Un entramado de relaciones laborales y supuestas presiones parecen cercar a Mario Godoy y a la Judicatura

El 5 de mayo de 2022, en Quito, se fundó oficialmente la firma jurídica Invictus Law Group. Los fundadores y socios igualitarios de esa empresa fueron Mario Godoy, María Dolores Vintimilla, José Carlos García y Christian Rosero. Si bien el bufete llevaba varios años funcionando, en esa fecha se legalizó.

• Escuche el audio que expone presiones de la Judicatura de Mario Godoy sobre un juez en caso contra narcotraficante serbio

Desde su creación, la firma ha tenido varios movimientos societarios. A inicios de enero de 2024, Godoy vendió sus acciones a Vintimilla y meses después ambos se casaron. Además, García vendió su parte a un nuevo socio: Jorge Carrillo, quien meses después también las vendió a Vintimilla.

Actualmente, los únicos socios en el bufete son Vintimilla y Rosero, quien conserva un cuarto de la compañía. Tres años y medio después de la fundación, la mayoría de los nombres relacionados con la firma están involucrados en una trama de supuesta corrupción judicial.

Del libre ejercicio a los círculos del poder

El primero en dar un paso a la función pública desde la firma jurídica fue Mario Godoy. El 25 de enero de 2024, un día después de haber vendido sus acciones en Invictus a su esposa, fue nombrado procurador jurídico de Petroecuador, ya durante el gobierno de Daniel Noboa. Antes, durante el correísmo, ya desempeñó varios cargos. 

Ocho días después, y también tras también vender sus acciones de la firma privada a Vintimilla, García fue nombrado subprocurador jurídico de la estatal petrolera. 

Por esa época, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) debía nombrar al nuevo presidente de la Judicatura, tras la renuncia y encarcelamiento de Wilman Terán. José Suing, presidente de la Corte Nacional, debía presentar una terna de candidatos.

Inicialmente, en esa lista estaba Hugo Landívar, directivo de Acción Democrática Nacional (ADN), organización política del presidente Daniel Noboa. Tras el escándalo por esa inclusión y porque había incumplido el requisito de experiencia, Suing resolvió reemplazarlo con Mario Godoy, quien finalmente fue designado presidente de la Judicatura, en julio de 2024.

Su lugar en Petroecuador fue asumido por García, quien ostentó la procuraduría judicial de esa empresa pública hasta finales de noviembre de 2025. Este abogado permaneció en esa función pese a la inestabilidad interna de Petroecuador, que en este período tuvo tres gerentes.

A la Judicatura, en cambio, llegó otro de los socios. El 1 de agosto de 2024, Godoy contrató a Jorge Carrillo como jefe de Asesoría y Normativa, cargo que mantiene hasta la actualidad. Días antes, él también vendió sus acciones de Invictus a Vintimilla. 

Además, a mediados de agosto de 2025, Henry Gaibor, otro abogado y amigo de la pareja Godoy Vintimilla, fue nombrado director del Consejo de la Judicatura de Pichincha.

¿Cómo Godoy, su esposa y sus socios y amigos llegaron al poder judicial? No existe claridad al respecto, pero hay dos versiones. 

Fuentes consultadas por PRIMICIAS, y que pidieron la reserva de su nombre, evocan dos versiones.  

La primera es una conexión a través de Esteban Torres, entonces viceministro de Gobierno, con quien Godoy compartió docencia en la Universidad Indoamérica, en la que además Luis Fernando Torres, padre del primero, era Decano.

La segunda versión apunta a Fausto Jarrín, quien tiene una relación personal con Godoy y quien dejó el correísmo para convertirse en asesor externo del presidente Noboa. 

El exasambleísta del correísmo es amigo del Presidente de la Judicatura y de su esposa, Dolores Vintimilla. Incluso, asistió a su boda y apoyó la candidatura de Vintimilla al Colegio de Abogados Pichincha.

El hermano de Jarrín fue contratado por Godoy en la Escuela de la Función Judicial y su exasesor estuvo en planes para dirigir la comunicación de la Judicatura. Finalmente, se enroló en el CPCCS y formó parte de la Comisión que reeligió a Godoy.

La sombra de la supuesta corrupción

Cuatro meses después de que Godoy formó su equipo de confianza en la Judicatura con Carrillo y Gaibor, en el país se conoció la primera denuncia de supuesta corrupción judicial por presiones a una jueza.

En diciembre de 2024, el caso de moda en Ecuador se relacionaba con Verónica Abad, la entonces vicepresidenta de la República que se enfrentaba políticamente con el presidente Daniel Noboa. El Ministerio de Trabajo la había suspendido por supuesto abandono de puesto.

Abad interpuso una acción de protección y el 23 de diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera falló a favor de la exvicepresidenta. Además, la Magistrada denunció públicamente que había sido presionada por Godoy, Carrillo y Gaibor para que denegara la acción.

Según el relato de Vera, las presiones empezaron del lado de Gaibor, quien a finales de noviembre de 2024, le habría dicho que tenía que terminar esa audiencia negando la acción. La jueza respondió que no era posible, ya que había amicus curiae y escritos pendientes.

En diciembre de 2024, según Nubia Vera, fue supuestamente convocada a una reunión con Gaibor y Carrillo, quienes le habrían dicho que si negaba la acción sería protegida ante los sumarios disciplinarios que tenía pendientes. Pero si la aceptaba, estos se reactivarían. 

Y que un día antes de la reinstalación de la audiencia del caso Abad, nuevamente Gaibor y Carrillo, pero esta vez acompañados del propio Godoy, habrían visitado a la jueza Vera en su despacho y le habrían entregado una memoria flash que contenía la sentencia del caso, negando la acción de protección.

Finalmente, Vera negó la acción, denunció públicamente a Godoy, Carrillo y Gaibor y ese caso denominado Pen drive se investiga a nivel penal. Mientras que la Jueza es objeto de un proceso de destitución y es investigada penalmente por concusión.

Un año después, una escena parecida se repite y algunos de los actores son los mismos. El 17 de diciembre de 2025, PRIMICIAS publicó una columna en la que se denunció las presiones y amenazas que había sufrido Carlos Serrano Lucero, juez de la Unidad Anticorrupción, unidad en la que -además- trabaja la esposa de Henry Gaibor.

Serrano fue parte del Tribunal que sentenció a 10 años de cárcel por lavado de activos a Jezdimir Srdan, un narcotraficante serbio que opera en Ecuador como aliado de la mafia albanesa. Antes de dar a conocer su fallo, el Magistrado se reunió con Gaibor, por pedido del segundo.

El Juez, quien ya renunció a su cargo porque fue amenazado por Srdan, grabó la conversación, en la que se escucha a Gaibor pedirle que ponga atención a la defensa del narcotraficante extranjero, ya que él "podría delatar quién habría contaminado" 

Pero hay un aditamento especial. Según los archivos judiciales del caso Srdan, durante la investigación previa, los abogados del serbio fueron Dolores Vintimilla y Christian Rosero, la esposa de Godoy y su antiguo socio en la firma Invictus Law.

La misma Vintimilla aceptó públicamente que trabajó para el serbio en el caso denominado Euro 2024, pero que renunció en noviembre de 2024 luego de que se casó con Godoy, quien para esa época ya presidía el Consejo de la Judicatura.

Este escándalo provocó que Godoy sea convocado a la Asamblea Nacional, a donde tendrá que comparecer en enero de 2026 y en la que ya se habla de un posible juicio político. Para esto, el titular de la Judicatura pedirá licencia. Mientras que los otros cuatro vocales del organismo pidieron la renuncia de Henry Gaibor, lo que se concretó la noche del lunes 22.