El 'No' se impone en la pregunta sobre financiamiento a organizaciones políticas, en la consulta popular y referéndum

El afán del presidente Daniel Noboa de modificar las reglas del juego electoral otra vez recibió un revés en las urnas. Con el 95% de actas escrutadas, el 58,07% de ecuatorianos rechazó la intención de eliminar el financiamiento estatal que reciben los principales partidos y movimientos políticos nacionales.

La segunda pregunta del  referéndum del 16 de noviembre de 2025 buscaba modificar el artículo 110 de la Constitución, sobre el Fondo Partidario Permanente (FPP), que entrega recursos públicos anuales exclusivamente a las organizaciones políticas nacionales que cumplen con ciertos requisitos.

Los votantes decidieron mantener el principio democrático que ha existido en las leyes ecuatorianas desde el fin de la dictadura en 1979. Se trata del derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos, sin que los recursos económicos sean un factor determinante para la participación.

Esta regla, que se estableció en la Ley de Elecciones y Partidos de 1978 y en la Constitución de 1979, para financiar a los partidos y sus campañas, se ha mantenido con algunos cambios durante 46 años, pese a las reformas electorales de los gobiernos de turno y a las tres asambleas constituyentes.

La propuesta que no prosperó

Aprovechando la languidez y deslegitimación del sistema de partidos ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa planteó una modificación constitucional para eliminar todo el financiamiento de la política, bajo el argumento de que los partidos políticos son como "mosquitos que te rondan llevándose tu plata".

En la propuesta inicial, el Mandatario apuntó a la eliminación del Fondo Partidario Permanente y del Fondo de Promoción Electoral (FPE). Sin embargo, debido a los errores del Ejecutivo, la Corte Constitucional (CC) dio paso solamente a la discusión del primer punto.

El Fondo Partidario permite que las organizaciones políticas no dependan solo de los aportes de sus afiliados o adherentes permanentes y les otorga con un incentivo estatal para capacitaciones y formación de su militancia, así como para su funcionamiento institucional, pero con el límite de máximo el 30% en ese rubro.

Es un monto general que se divide entre la mayoría de agrupaciones políticas nacionales (85%) y el Instituto de la Democracia (15%) y proviene de las multas recaudadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y de contribuciones suplementarias del Presupuesto General del Estado.

La cantidad de recursos que recibe cada partido o movimiento cambia de año a año porque depende de dos factores. El 50% del fondo se divide entre todas las organizaciones y el otro 35% se reparte de manera proporcional al número de votos obtenido por cada una en las últimas elecciones. El 15% restante es para el Instituto de la Democracia.