Corte Constitucional acumula atrasos con sus dictámenes sobre las decisiones del presidente Daniel Noboa

Los pronunciamientos de la Corte Constitucional (CC) sobre las medidas, leyes o planes del Ejecutivo empiezan a demorar. Por ejemplo, por primera vez dos estados de excepción firmados por el presidente Daniel Noboa pasaron sin que los magistrados califiquen su constitucionalidad.

Se trata de los Decretos Ejecutivos No. 174 y 175. El 174 fue la respuesta del Ejecutivo tras la modificación de su primera medida por el paro nacional: en esa oportunidad la Corte sí limitó el alcance del estado de excepción y la militarización de provincias en medio de las movilizaciones iniciales.

Esto no sucedió con el decreto 174, ordenado el 4 de octubre. La decisión del presidente no tuvo respuesta de los magistrados, pese a que la militarización y represión de la protesta fue creciendo y generó múltiples denuncias de posibles violaciones de derechos humanos, incluso de organismos internacionales.

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Así, el presidente Daniel Noboa impuso el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. Más de dos semanas después, las movilizaciones terminaron, para evitar los violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden, que dejaron tres civiles muertos.

Finalmente, el mismo Ejecutivo derogó la medida el 26 de octubre, sin que la Corte Constitucional se pronunciara al respecto.

Mientras tanto, el decreto 175 imponía una renovación de 30 días del estado de excepción, por la inseguridad, en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía. La orden del Mandatario llegó el 5 de octubre y expiró por sí sola el 3 de noviembre. Tampoco hubo dictamen.

Este 4 de noviembre, el presidente Noboa retomó el régimen de excepción para cinco provincias y tres cantones, por la crisis de inseguridad que su gobierno no ha podido contener y que apunta a que 2025 se convierta en el año más violento de la historia de Ecuador, si la tendencia se mantiene.

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Esto pese a los constantes estados de excepción, que suman ya 549 días de vigencia desde que el Mandatario asumió el poder, hace poco menos de dos años, el 23 de noviembre de 2023.

Las otras medidas que esperan pronunciamiento

Este cambio de ritmo en la Corte Constitucional, que había dado de baja estados de excepción injustificados, leyes aprobadas de manera inconstitucional y había llamado la atención al presidente Noboa, llega después de una intensa campaña del Gobierno en contra de los magistrados.

No solo se expusieron sus rostros en gigantografías desplegadas en las avenidas de Quito, sino que hubo marchas, un intento de arrebatarles el edificio donde funciona el máximo tribunal del país, un desalojo por la fuerza pública bajo una supuesta amenaza de bomba, señalamientos y acusaciones incongruentes en entrevistas y redes sociales.

A esto se sumaron las incesantes propuestas del Mandatario para reformar la Constitución y quitarles poder o evitar que sean un contrapeso a las acciones del Ejecutivo, exclusivamente. Y el discurso presidencial se ha concentrado en acusarlos de interferir con sus funciones, esquivando las competencias que sí debe cumplir la Corte.

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En medio de ese contexto, quedó en el aire el seguimiento al dictamen de febrero, justamente sobre el uso excesivo de los estados de excepción, que en Ecuador ya son parte de la cotidianidad. La Corte había exigido la creación de una comisión interinstitucional, bajo su seguimiento, para que el Ejecutivo tome medidas que ataquen las raíces de la violencia.

Además, después de la declaratoria de inconstitucionalidad de las polémicas leyes de Integridad Pública y Seguridad Nacional, el 26 de septiembre, la Corte no ha avanzado en el análisis y sentencia de la también cuestionada Ley de Inteligencia: las demandas en contra de esta norma empezaron a ingresar apenas días después que las de las otras dos.

Y, a esa lista empiezan a sumarse también las nuevas leyes del oficialismo: de Transparencia Social y de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que en conjunto suman otras 18 demandas de inconstitucionalidad en su contra.

Y como lo ha mencionado varias veces el mismo presidente Noboa, los magistrados tampoco se han pronunciado sobre el paquete de cuatro enmiendas constitucionales planteado el 9 de septiembre. Aunque la Corte sí se pronunció sobre las otras tres propuestas de ese mismo mes:

• Tres preguntas de consulta popular: permitir el funcionamiento de casinos, una reforma electoral para prohibir el uso de la imagen de corruptos y expedir una nueva ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Las dos últimas fueron negadas.
• Reforma constitucional: reducción de asambleístas. Fue calificada.
• Consulta popular: Asamblea Constituyente. Fue calificada en el segundo intento, tras corregir parte de la propuesta.

Aunque, finalmente, el mismo Mandatario optó por no convocar a la consulta sobre los casinos y mantener la papeleta del 16 de noviembre con cuatro preguntas, que temas como las bases militares extranjeras, el financiamiento estatal de las organizaciones políticas, la reducción de asambleístas y la constituyente.

E incluso esta última propuesta, que está por llegar a las urnas, espera que los magistrados se pronuncien ante las 14 demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 153, con el que Noboa convocó a la ciudadanía a esa consulta popular.