Asamblea debate la Ley Antimafias que plantea penas de hasta 60 años de cárcel en Ecuador
El endurecimiento de las penas contra el crimen organizado centra el segundo debate de la Ley Antimafias. La propuesta también contempla sanciones para profesionales que colaboren con estructuras delictivas.
El Pleno de la Asamblea Nacional en debate el 6 de noviembre de 2026.
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La Asamblea Nacional instaló este lunes 9 de noviembre el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley Antimafias. La iniciativa plantea endurecer las sanciones contra el crimen organizado, tipificar nuevos delitos y elevar de 40 a 60 años el límite de acumulación de penas en determinados casos.
El proyecto, impulsado por el oficialismo, busca sancionar con hasta 22 años de prisión la pertenencia a organizaciones delictivas y alcanzar no solo a sus cabecillas, sino también a reclutadores, ejecutores y financistas.
Entre las reformas planteadas también consta la inhabilitación profesional de abogados y contadores condenados por prestar servicios al crimen organizado, así como cambios en los mecanismos de acumulación de penas.
El proyecto establece que, cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, el límite de acumulación de penas podría alcanzar los 60 años, frente al máximo actual de 40 años.
Otros componentes
La propuesta también contempla reformas a la Ley de Extinción de Dominio para agilizar los procedimientos relacionados con los bienes vinculados a actividades ilícitas.
En materia de hidrocarburos, plantea elevar hasta 13 años de prisión las sanciones por tráfico ilegal de combustibles e incorporar medidas administrativas y penales contra jueces que favorezcan a organizaciones delictivas.
La iniciativa fue aprobada el pasado viernes 6 de noviembre en la Comisión de Seguridad Integral, con siete votos (solamente del oficialismo y sus aliados), y remitida al Pleno para su segundo y definitivo debate.
A continuación las principales novedades del debate:
09/11/2026
10:00
Discrepancias entre oficialismo y correísmo
La propuesta genera diferencias entre las bancadas legislativas. Mientras Acción Democrática Nacional (ADN) defiende el endurecimiento de las penas como una respuesta frente a las estructuras criminales, Revolución Ciudadana y Pachakutik cuestionan algunos de sus alcances y advierten sobre posibles problemas de proporcionalidad penal.
"Se prioriza el populismo penal versus una política criminal integral", cuestionó la asambleísta de Revolución Ciudadana Jahiren Noriega, quien sostuvo que la propuesta debería enfocarse también en atacar las fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas.
En contraste, Inés Alarcón, de ADN y ponente del proyecto, defendió la iniciativa al señalar que Ecuador enfrenta una guerra no convencional contra organizaciones con infraestructura y economías criminales de gran magnitud.
"Le corresponde a la legislación dar penas que vayan acorde a los delitos que se cometen", afirmó.
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