La denominada Ley Antimafias entró en vigencia en Ecuador este 12 de noviembre de 2026, una vez que el presidente Daniel Noboa dispuso su publicación en el Registro Oficial a tres días de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional.

El secretario Jurídico de la Presidencia, Aldrin Gómez, informó a la dirección de Registro de la Propiedad que el presidente Noboa procedió a admitir el proyecto de ley el 11 de noviembre, es decir, sin objeciones a lo aprobado por la Asamblea.

Los 85 votos favorables de la ley Antimafias salieron de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y los aliados independientes del oficialismo. Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik se opusieron con 61 votos.

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La Ley Antimafias introduce cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la legislación sobre drogas, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.

Uno de los objetivos de la reforma es sancionar con hasta 22 años de prisión la pertenencia a organizaciones delictivas y alcanzar no solo a sus cabecillas, sino también a reclutadores, ejecutores y financistas.

Incluye la inhabilitación profesional de abogados y contadores que hayan sido condenados por prestar servicios al crimen organizado, así como cambios en los mecanismos de acumulación de penas.

En materia de hidrocarburos, endurece las sanciones hasta por 13 años de cárcel por almacenamiento, transporte, envasado, distribución, comercialización y refinación ilegal de petróleo, combustibles y sus derivados, así como por su sustracción y extracción clandestina.

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Constituyen agravantes cuando estas actividades sean usadas para financiar a organizaciones criminales, afecten infraestructura o el ambiente, o pongan en riesgo la vida de las personas.

La norma ya vigente establece que, cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, el límite de acumulación de penas podría alcanzar los 60 años, frente al máximo de 40 años que aplicaba en la ley reformada.

El documento incorpora la cooperación eficaz, con beneficios condicionados a la entrega de información verificable y resultados concretos en la identificación de responsables y desarticular organizaciones criminales. 

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Dichos beneficios y concesiones no podrán aplicarse cuando se trate de delitos contra la vida ni contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.

Además, se establecen mecanismos de protección de la identidad de los jueces que conozcan causas de delincuencia organizada y el fortalecimiento en la recuperación, custodia, conservación y administración de bienes ilícitos, incluida su venta anticipada con autorización judicial y su asignación provisional para fines sociales.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, que fue la proponente de esta reforma, destacó el asesoramiento técnico de Italia en la elaboración de este proyecto.