'Ley Antipillos' archivada advierte nueva pugna entre la Asamblea y el Gobierno

El Gobierno de Daniel Noboa explora varios caminos para que la 'Ley Antipillos' entre en vigencia, pese a que una mayoría en la Asamblea Nacional la negó y envío al archivo, sin que pase siquiera el primer debate.

"Esto no ha muerto, esta discusión no está muerta", dijo este 28 de noviembre el ministro de Gobierno, José De La Gasca, dando a entender que el Ejecutivo dará pelea por el proyecto de Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, el nombre original de la norma.

Para esto, desde el Gobierno analizan varias opciones y la alternativa que gana fuerza es que, una vez cumplido el plazo de 30 días para el tratamiento y aprobación de leyes económicas urgentes, Noboa lo ingrese por el Ministerio de la Ley, para ser publicada en el Registro Oficial.

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Para De La Gasca es factible, porque la Asamblea habría cometido una inconstitucionalidad al aprobar la moción de negación y archivo del proyecto antes del tiempo que establece la Ley de la Función Legislativa, sin haber llegado a segundo debate.

Recién en este momento, en el segundo debate, la Asamblea Nacional podía negar, modificar, aprobar o archivar el proyecto, según la interpretación del Ejecutivo.

"Me gusta esa idea (que pase por el Ministerio de la Ley), se piensan muchas cosas. Soy un hombre que piensa varias alternativas antes de sugerir soluciones", aseguró De La Gasca en el espacio de entrevistas A Primera Hora.

La Asamblea advierte 

En un comunicado, la Asamblea informó este jueves, 28 de noviembre de 2024, que notificó al Ejecutivo y al Registro Oficial que el Pleno "negó y archivó" este proyecto urgente en materia económica.

Adujo que la resolución se basó en el artículo 140 de la Constitución, el cual determina que: "El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos..."; y, el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece: "El Pleno, con mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de ley".

De esta forma, la Legislatura remarcó que el tratamiento constitucional de este proyecto concluyó, "por lo que no podría ser promulgado como decreto-ley, ni tampoco publicado en el Registro Oficial".

"En caso de que cualquier entidad o funcionario público disponga lo contrario a lo señalado, incurriría en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, de acuerdo con el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal", advirtió.

En la Asamblea Nacional, las bancadas que votaron a favor del archivo de la propuesta, Revolución Ciudadana, Construye y Partido Social Cristiano (PSC), defienden su decisión y rechazan las declaraciones del ministro De La Gasca.

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"Qué pena que el ministro no haya hecho una lectura básica de la Constitución y el debido procedimiento para que una ley pase por el Ministerio de la Ley", dijo la legisladora Jahaira Urresta de Revolución Ciudadana.

La asambleísta agregó que incluso la Corte Constitucional no puede hacer nada ante la decisión de negar y archivar el proyecto de ley, porque fue tomada por la primera función del Estado.

Paúl Buestán considera que, una vez que la Asamblea se pronunció por el archivo, la norma quedó en el congelador, aunque reconoce que existe un vacío legal para analizar a profundidad.

Rechazó además el discurso gubernamental, que señala como cómplices y encubridores del crimen organizado a las organizaciones políticas que votaron por el archivo.

"Se quiere hacer creer a la ciudadanía que estamos en contra del pueblo. Esas cosas se tienen que terminar".

Paúl Buestán, movimiento Construye

El legislador opositor sostiene que no se ha violado la Constitución o la Ley de la Función Legislativa, porque, al tratarse la ley bajo un procedimiento ordinario, se puede archivar en primer debate.