Asamblea debate ley económica urgente que incluye polémico cambio para juzgar a menores infractores

A tres semanas de que el presidente Daniel Noboa remitiera a la Asamblea este proyecto de ley con el carácter de económico urgente, el Pleno de esta Función del Estado se instaló este lunes, 16 de junio de 2025, para tramitar en primer debate la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública.

Según el oficialismo, esta iniciativa tiene como objetivo erradicar la corrupción en el sistema de compras públicas, asegurar la eficiencia de servicios públicos y evaluación del talento humano.

Además de reformas en compras públicas, el texto abarca la propuesta de juzgar como adultos a los adolescentes infractores, hasta sanciones por prevaricato a fiscales y abogados. 

• Nueva ley enviada a la Asamblea reforma modelo de gestión de áreas protegidas y las razones para concesionarlas

El Pleno se instaló con 143 de los 151 asambleístas presentes en el hemiciclo. Antes de que arrancara el debate, el correísmo pidió un minuto de silencio y un homenaje póstumo por la muerte de Eduardo Miño Naranjo, parte del reconocido dúo musical ecuatoriano.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), defendió los ajustes en este proyecto de ley y resaltó que se trata de la segunda ley económica urgente impulsada por Noboa, en lo que va de su segundo mandato, detrás de la Ley de Solidaridad Nacional contra las economías criminales.

“Creo que debemos recuperar el orden, la institucionalidad, la disciplina y el respeto a la ley en el Ecuador a todos los niveles. Y es por eso que hemos incluido en este proyecto de Ley de Integridad Pública una disposición para que, en los delitos graves, en los delitos de más de 10 años de pena, los menores de edad sean sancionados de conformidad con el Código Penal, es decir, como adultos”, dijo.

Centeno enfatizó que el objetivo “es evitar que la juventud sea utilizada como esa carne de cañón de los grupos de delincuencia organizada y al final del día protegerlos, impidiendo que sigan siendo reclutados por estas bandas que generan terror”.

"En 2024 se capturaron, se detuvieron a 2.777 menores de edad por delitos de todo tipo; ya no solo son delitos de robo, de tenencia de armas o de tráfico de sustancias, ahora hablamos de delitos graves, de extorsión, de secuestro, de terrorismo, sicariato, de asesinato y de crimen organizado”.

Valentina Centeno, asambleísta ADN

“Es lamentable ver cómo crece cada vez más la participación y el reclutamiento de nuestros jóvenes en estas maquinarias violentas y fraudulentas, y cómo no si les ofrecen de USD 2000 a USD 3000 mensuales, les ofrecen vehículos, motocicletas, ropa, incluso, les ofrecen terrenos o casas como parte de pago bonificaciones por estos trabajos especiales”, añadió Centeno en su ponencia en el Pleno.

Centeno acotó que, para combatir la violencia y la corrupción, el proyecto de ley incorpora un nuevo delito de prevaricato. Este ya no aplicará solo a jueces, sino también a fiscales y abogados que incumplan su deber de actuar con objetividad y conforme a la ley. Señaló que quienes reciban una sentencia firme por este delito no podrán volver a ejercer la abogacía.

A su turno, los asambleístas del oficialismo Andrés Gushmer y Fernando Jaramillo aludieron a las denuncias de irregularidades en los contratos para el proyecto de la Refinería del Pacífico o la ruta Collas, durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa. De allí que señalaron que este proyecto de Ley es clave para evitar que esto se repita.

"Falta unidad de materia"

Viviana Veloz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, mencionó que la corrupción se ha enquistado en distintas instituciones del Estado. Citó como ejemplo al Ministerio de Salud Pública, donde este problema impide la correcta adquisición de medicinas e insumos médicos, afectando directamente a los pacientes, según dijo.

También señaló que existen casos similares en varias prefecturas y municipios del país, y enfatizó que esta corrupción debe ser erradicada de raíz.

La legisladora indicó además que estas malas prácticas, "heredadas desde el gobierno de Lenín Moreno", deben enfrentarse con una visión sistémica y coherente, "y no con soluciones parciales ni improvisadas".

Veloz recalcó que la eficiencia en la gestión del Estado requiere estar acompañada de una rigurosa técnica legislativa, que evite la fragmentación y la desnaturalización de los proyectos de ley considerados urgentes en materia económica.

Advirtió que, de no hacerlo así, estos podrían ser declarados inconstitucionales en el futuro por la Corte Constitucional, debido a la falta de unidad de materia y conexidad.

"Se están aprobando proyectos de ley, calificados como urgencia en materia económica, que puede tener vicios de legalidad que comprometen la seguridad jurídica del país (...). El Gobierno está buscando un escenario de confrontación, como no lo puede hacer con la Legislatura, ahora lo pretende hacer con la Corte Constitucional".

Viviana Veloz, asambleísta RC

El legislador Raúl Chávez (RC) consideró que el tema de los adolescentes infractores deberían ir a debate en comisiones especializadas, como la de Justicia o la de la Niñez y Adolescencia, con diferentes iniciaitivas de rehabilitación social. "No se trata solamente de abandonarlos a su suerte". 

• "No veo inconveniente en que se muestre el rostro de jueces y fiscales que liberan a delincuentes", dice Reimberg