La desclasificación de la acusación sustitutiva en la Corte Sur de Nueva York expuso la red tras Celso Moreira, alias 'Patucho Celso', los dos Jaime Estrada y Jacobo Bucaram. La causa desellada por el fiscal James McDonald unificó el proceso por narcotráfico y armamento.

Tras la extradición de Moreira el 18 de junio de 2026 y su primera comparecencia, su defensa, que en un primer momento estuvo a cargo de Telemachus Kasulis, cambió. La penalista de Coral Gables Silvia B. Piñera-Vazquez solicitó su admisión pro hac vice para asumir la representación principal del cabecilla.

La figura pro hac vice se aplica en este caso, ya que Piñera-Vazquez está radicada en Florida y pidió un permiso especial para litigar en Nueva York, donde se radica el caso de los ecuatorianos.

Como su primera actuación, la jurista intervino en la firma de la orden de protección emitida por la jueza jefa Laura Taylor Swain. El acuerdo fijó la Cláusula 9, una restricción que prohíbe usar inteligencia artificial para procesar las pruebas del descubrimiento.

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El perfil de Silvia Piñera-Vazquez

La abogada Silvia Piñera-Vazquez dirige la firma Piñera-Vazquez Law Firm, P.A., situada en Coral Gables, Florida. Posee credenciales procesales ante el Colegio de Abogados de Florida, distritos federales y la Corte Suprema de Estados Unidos.

Su nombre adquirió notoriedad internacional durante el juicio del caso FIFAGate en la corte federal de Nueva York. La defensora formó parte del equipo legal contratado por Juan Ángel Napout, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Reportes periodísticos de Ken Bensinger para BuzzFeed News revelan que entre mayo de 2015 y marzo de 2017 el dirigente paraguayo desembolsó USD 6,07 millones en honorarios previos al juicio oral, de los cuales USD 107.856 fueron para Piñera-Vazquez.

De forma paralela al proceso de 'Patucho Celso', Piñera-Vazquez defiende a Jorge Luis Hernández Villazón, alias 'Boliche', en la corte de Tampa.

Hernández es un exnarcotraficante colombiano de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar colombiano, que admitió homicidios y envíos de cocaína al Caribe.

Por 25 años, ‘Boliche’ actuó como informante pagado de la DEA y del FBI en la Operación Panamá Express para desarticular el flujo de cocaína por Centroamérica. Recibía un sueldo de USD 9.000 mensuales.

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Sus reportes derivaron en decomisos de droga y la condena de agentes corruptos como John Costanzo y Manuel Recio.

En 2025, 'Boliche' fue procesado por el fiscal Daniel Baeza y el agente del FBI Miosotis Ortiz por fraude y lavado de activos. Se le acusa de exigir USD 1 millón en efectivo, autos y joyas a narcotraficantes bajo la promesa falsa de lograr penas reducidas en Estados Unidos.

La Fiscalía estadounidense expuso la peligrosidad del acusado tras detectar sus presiones contra colaboradores del caso. Según el expediente, Hernández aseguró a un cómplice que poseía recursos suficientes para mandar a matar a los testigos que declaren en el juicio.

La conexión con De la Espriella y el 'Coconspirador 1'

Investigaciones de Univision Investiga señalan que alias 'Boliche' trabajó como asistente legal, chofer y captador de clientes en Miami para De la Espriella Lawyers Enterprise. La firma pertenece al actual presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

En el expediente de Tampa se identifica al Coconspirador 1, que según los reportes responde al penalista colombiano Daniel Peñarredonda Gómez. Peñarredonda posee el 3% de las acciones del bufete presidido por De la Espriella, quien ostenta el 91%.

Mociones fiscales revelan que Peñarredonda y Silvia Piñera-Vazquez visitaron en prisión a un narcotraficante denominado Individuo 1. En la cita presentaron un contrato por USD 1 millón a repartir entre la abogada, alias 'Boliche' y otros colaboradores.

El recluso ofreció pagar entre USD 100.000 y USD 250.000, respondiendo la jurista que lo tratara con Hernández.

Asimismo, el expediente de Tampa reveló que 'Boliche' y Bruce Bagley, un académico estadounidense, lavaron USD 2,8 millones vinculados con Alex Saab, testaferro del Gobierno venezolano, que fue cliente de De la Espriella en Miami cuando ejercía el derecho.

Un fallo trascendental en Tampa se emitió cuando el juez federal William Jung ordenó a la Fiscalía entregar todo el historial de informante de alias 'Boliche' a Piñera-Vazquez. El archivo abarca 25 años de reportes, pagos y registros de agencias federales.

La resolución judicial abre la puerta para revelar comisiones de remisión y cobros entre bufetes de Miami e informantes federales. De la Espriella sostiene que no ha sido notificado de indagaciones y que sus honorarios fueron reportados formalmente. Además de que no puede responder por acciones de terceros.