Ministerio de Salud desvincula a funcionario de centro en Conocoto por irregularidades con atención a Santiago Díaz
El exasambleísta Santiago Díaz, preso por violación, acudía al Centro Especializado en Rehabilitación Integral de Conocoto donde recibía visitas familiares. El Ministerio de Salud abrió una investigación.
El exasambleísta del correísmo Santiago Díaz Asque ingresa a la Fiscalía General del Estado el 30 de enero del 2026.
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Redacción Primicias
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El Ministerio de Salud Pública (MSP) abrió este 10 de febrero de 2026 una investigación por presuntas irregularidades con la atención al exasambleísta Santiago Díaz Asque, preso por violación, en el Centro Especializado en Rehabilitación Integral (CERI) Conocoto, en Quito, y despidió a su director.
Díaz, quien llegó a la Asamblea con la Revolución Ciudadana, permanece con prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, pero acudía de forma permanente al CERI donde permanecía por largos periodos de tiempo.
El medio Ecuavisa informó que los traslados eran constantes desde hace tres meses a este centro donde su concuñado es el director. Aquí Díaz recibía incluso visitas de familiares.
El CERI es un centro de salud de tercer nivel de atención, primer nivel de complejidad y ambulatorio que brinda atención en medicina física y rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicorehabilitación y otras especialidades.
En un comunicado, el MSP informó que se dispuso la desvinculación inmediata del director de CERI Conocoto.
"Rechazamos el uso y abuso de poder de las autoridades de las unidades de salud que buscan satisfacer necesidades personales", agrega el comunicado.
También se abrió una investigación para identificar a los responsables vinculados con esta irregularidad.
El Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI) no ha respondido a las consultas sobre estos traslados.
Díaz fue llamado a juicio como presunto autor del delito de violación perpetrado contra una adolescente de 12 años.
En la audiencia realizada en noviembre de 2025, Fiscalía presentó unas 43 pruebas en contra del exasambleísta, como el testimonio anticipado de la víctima, los testimonios de sus padres y de su hermana, la pericia psicológica, además de los informes sobre los indicios levantados durante el allanamiento al domicilio del exlegislador, entre otros.
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