera estratégica y gestión eficiente en las provincias más afectadas, como Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Manabí. "El Consejo de la Judicatura no puede derrotar al narcotráfico, pero sí puede evitar que el narco derrote a la justicia desde adentro".
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