Paro | Churuchumbi dice que no tiene "injerencia alguna" en Imbabura, tras acusaciones de Harold Burbano

La prefectura de Imbabura, los alcaldes de Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Ibarra, Urcuquí y Pimampiro, así como los gobiernos parroquiales de Apuela, Cahuasquí, San Rafael, González Suárez, Chugá, Eugenio Espejo y Miguel Egas, emitieron un comunicado conjunto en el que expresan que "es urgente solicitar al Gobierno Nacional y a las organizaciones indígenas que se retome el diálogo, respetando los compromisos iniciales, para precautelar la paz, la vida y el trabajo en Imbabura".
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​En el documento, titulado "Imbabura por la paz, la vida y el trabajo", las autoridades señalaron que "la protección y cuidado de la vida son principios fundamentales" y que "solo el trabajo en unidad" permitirá la recuperación económica de la provincia.

El coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, reaccionó a las declaraciones del ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, al pedir que no le "involucren" por los problemas que puedan haber en los diálogos.
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​"No me involucren a mi cuando dicen que por culpa de Guillermo Churuchumbi y Leonidas Iza no se pueden avanzar en los diálogos", dijo en una transmisión en sus redes sociales el dirigente de Pachakutik.
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​"Considero necesario aclarar que no he tenido ni tengo injerencia alguna en las decisiones de las organizaciones sociales e indígenas de la provincia de Imbabura, ni he intervenido para obstaculizar los procesos de diálogo entre el Gobierno y las comunidades indígenas", añadió.

En un punto, expresó que "cada organización tiene su autonomía", señalar la "diversidad" que existe en el sector indígena.
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​Churuchumbi consideró que "el diálogo depende del Gobierno nacional" y que está en las "manos" del presidente Daniel Noboa "buscar salidas y dar alternativas".

"Con el paro perdemos, con el diálogo ganamos todos", expresaron en un pronunciamiento conjunto los alcaldes de Antonio Ante, Cotacachi y Otavalo, tres de los municipios más afectados por el cierre de vías desde hace 29 días en Imbabura.

"Instamos a las Organizaciones Indígenas de Imbabura y al Gobierno Nacional a retomar el diálogo con base en los acuerdos preliminares de la reunión del 16 de octubre, en la que los alcaldes de Cotacachi, Antonio Ante y alcaldesa de Otavalo participaron como observadores y el padre Cristian Andrade como mediador", indicaron.

A su vez, insistieron en su "llamado a que busquemos la paz y la unidad de la provincia para continuar dialogando y encontrando puntos en común por el bienestar de todos".

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló a líderes del movimiento indígena de incumplir los acuerdos que se gestaron en Otavalo, provincia de Imbabura, en torno al paro convocado por la Coanie.

"El gobierno cumplió, ellos no cumplieron, se cierra el diálogo. A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos", declaró Reimberg a la prensa, tras una reunión de ministros en el Palacio de Gobierno.

El funcionario señaló que los dirigentes indígenas "se encargaron de cerrar la puerta" a esta posibilidad, al haber incumplido con levantar el bloqueo de carreteras que mantiene incomunicada a Imbabura desde hace 29 días.

"Ellos debieron de haber abierto las vías, el primer punto del acuerdo que lo anunciaron en una rueda de prensa, y ni siquiera eso cumplieron", enfatizó.

Enseguida, la Conaie respondió que las declaraciones del ministro Reimberg "constituyen una amenaza abierta y un intento de justificar la represión". 

"Ese discurso prepara el terreno para falsos positivos, atentados de falsa bandera y montajes destinados a culpar y deslegitimar al movimiento indígena y al paro", acotó.

De esta manera, la Confederación responsabilizó al Gobierno "por cualquier hecho de violencia o provocación orquestada para silenciar la protesta, infundir miedo y fracturar la unidad popular".

La Conaie exigió este lunes 20 de octubre el "fin de la represión" por parte del Gobierno de Daniel Noboa y pidió que el movimiento indígena sea reconocido como "un interlocutor legítimo" para el diálogo. 

"La CONAIE reafirma su voluntad política de diálogo verdadero y su disposición a un cese a la confrontación, pero no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas por la represión. Exigimos el fin de la violencia estatal y el reconocimiento del movimiento indígena como interlocutor legítimo", dijo en un comunicado.

El pronunciamiento se da después de que el Ejecutivo cancelara la instalación de mesas de diálogo con organizaciones indígenas de Imbabura, a las que acusó de incumplir el acuerdo para abrir las vías en esta provincia.

La organización indígena acusó al Gobierno de represión, a través de mecanismos como la detención de manifestantes, cierre de medios comunitarios, bloqueo de cuentas de organizaciones, entre otras, por lo que remarcó que "no existen condiciones para dialogar mientras continúe" esta situación,

"El Gobierno de Daniel Noboa cierra toda posibilidad de diálogo real, mientras cumple con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, a costa del sufrimiento del pueblo y del aumento de la pobreza", añadió.

El alcalde de Antonio Ante (Imbabura), César Escobar, indicó que solo en este cantón se registran pérdidas de USD 15 millones debido al paro, por lo que el Municipio ha planteado medidas económicas para los ciudadanos, como no cortar los servicios por falta de pago.

"Hoy nos toca cambiar la planificación, lo que ha sucedido hace que todo paremos, reenfoquemos nuevamente para apoyar a los afectados", expresó el alcalde en una entrevista con Teleamazonas.

Escobar aseguró que se han realizado tres diálogos hasta ahora, con el fin de encontrar una solución al paro. "Hubo acuerdos (entre organizaciones indígenas y el Gobierno), luego también desacuerdos entre los dirigentes y algunas de las bases. Y eso nos ha entrampado nuevamente en esta situación"

"Para sentarse en una mesa hay que tener la voluntad de ceder, también de encontrar los mecanismos de intermediación que permitan dar una solución, porque tanto las personas que están movilizadas, como las personas que no lo están, viven momentos angustiantes acá en Imbabura"

César Escobar, alcalde de Antonio Ante

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció la mañana de este lunes sobre las manifestaciones. "Es indispensable que el gobierno y los manifestantes encuentren una solución duradera basada en el diálogo", escribió en una publicación en X.

Aseguró que la Municipalidad de Quito ha recibido muchas solicitudes para el sistema de salud, "principalmente niñas, niños y adultos mayores con problemas respiratorios, crisis de pánico y angustia". 

Muñoz ofreció desplegar un equipo de especialistas en salud, salud mental y desarrollo infantil para atender a las familias.

Este lunes, Imbabura amaneció con 11 vías cerradas, tanto las que conectan a los cantones como varias carreteras internas. A lo largo de la Panamericana Norte hay tramos bloqueados con piedras, troncos de árboles o montículos de tierra.

Esa situación impide el normal abastecimiento de productos en Imbabura y en los últimos días el Gobierno ha movilizado helicópteros con alimentos, medicinas y cilindros de gas doméstico.

Imbabura lleva casi 30 días aislada. En ciudades como Otavalo aún hay negocios cerrados y poco movimiento de personas, mientras que las clases presenciales están suspendidas en varias unidades educativas. 

Los cinco pueblos kichwas emitieron un comunicado en el que ratifican su "compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo con el Gobierno nacional" sobre la base de los puntos acordados en la reunión del 16 de octubre.

"Hacemos un llamado firme y responsable al Gobierno nacional a retomar de manera inmediata el diálogo, en el marco del respeto a la democracia, la Constitución y los derechos humanos, a fin de evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre el pueblo y la Fuerza Pública", dice el comunicado difundido la noche del 19 de octubre.

Pero también resolvieron mantener la movilización "ante el incumplimiento del Gobierno nacional respecto a la de militarización de los territorios comunitarios y la liberación de los 12 detenidos de Otavalo, condiciones indispensables para continuar el proceso de diálogo".