Unicef rechaza ley de Integridad Pública que permite juzgar a menores como adultos en Ecuador

La Ley de Integridad Pública -un proyecto catalogado de económico urgente, pero que incluye reformas penales-, ya genera sus primeras reacciones, tras su aprobación con 84 votos en la Asamblea Nacional este martes, 24 de junio de 2025.

El hecho de que en la propuesta, que fue presentada el 27 de mayo por el presidente Daniel Noboa, se incorporara un texto para que menores de edad sean juzgados como adultos, en caso de delitos graves, genera preocupación en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

"Ante la aprobación de la Ley de Integridad Pública, UNICEF manifiesta su preocupación por la incorporación de reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes", indicó este organismo internacional en un comunicado.

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Durante el debate, la ponente del proyecto y asambleísta del oficialismo, Valentina Centeno, adujo que el objetivo “es evitar que la juventud sea utilizada como esa carne de cañón de los grupos de delincuencia organizada" en el país.

Sin  embargo, UNICEF enfatizó en que "este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Ecuador. Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes".

El organismo internacional instó "a que las autoridades del Estado garanticen de manera efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes".

"Aberración jurídica", según el correísmo

Fue el asambleísta Andrés Castillo (ADN) quien propuso incluir este texto y otros cambios en la ley económica urgente de la Asamblea, un procedimiento tachado por el correísmo de "una aberración legislativa y una afrenta al Estado de derecho".

La Revolución Ciudadana votó en contra de este proyecto de Ley, al considerar que "hoy la Asamblea Nacional ha cruzado una nueva línea de ilegalidad". 

"Con la excusa de un proyecto 'económico urgente', se ha aprobado una ley que reforma 19 cuerpos normativos distintos, desde el Código Penal hasta la Ley de Tránsito, violando la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el sentido común", señaló la agrupación política en un comunicado.

"Eliminaron de un plumazo los derechos laborales conquistados hace años, la estabilidad de funcionarios de carrera, el derecho internacional y convenciones de las que Ecuador es país firmante".

Comunicado de la Revolución Ciudadana

La bancada incluso apeló la presidencia de la Asamblea al oficialista Niels Olsen, por este motivo, pero no prosperó.

Inicialmente enfocada en reformas al sistema de contratación pública, la ley terminó incluyendo cambios más amplios, entre esos, disposiciones sobre el nombramiento de jueces y la posibilidad de declarar en emergencia el sistema judicial.

“Esta ley plantea que con esta declaratoria de emergencia de la Función Judicial se pueden hacer procesos expeditos de ingreso a la carrera judicial, si porque en este país queremos más jueces limpios y menos jueces corruptos”, mencionó Centeno.

La normativa también contempla evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.

Otro sector disconforme con este proyecto de Ley son las cooperativas, que en un comunicado rechazaron una disposición para ser consideradas como bancos privados, en algunos casos.

La última palabra la tiene el presidente Daniel Noboa, quien dispone de 30 días de plazo para presentar sus objeciones al texto o disponer su publicación en el Registro Oficial.