Con el paro focalizado en Imbabura, el pulso político entre el Gobierno y la Conaie se juega en los discursos y en las redes

Desde que los movimientos sociales reaccionaron a la eliminación del subsidio al diésel, el presidente Daniel Noboa y sus ministros enfocaron su discurso político en el crimen organizado. No solo afirman que era el mayor beneficiario del subsidio, sino que está detrás del descontento popular al respecto.

Pero, además, los funcionarios del Ejecutivo cerraron públicamente las puertas a la búsqueda de consensos. Se trató de una medida unilateral que no cambiará. Incluso, el 23 de septiembre, el Primer Mandatario advirtió que “antes de que me quieran hacer retroceder, yo prefiero morir”.

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El solo anuncio del paro de la Conaie y de que ciertas comunidades indígenas declararon a los funcionarios de su gobierno como personas no gratas en sus territorios hizo que el Jefe de Estado respondiera inmediatamente: "Mi mensaje es que se pongan a trabajar, que dejen de fregar la vida, porque sus comunidades están siendo beneficiadas".

El presidente Noboa dijo en un evento en Chimbo (Bolívar), el 19 de septiembre, que declaraba a los líderes del movimiento indígena y a los manifestantes como personas no gratas en todo el país. Y amenazó con expulsarlos, como si fuese una posibilidad legal.

Después de semanas de pasar inadvertido, tras su salida de la presidencia de la Conaie, Leonidas Iza, que protagonizó los paros de 2019 y 2022, criticó que haya "ricachones y bravucones, que se hacen los muchos y los machos, con mil policías y mil militares pagados por el pueblo ecuatoriano".

Sin embargo, el dirigente aceptó que el Gobierno es bueno para construir relatos y narrativas, para "mantener divididos a los ecuatorianos" y que se acepte la eliminación del subsidio al diésel. Y el 7 de octubre apareció en una manifestación en Latacunga, ahí Iza recordó al Mandatario que los territorios les pertenecen a los pueblos y nacionalidades desde hace más de 30.000 años.

Con el paso de las semanas, el Ejecutivo ha buscado fortalecer justamente su discurso de que el crimen organizado está detrás de las manifestaciones, que se trataría de una represalia por retirar el subsidio del que se beneficiaban también las redes criminales.

Sin embargo, ni siquiera la Fiscalía ha podido sostener las teorías y acusaciones del Gobierno. No hay pruebas que vinculen a las personas detenidas con la minería ilegal, ni mucho menos con el cartel venezolano denominado como el Tren de Aragua.

Pero, además del discurso, el Mandatario tomó seis decisiones clave que modificaron el desarrollo de este paro. Esta vez, aunque la Conaie califique al paro como "nacional", no lo ha sido. Son manifestaciones focalizadas, sin un liderazgo claro y que se concentran principalmente en Imbabura, con focos esporádicos en el norte de Pichincha y en zonas rurales de Cañar, Bolívar y Chimborazo.

Y, en medio de las acusaciones del Gobierno y los excesos de las fuerzas públicas, el actual presidente de la Conaie, Marlon Vargas, respondió también, afirmando que podrían tomarse Quito, como lo hicieron en 2019 y 2022. Esto puso en alerta al Ejecutivo que movilizó un operativo policial y militar nunca antes visto a la capital, para cortar toda manifestación, sin importar si era pacífica. 

Y con el traslado de 7.000 militares y 1.000 policías a la capital, las autoridades aprovecharon para continuar hacia el norte y despejar las vías de Imbabura, que es la provincia que ha sufrido más cierres en estas más de tres semanas.

Fue por eso que el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que el paro terminaría inmediatamente y que todas las carreteras serían despejadas por las fuerzas del orden, en dos o tres días. Sin embargo, ya se superaron las expectativas del funcionario y los cierres continúan. Incluso se han retomado en otras provincias como Loja, Carchi y Pichincha.

Lo mismo sucedió con el supuesto acuerdo que selló el fin del paro, acordado con ciertos dirigentes indígenas, la noche del 15 de octubre. Pero eso tampoco cuajó, la Conaie no está vinculada a esa decisión y las bases de la provincia negaron el liderazgo de los que participaron.

Esto provocó que el Ejecutivo no tenga otra respuesta más que mantener la militarización de la provincia e intensificar los controles de las manifestaciones en otras ciudades y comunidades. Sin embargo, el Gobierno no pierde de vista que, en medio de las movilizaciones, transcurren los días para que la ciudadanía llegue nuevamente a las urnas.

Y el descontento de la población, afectada por la eliminación del subsidio o por las crisis que golpean la seguridad, el empleo, la salud y la educación pública, podría al final verse reflejado en los resultados de la consulta y referendo que planteó el presidente Noboa para el 16 de noviembre. Especialmente en su propuesta de redactar una nueva constitución.

Por ese motivo, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, insiste en culpar a ciertas agrupaciones políticas de oposición de estar detrás del paro, a la par que el crimen organizado, para tener así un impacto político en las próximas votaciones.

Mientras tanto, las manifestaciones en contra del Gobierno se mantienen constantes, en distintos puntos de Quito, Guayaquil y Cuenca, aunque no son multitudinarias, así como con bloqueos y cierres viales en ciertas provincias. Y, de la misma manera, se mantiene la incógnita sobre el futuro del paro, si es que crecerá o terminará por ser apagado por el Ejecutivo antes de que el Ecuador llegue a las urnas.