Defensa de Pedro Abril, director de la ANT, apela la prisión preventiva alegando falta de pruebas
Tras la orden de prisión dictada el 31 de enero en el caso Jaque, la defensa del director de la ANT, Pedro Abril, presentó una apelación argumentando que la Fiscalía no probó el riesgo de fuga ni presentó evidencias claras de su vínculo con la delincuencia organizada.

Pedro Abril, director de la ANT, durante una reunión con representantes del transporte de carga pesada, el 29 de septiembre de 2025, en Guayaquil.
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La defensa legal de Pedro Abril, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), no perdió tiempo tras el dictamen judicial en su contra. Apenas notificada oralmente la orden de prisión preventiva en su contra, el funcionario interpuso formalmente un recurso de apelación.
Este recurso jurídico busca revertir la medida cautelar dictada en el marco del caso Jaque, alegando que la decisión vulnera garantías básicas del debido proceso y estándares internacionales de derechos humanos.
En el escrito presentado por el abogado Marcelo Icaza Díaz, la defensa argumenta que la Fiscalía falló en justificar la necesidad y proporcionalidad de la privación de libertad, incumpliendo los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal.
Además, según Icaza Díaz, el ente acusador no logró acreditar la existencia de un riesgo procesal real, es decir, no demostró que existiera peligro de fuga ni riesgo de que Abril obstaculice la investigación en curso, elementos indispensables para dictar una medida como la prisión.
La estrategia de la defensa también ataca el fondo de la imputación inicial. El recurso sostiene que la Fiscalía no presentó elementos de convicción claros y suficientes que vinculen directamente a Abril con el delito de delincuencia organizada, cuestionando la solidez de las evidencias que lo señalan como líder de la supuesta red de corrupción.
Mientras la ANT permanece intervenida y con sus servicios paralizados bajo la nueva, el caso Jaque avanza a nivel judicial. Por ahora, Abril es el único de los nueve procesados detenidos que apeló esa decisión. Se los investiga por cobros ilegales relacionados con trámites de tránsito.
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