La reactivación del FIFAGate en Estados Unidos, ¿pone al expresidente de la FEF en la mira de la extradición?

El caso FIFAGate aún no termina para Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). La última acción de los empresarios Hugo y Mariano Jinkis ante la Justicia, reabre el debate sobre su situación legal frente a las cortes de Estados Unidos. 

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El jueves 27 de agosto de 2026, la Fiscalía remitió a la jueza Pamela Chen, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, un acuerdo de enjuiciamiento diferido (Deferred Prosecution Agreement o DPA) para los dos empresarios argentinos, dueños de la empresa Full Play. 

En el documento, los Jinkis reconocieron que entregaron sobornos comerciales a dirigentes del fútbol sudamericano, entre ellos a Chiriboga, a cambio de quedarse con los derechos de torneos regionales como la Copa América y la Copa Libertadores.  

De acuerdo con dos juristas especializados en derecho internacional consultados por PRIMICIAS —Francisco Paredes y Dominique Dávila—, ahora la cancha está en las manos de la Fiscalía estadounidense, que tiene la potestad de pedir la extradición de Luis Chiriboga para que responda por las acusaciones realizadas el 3 de diciembre de 2015 en el Tribunal del Distrito. 

Aquel día, la Justicia estadounidense vinculó a Chiriboga junto a otros 40 implicados por conspiración para delinquir y corrupción. La fiscal general de Estados Unidos de esa época, Loretta Lynch, acompañada del director del FBI, James B. Comey, y el fiscal federal Robert L. Capers, del Distrito Este de Nueva York, entre otras autoridades, anunció los cargos contra los implicados en el FIFAGate, entre los que estaba el exhombre fuerte del fútbol ecuatoriano. 

El laberinto jurídico que enfrenta Chiriboga

Concretamente, la Justicia estadounidense acusó a Chiriboga de conspiración de delincuencia organizada (con base en la Ley RICO), conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero transnacional. El laberinto jurídico que se le configura al expresidente de la Ecuafútbol no es menor. 

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Mientras en Ecuador fue juzgado y sancionado bajo la figura de lavado de activos por fondos no justificados en las arcas de la Federación, la acusación en Nueva York se sostiene sobre la Ley RICO, una norma diseñada para desmontar estructuras de crimen organizado transnacional.

Como advierte el especialista Francisco Paredes, "esta acusación es estrictamente distinta de la acusación por la cual fue condenado en Ecuador", ya que la sentencia local fue por dinero que ingresó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, mientras que la Fiscalía norteamericana persigue "los dineros que él habría recibido directa o indirectamente en Estados Unidos", configurando técnicamente dos delitos diferentes que no vulneran la prohibición del doble juzgamiento.

El 18 de noviembre de 2016, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha condenó a Luis Chiriboga Acosta a 10 años de prisión como coautor de lavado de activos y al pago de una multa de USD 12 millones, el doble del monto del delito.

Esta pena fue ratificada por la Corte Provincial el 13 de septiembre de 2017 y, posteriormente, en julio de 2018, la Corte Nacional de Justicia, en casación, fijó la condena definitiva en seis años de prisión. A la par, la FIFA suspendió de por vida al exhombre fuerte del fútbol ecuatoriano.

Entre el inicio del FIFAGate y la actualidad, el escenario que enfrenta Chiriboga cambió radicalmente: el 21 de abril de 2024, en el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa, Ecuador aprobó la extradición de ecuatorianos con el 65% de los votos válidos.

Al haberse eliminado el blindaje que prohibía la extradición de nacionales, la vía legal quedó despejada. La jurista Dominique Dávila sostiene que la extradición es una posibilidad "bastante alta" en este caso.

"En Ecuador ya no hay una negativa de facto, por lo que cualquier requerimiento enviado desde Norteamérica se va a recibir y tramitar". Dávila explica que este procedimiento no depende de decisiones unilaterales, sino de una articulación de "voluntades interinstitucionales" que involucra a la Cancillería, el Ministerio del Interior, la Corte Nacional  de Justicia y la contraparte en Estados Unidos.

El testimonio de José Luis Chiriboga consta en el proceso

Hay otro elemento que complica la situación de Luis Chiriboga ante la Fiscalía estadounidense. En noviembre de 2017, su hijo, José Luis, testificó dentro de la causa. Él se acogió a un acuerdo de cooperación con los fiscales de Brooklyn y admitió que prestó sus cuentas bancarias en Biscayne Bank, Chase y HSBC entre 2009 y 2015 para recibir transferencias a nombre de su padre por parte de Full Play (de los Jinkis) por USD 2,8 millones.

Para Paredes, este testimonio elimina cualquier margen de duda sobre el origen de los fondos. Al cruzar las confesiones de los ejecutivos de Full Play con los registros bancarios certificados, la Fiscalía estadounidense puede consolidar la evidencia documental que necesita para sostener los cargos.

La pelota, en consecuencia, está por completo en la cancha de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que según Dávila no responderá a intereses políticos o a cabildeos, lo que garantiza que las investigaciones avancen al ritmo probatorio de sus propios tribunales. 

Paredes concluye con firmeza: "Estoy al 90% convencido de que la Fiscalía va a solicitar la extradición".