Tras revés en la consulta popular, la mayoría oficialista en la Asamblea 'desempolva' agenda legislativa propia
Las leyes económicas urgentes serían, otra vez, el 'as' bajo la manga del gobierno de Daniel Noboa. Un acercamiento con la Corte Constitucional no es descartado por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional del jueves 20 de noviembre de 2025.
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Ha pasado una semana desde la derrota del oficialismo en la consulta popular y referéndum, y la Asamblea Nacional aún procesa el rol que jugó, directa o indirectamente, en el revés electoral del domingo 16 de noviembre.
Aunque la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) mantiene la tesis de que los resultados electorales no se tratan de que alguien ganó o perdió, puertas adentro se plantea ajustes al trabajo legislativo, especialmente en la construcción de leyes.
El primer paso lo dio el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, al reconocer que pudo haber errores en el trámite de las primeras normativas, la mayoría económicas urgentes, tratadas por este organismo.
Eso provocó que, por ejemplo, leyes como la de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública sean declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. En tanto que, los efectos de la Ley de Inteligencia siguen suspendidos a la espera de un pronunciamiento definitivo de los jueces constitucionales.
Y eso abrió una disputa del Gobierno y la Asamblea, dominada por Acción Democrática Nacional (ADN), contra la Corte Constitucional (CC) que incluyó una movilización en Quito y Guayaquil y la exposición de los rostros de los jueces, que no fue muy bien recibida por parte de la ciudadanía.
El 17 de noviembre, un día después de la consulta, Olsen —asumiendo el rol de vocero del oficialismo más que de presidente del Legislativo— se mostró abierto a entablar canales de diálogo con la CC no solo como Asamblea, sino como "proyecto político", lo que incluiría al propio gobierno de Daniel Noboa.
"Se han rectificado muchos errores por parte de la Asamblea en los últimos tres meses. Efectivamente, los primeros proyectos de Ley fueron declarados, por diferentes razones, inconstitucionales y en los últimos hemos mejorado la técnica legislativa y estamos rectificando", aseguró Olsen al programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas.
Aunque esa aparente predisposición de Olsen no llega a todos. Otros legisladores del oficialismo, como Inés Alarcón, que preside la Comisión de Seguridad, insisten en defender el trabajo legislativo y acusan a los jueces constitucionales de haber tomado decisiones sin tener en cuenta las necesidades reales de Ecuador.
"No es lo mismo estar sentados en un escritorio y bajarse de un plumazo las leyes a conocer el territorio y conocer lo que está viviendo el país"
Inés Alarcón
Por eso aunque dice que el resultado de las votaciones fue "sorpresivo", el oficialismo, que tiene una mayoría legislativa relativamente sólida, ya piensa en las leyes que podrían suplir las preguntas negadas en el referéndum y la consulta popular.
Especialmente, por la imposibilidad de contar con una nueva Constitución que cree un marco legal ajustado al proyecto del presidente Daniel Noboa, quien deberá seguir operando con la Carta Política de 2008.
Con el tiempo en contra

En ADN hay cautela a la hora de especificar en qué normativas trabajarán para hacer frente a la negativa en las urnas a que se cree un nuevo marco jurídico.
El 18 de noviembre, la jefa encargada de la bancada de gobierno, Mishel Mancheno, dijo que el mensaje de los ecuatorianos al votar por el 'No' es que el país debe seguir trabajando con las herramientas legales vigentes y reconoció que eso les obligar a replantearse.
Pero también, recordó que la Asamblea tiene una agenda legislativa propia que debe ejecutar, en el siguiente año y medio que le queda de vigencia a esa propuesta avalada por todas las fuerzas políticas.
Esta fue aprobada el 2 de julio y contiene cinco ejes en temas como seguridad ciudadana; desarrollo social; desarrollo económico y productivo; infraestructura, recursos naturales y medio ambiente; y eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción.
Esto incluye la aprobación de unos 50 proyectos de ley que en su mayoría son reformas a normativas vigentes como el Código Orgánico Integral Penal (COIP); al Código del Trabajo; reforma a la Ley de Minería; o al Código de la Función Judicial.
Alarcón es más concreta. Dice que la Comisión de Seguridad avanza, por ejemplo, con un proyecto sobre el Sistema Penitenciario que incluye requisitos y capacitación para guías penitenciarios.
Sobre la imposibilidad de establecer bases militares extranjeras para luchar contra la inseguridad, como planteaba una de las preguntas del referéndum, Alarcón considera que se podrá suplir con las "buenas relaciones" que ha logrado el presidente Noboa con otros países.
"Era una herramienta fundamental para la seguridad nacional, perdimos una oportunidad importante para fortalecer este aspecto, pero hay que seguir trabajando por la seguridad y reconocer el trabajo del presidente en cooperación internacional", agregó Alarcón.
Sin embargo, en ADN advierten que todas estas reformas, que se pudieron incluir en una nueva Constitución, tomarán tiempo, un promedio de seis meses o un año, en el mejor de los casos, para tramitarlas por los canales legislativos regulares.
Con la mirada en las leyes urgentes

Otra herramienta de la que muy probablemente echará mano el gobierno de Daniel Noboa, es la presentación de nuevas leyes con carácter de urgentes en materia económica.
Desde su posesión, el 24 de mayo de 2025, Noboa ha enviado seis propuestas normativas de este tipo, prácticamente una por mes y todas han sido aprobadas por la mayoría que mantiene ADN y sus aliados.
Sin embargo, dos de estas, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, fueron declaradas inconstitucionales, especialmente por la inclusión, al ultima hora de temas, que nada tenían que ver con lo económico, rompiendo la unidad de materia.
Otras tres: la ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, la de Transparencia Social y la de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia enfrentan demandas de inconstitucionalidad sobre las que la Corte Constitucional deberá pronunciarse.
Solo la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que fue la última enviada, y se aprobó el 23 de octubre pasado, con 82 votos, no ha sido cuestionada por el momento y ya cuenta con un reglamento.
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