Nueva ley enviada a la Asamblea reforma modelo de gestión de áreas protegidas y las razones para concesionarlas
El sector privado podría administrar reservas naturales por turismo o investigación científica, según la nueva Ley de Áreas Protegidas enviada por el Gobierno. Aún cuando no han leído el proyecto en su totalidad, el correísmo se opone.
Fotografía del ingreso a la Reserva de Cuyabeno en la provincia de Sucumbíos.
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Roberto Rueda/ PRIMICIAS.
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Una propuesta corta, pero que puede generar tensiones en la Asamblea. El presidente Daniel Noboa envió el 14 de junio de 2025 el proyecto de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local.
Se trata del tercero proyecto con carácter de urgente en materia económica en lo que va del primer mes de funcionamiento del Legislativo, que se instaló el 14 de mayo.
Según datos proporcionados por el Ministerio del Ambiente para sostener la propuesta, Ecuador tiene 91 ecosistemas, de los cuales 87 se encuentran mapeados y representan el 61,58% del territorio nacional.
Pero no todos tienen la misma categoría de protección o están dentro del sistema de Áreas Protegidas (SNAP). El propio portal del Ministerio del Ambiente señala que hay 78 reservas de este tipo en Ecuador, poco más del 19,4% del país.
Aunque, de acuerdo con el Ejecutivo, las áreas protegidas experimentan, al menos, dos problemas que se han recrudecido por factores como la pandemia, el conflicto armado interno y la crisis económica que afronta el país. Estas problemáticas son:
- Por un lado, el gobierno central y los gobiernos locales han dejado de destinar los recursos necesarios para mantener estos espacios, y así afrontar otras problemáticas.
- Y en segundo lugar, hay grupos del crimen organizado y vinculados con actividades como la minería ilegal, la tala de árboles o la caza furtiva, que ocupan esas zonas protegidas y las usan para sus actividades al margen de la ley.
Con estos argumentos, el presidente Daniel Noboa le propone a la Asamblea cinco artículos y una disposición transitoria, entre los que destacan:
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Gestión de áreas protegidas
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Si bien, según el proyecto, las áreas protegidas se regirán por las directrices, lineamientos y normativa dispuesta por la Autoridad Ambiental Nacional, se establecen tres modelos de gestión:
- Directa por parte del gobierno central o gobiernos locales.
- A través de mecanismos contractuales de intervención, administración y operación al sector privado, nacional o internacional
- Otros mecanismos que permita la normativa legal vigente.
¿Quién ejercerá la seguridad de estas zonas? "La autoridad competente podrá solicitar a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que brinden seguridad en el perímetro del área protegida, bajo el modelo de gestión y compensación que se determine".
Esto se hará sin retirar las competencias y funciones de los guardaparques y el uso de tecnología satelital en la zonas de más difícil acceso.
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Causas para concesionar un área protegida
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La operación del sector privado de áreas protegidas se hará a través de contratos con el organismo público encargado, siempre que existan las siguientes razones:
- Prestación de servicios turísticos.
- Facilitación del disfrute ciudadano del patrimonio natural del Estado.
- Prestación de servicios ambientales.
- Protección del ambiente.
- Investigación científica.
En el proyecto, que deberá ser conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), no se definen plazos para la duración de dichos acuerdos contractuales, solo se habla de corto y mediano plazo.
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Remisión para la pesca artesanal
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La disposición general única del proyecto habla de disponer la remisión del 100% de los cánones vencidos de arrendamiento, intereses, recargos y multas, para la pesca artesanal.
Esta especie de 'perdón' a los pescadores, en referencia a los contratos de arrendamiento de infraestructura de los puertos artesanales, se ejecutará si los contratos están vigentes dentro del plazo original o se hayan renovado con pescadores artesanales y organizaciones de la economía popular y solidaria.
Hasta el medio día de este 16 de junio, la mayoría de legisladores no había podido aún revisar la propuesta en conjunto.
Revolución Ciudadana (RC) tenía previsto reunirse la tarde de este lunes para analizar el proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa y adoptar una postura.
La legisladora Ana Herrera prefirió no adelantarse, aunque dijo que el correísmo no aceptará que se pretenda privatizar zonas protegidas del país, bajo el pretexto del financiar su administración, porque esa es competencia y responsabilidad estatal.
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