Ley de lavado de activos, que obliga a reportar movimientos económicos hasta a los partidos políticos, está vigente

Un año después de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional, este 29 de julio entró en vigencia la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.

Con esto, la normativa que estaba vigente desde 2016 es reemplazada por el nuevo documento, que fue apoyado por unanimidad en el anterior periodo legislativo. 

La asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Nathaly Farinango, explicó que la normativa fue aprobada con la figura de 'vacatio legis', es decir, se dio plazo de un año para ponerla en vigencia mientras se estructuraba el sistema.

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Entre otras cosas, la ley contempla la creación el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Conclaft).

Este es el ente que se encargará de la lucha antilavado, según explicó Farinango que fue la ponente del proyecto. El Conclaft se integrará con un delegado de la Presidencia; el director de la Unidad de Análisis Financiero; Ministerio del Interior, Fiscalía, entre otros.

Los participantes de esta instancia deberán reunirse, al menos, una vez al mes para analizar la situación del lavado de activos en el país y proponer estrategias nuevas para su combate.

Sujetos obligados a reportar

Con la vigencia de la norma, deberán reportar obligatoriamente su actividad y flujo de recursos los bancos, administradores de tarjetas de crédito y las empresas dedicadas al trasporte nacional e internacional de dinero.

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En esta lista entraron también las cooperativas de ahorro, cajas centrales, cajas comunales y mutualistas. Además, construcción, inversión e intermediación inmobiliaria, las organizaciones políticas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.

Los sujetos obligados deben registrar en el sistema de la UAFE, hasta 10 días después de fin de mes, la no existencia de reportes de operaciones sospechosas u otros reportes de operaciones nacionales o extranjeras.