Presidente Daniel Noboa renueva estado de excepción en nueve provincias por "reconfiguración de grupos delictivos"
En esas localidades la actividad delictiva "continúa activa", según informes militares y policiales. Tres cantones del país tendrían fuertes disputas territoriales entre bandas criminales.

Operativo de seguridad de las Fuerzas Armadas en Quito el 17 de febrero de 2026.
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Fuerzas Armadas.
Autor:
Redacción Primicias
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El presidente Daniel Noboa decretó la noche de este 28 de febrero, desde Olón, en Santa Elena la renovación por 30 días más del estado de excepción en 9 provincias y tres cantones en donde persistiría una grave conmoción interna.
Esto, con base a informes técnicos proporcionados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el periodo enero y febrero de 2026.
Estos concluyen que "la amenaza criminal, la reconfiguración de grupos delictivos y la violencia de alta intensidad persisten focalizadas" en determinadas jurisdicciones. Estas son:
- Guayas.
- Manabí.
- Santa Elena.
- Los Ríos.
- El Oro.
- Pichincha
- Esmeraldas.
- Santo Domingo de los Tsáchilas.
- Sucumbíos.
- Echandía, en Cotopaxi.
- La Maná, Cotopaxi.
- Las Naves y Echandía, en Bolívar.
En todas esas localidades, tanto policías como militares señalan que la violencia criminal "continúa activa y mantiene su capacidad de afectación".
A eso se suma que en provincias como El Oro los homicidios intensionales habrían incrementado en un 110% y las disputas criminales en los cantones La Mana, Echandía y Las Naves "evidencias una expansión operativa y territorial sostenida de estas estructuras delictivas".
El territorio de Santo Domingo estaría fragmentado entre los grupos delictivos los "R"; Choneros; Lobos; Chonekiller, Lagartos y Tiguerones. En Pichincha predominan los "R" que operan en el noroccidente y Los Lobos que se distribuyen en toda la provincias, según las justificaciones del decreto.
Además, se decretó la suspensión de los derechos de inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad de correspondencia, respetando las limitaciones y parámetros determinados por la Corte Constitucional (CC).
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