Jueces de Pichincha respaldan al tribunal que revocó prisión preventiva de los hermanos Alvarez en el caso Goleada

Luego de que tres jueces de un tribunal anticorrupción fueron denunciados por presunto prevaricato, la Asociación de Jueces y Magistrados de Ecuador, núcleo Pichincha, cerró filas en torno a los funcionarios y les expresó su apoyo público en un comunicado, este 10 de abril de 2026. 

"Las juezas y jueces de Ecuador ejercemos nuestras funciones con sujeción exclusiva a la Constitución, la ley y las garantías del debido proceso, siendo nuestro deber resolver con base en los hechos y el derecho, libres de cualquier tipo de injerencia externa e interna", indicó el comunicado de la Asociación. 

El documento se presentó tras la denuncia ante la Fiscalía en contra de los jueces Silvana Velasco, Wiler Choez y Byron Uzcátegui, quienes dispusieron la revocatoria de orden de prisión para los procesados del caso Goleada, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. 

"Es en el marco de la audiencia donde las partes procesales deben presentar, de manera técnica y jurídica, sus elementos de cargo y descargo, siendo este el espacio legítimo para el debate probatorio dentro del proceso", agregó el gremio de jueces sobre lo actuado en dicha audiencia para revisar la apelación a la prisión preventiva de los hermanos Alvarez. 

Tras lo resuelto por el tribunal, dos de los hermanos Alvarez, y también directivos de Barcelona SC, salieron de la cárcel del Encuentro, y recibieron medidas sustitutivas mientras duran las investigaciones del caso Goleada.

En este proceso, la Fiscalía investiga una presunta trama de delincuencia organizada con fines de lavados de activos y defraudación tributaria, y en la que habría participado Aquiles Alvarez. 

Pero la decisión del tribunal fue cuestionada en una denuncia por parte de Daniel Frías Toral, un polémico excandidato a Defensor Público, quien pide sanciones para los jueces que liberaron a los hermanos Alvarez en el caso Goleada. 

Según argumentó Frías, los magistrados se habrían extralimitado de sus funciones, ya que la audiencia debía centrarse únicamente en la medida de libertad, mientras que la determinación del delito corresponde a la Fiscalía.

Ante esto, la Asociación de Jueces añadió: "Advertimos que la mediatización de los casos judiciales puede vulnerar el principio de independencia judicial externa".