Leyes archivadas se equiparan a las aprobadas en los primeros 100 días de trabajo de la Asamblea
Los proyectos enviados al archivo han provocado desde amplios consensos hasta acalorados debates entre las bancadas correísta y gobiernista.
El 3 de septiembre de 2025 ADN Y RC votaron juntos por el archivo de un proyecto sobre acoso laboral.
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En la Asamblea Nacional las tensiones entre las bancadas más grandes, Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC), no solo se producen por la aprobación de leyes, también por el archivo de estas.
En lo que va de este periodo legislativo, que inició el 14 de mayo de 2025, un total de 11 proyectos heredados de asambleas pasadas han sido descartados por diferentes razones. Algunas con apoyo unánime del Pleno y otras por imposición de la mayoría gobiernista.
Este número, compite con las 13 leyes que han sido aprobadas en algo más de 100 días, cuatro de las cuales corresponden a proyectos urgentes en materia económica enviados por el presidente Daniel Noboa.
El primer proyecto 'enviado al congelador' fue la reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades el 5 de junio de 2025. Luego de un arranque álgido del periodo legislativo, ese fue uno de los primeros consensos entre gobiernistas y correístas.
De hecho, minutos antes de este debate, Revolución Ciudadana apeló la presidencia de Niels Olsen, pretensión que fue bloqueada por ADN, la facción aliada de Pachakutik y algunos independientes.
Jorge Tamayo, de ADN, dijo que si bien el proyecto sobre discapacidades era "bienintencionado", se asemejaba a otro que fue aprobado y vetado en diciembre por el presidente Daniel Noboa, por lo que no cabía insistir en ciertos temas.
"Respaldamos el archivo, porque creemos que las leyes se deben tratar de manera integral y no podemos caer en la duplicidad de la norma que lo único que haría es entorpecer el trabajo legislativo", dijo Ana Herrera de RC.
El polémico proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales (Lopda) corrió una suerte similar, registrando una de las más altas votaciones en lo que va de esta Asamblea: 143 votos a favor del archivo.
Esta normativa se venía discutiendo desde la anterior Asamblea, entre devoluciones a la Comisión de Biodiversidad e intentos fallidos de archivo. El argumento, en esta ocasión, fue que contenía "graves incoherencias jurídicas, fallas notorias en la redacción y al menos dos inconstitucionalidades".
Desencuentros legislativos
La armonía se rompió el 23 de julio de 2025 cuando se trató la Ley que entrega rentas a Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, por venta de energía eléctrica (Decreto Ley No. 047); en la que se pretendía incluir a Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías de la Hidroeléctrica Toachi - Pilatón.
La legisladora oficialista, Nathaly Farinango, reconoció la aspiración de esa provincia de recibir más recursos, pero aseguró que la propuesta que presento en 2024 el correísta Giovanny Benítez, no estaba fundamentada y sustentada.
"Propone un incremento al gasto público sin respaldo financiero claro y sin fuente de financiamiento estable. Esto vulnera principios constitucionales", porque el único que puede presentar iniciativas que aumenten el gasto público, es el Presidente de la República, recordó.
Viviana Veloz, de Revolución Ciudadana, salió en defensa de la propuesta que fue calificada en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) con votos de ADN y RC, en el anterior periodo legislativo.
Defendió que se le entregue a su provincia el 5% de las regalías que genera por comercialización Toachi- Pilatón para que se le equipare en trato a otras. "No es incremento del gasto público, porque el proyecto habla de redistribución de ingresos", acotó.
El argumento correísta no tuvo acogida y con votos 78 de votos de ADN, la facción aliada de Pachakutik y los independientes se cerró la posibilidad de que Santo Domingo acceda a las regalías de la hidroeléctrica.
El 30 de julio también hubo una fuerte discrepancia en el debate del proyecto de Ley para el Cumplimiento de la Voluntad Popular Expresada en la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, en lo relativo a la Prohibición del Arbitraje Internacional.
Mientras el correísmo insistía que los resultados de la consulta obligaban a poner candados en torno al arbitraje, ADN sostuvo que estaban interpretando mal y que había que mantener vigentes los artículos del Código Orgánico General de Procesos sobre este tema. Esa tesis se impuso con 80 votos.
El archivo más reciente
El 3 de septiembre el Pleno de la Asamblea trató el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de Toda Forma de Acoso Laboral.
La Comisión de Derecho al Trabajo remitió un informe en el que recomendó no seguir trabajando en esta normativa y proceder a su archivo.
¿El motivo? Naila Quintana, de ADN, dio que existe una duplicidad de normativa, porque ya existen leyes que protegen la violencia en los lugares de trabajo, en general, y no se limita al delito de "acoso laboral".
"La creación de nueva normativa aislada del marco legal existente producen más daño que beneficio", señaló la asambleístas gobiernista.
Salvo la intervención de Quintana, no hubo más pedidos de palabra. Solo con la votación se entendió que el correísmo estaba de acuerdo con ADN. La reforma se archivó con 131 votos.
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