"Me disparó a la cabeza y escuché el ‘clic’, pero el arma se encasquilló"; exfuncionaria dice que la Judicatura le ignoró tras recibir amenazas

El caso de Samantha Lozada, exdirectora de la Judicatura en Orellana, muestra crudamente lo que está ocurriendo en la justicia ecuatoriana. La exfuncionaria judicial fue objeto de una persecución sistemática del crimen organizado y denuncia que el Estado no la protegió. 

Aunque el Consejo de la Judicatura (CJ) publicó un comunicado oficial el 5 de enero de 2026 afirmando que gestionó protección inmediata y que su renuncia fue un proceso regular conforme a la normativa, el testimonio de la víctima contradice esta versión.

Esta situación refleja un patrón alarmante que se asemeja al caso del juez Carlos Serrano, quien enfrentó el retiro de su seguridad y presiones tras sentenciar a un narcotraficante serbio, quien presuntamente fue defendido por la esposa y exsocio de Mario Godoy, presidente del CJ.

En ambos casos, surge la sombra de una gestión institucional que parece dejar en la desprotección a quienes enfrentan al crimen organizado desde la función judicial.

Testimonio de Samantha Lozada:

"Mi caso de persecución empezó el 12 de abril de 2024, cuando me posesionaron como directora provincial de Orellana (en el Consejo de la Judicatura). En ese entonces, la provincia empezaba a afrontar la realidad de un crimen organizado que se hacía visible a través del tráfico de combustibles, la minería ilegal y el tráfico de drogas. Orellana, que era un pueblo tranquilo, empezó a llenarse de sicariatos y homicidios.

Pronto me percaté, por denuncias y el malestar ciudadano, de que los procesos por tráfico de combustible no se judicializaban. Ni siquiera pasaban la audiencia de flagrancia. Revisé y encontré tres procesos gigantes, de hasta 300.000 galones, que se caían porque la Unidad de Hidrocarburos de la Policía (UIDH) no llegaba a tiempo para hacer las pruebas preliminares.

Sin determinar si era diésel, gasolina o aceite, no había delito y los detenidos salían libres al día siguiente. Ante esto, levanté alertas en las mesas de justicia con la Gobernación.

Le pedí que, por su línea directa con el Ejecutivo, gestionara la creación de una unidad de hidrocarburos propia para Orellana, porque los militares estaban exponiendo sus vidas para que al final ni siquiera hubiera audiencia. Incluso fuimos a Sucumbíos a pedir que nos prestaran su unidad técnica, pero nada sucedió.

Al regresar de esa reunión en Sucumbíos, un amigo cercano llegó asustado, casi llorando, a decirme: “Te mandan a decir que todo lo que tú dices en la gobernación lo sabe el 'Topo'”. En ese momento, 'Topo' (mano derecha de 'Fito', cabecilla de Los Choneros) estaba asentado en las minas de Punino. 

Me advirtieron que me iban a matar si seguía hablando, porque la gobernadora les había dicho que la única que "jodía" por los combustibles era la de la Judicatura. Yo apenas tenía semanas en el cargo. Denuncié el hecho y mi primer examen de riesgo arrojó un 61% de peligrosidad. Me asignaron custodios, pero solo llegó uno, quien advirtió en sus partes policiales que no podía defenderme solo, especialmente en sus días libres.

Así llegamos al 27 de septiembre de 2024. Mi custodio estaba de franco y yo estaba sola con mi padre buscando generadores eléctricos por los cortes de luz.  Mi hermano nos llamó desesperado para que fuéramos a casa porque nos iban a matar.   

Resulta que en su restaurante, unas personas le reprodujeron un audio de WhatsApp de un "chonero" detenido por tráfico de armas de alto calibre. En el audio decía que “esa perra ya estaba muerta”, porque el fiscal de su causa ya les había pedido USD 30.000 para ayudarles, pero les había advertido que la única que insistía en el caso era yo.

El plan era que esa noche, cuando se fuera la luz. Los Comandos de Frontera -que servían como brazo armado de Los Choneros- entrarían a mi casa para asesinarme. Sabían que andaba con un policía y por eso no me mataban en la calle, para evitar que detuvieran a sus sicarios. 

Dijeron que, si no me encontraban, matarían a mi familia uno a uno para que, cuando yo fuera a los velorios, me asesinaran frente a todos.

Llamé inmediatamente a la Judicatura. Como ya no estaba el doctor Álvaro Román, contacté a la doctora Solanda Goyes para decirle que iba a renunciar. Esa noche mi casa se llenó de policías e inteligencia; durmieron afuera de mi habitación.

Al día siguiente, la Policía me dijo que no podían garantizar mi vida en la provincia y salí en el primer vuelo comercial a Quito. Al llegar, volvieron a llamar a mi hermano para decirle que ya sabían dónde estaba porque la misma Policía les había informado. 

Empezaron a extorsionarnos: pidieron que no tocáramos al fiscal ni al notario porque eran 'compas' de ellos, enviaron fotos de mis sobrinos y me ofrecieron dinero o la propiedad que yo quisiera en la Notaría Tercera de Orellana a cambio de mi ayuda. Nunca les hicimos caso.

En Quito me dieron disposición de teletrabajo, pero mi vida era un caos. Tenía cinco custodios con armas largas, pero no tenía vehículo blindado. A veces me tocaba ir en Uber con hombres armados al lado; los taxis no me querían parar. 

Así viví un año. Mientras tanto, en el Consejo de la Judicatura, la situación era hostil. En una rendición de cuentas en 2025, frente a los 24 directores, denuncié con nombres las amenazas y cómo los jueces de Sucumbíos afectaban los procesos de Orellana. El presidente Mario Godoy me pidió que le enviara todo por correo de forma confidencial, pero nunca me dio respuesta.

Toda esta presión me causó depresión, ansiedad severa y estrés postraumático; tomo medicinas a diario. Informé esto al IESS como una enfermedad profesional, pero la respuesta de la Judicatura fue que, si se determinaba responsabilidad patronal, yo misma tendría que pagar por ser la representante legal en Orellana.

 Me dijeron que yo era la responsable de mitigar los riesgos, como si yo tuviera que ir a mediar o a tiros con los grupos de delincuencia organizada.

En agosto de 2025, un juez declaró la nulidad del proceso del 'Topo' y lo liberó. La Corte Provincial declaró el error inexcusable del juez y yo solicité su suspensión inmediata preventiva. Envié el pedido a Mario Godoy, quien decide el orden del día del Pleno, pero hasta el día de hoy esa solicitud no se ha atendido y el juez sigue trabajando.

Cuando Mario Godoy asumió la presidencia, nos pidió la renuncia a todos los directores. Yo puse mi cargo a disposición, pero le advertí que estaba en una situación de doble vulnerabilidad por ser sobreviviente de violencia y tener una enfermedad profesional. 

Sabía que venían por mí porque un abogado, a quien yo había sancionado previamente por ejercer de forma privada siendo funcionario público, estaba pidiendo información sobre mis movimientos. Este abogado fue salvado por el Pleno con el voto de Mario Godoy y Yolanda Yupangui.

El 22 de octubre decidí volver unos días a Orellana para intentar estabilizar mi salud mental. Fui con mi padre a comprar unos materiales y, a los 10 minutos de salir, en un semáforo en rojo, se acercó una moto con dos personas. 

Vi al acompañante sacar un arma gris. Pensé que era un robo, pero fue directo: me disparó a la cabeza, escuché el 'clic', pero el arma se encasquilló. Me boté a los pies de mi padre mientras el sicario seguía disparando hacia mi espalda y estómago. 

Mi papá le gritaba que no me matara y el tipo le apuntó a la cabeza, pero el arma seguía trabada. En un punto vi cómo se le cayó el cargador al piso. El sicario lo recogió, lo puso de nuevo y empezaron a salir los tiros. 

Mi papá empezó a zigzaguear en retro; según balística, fueron ocho disparos. Tres impactaron el carro: uno en el parabrisas que le rozó la mano a mi padre, otro en el guardachoque y el último en la llanta. Cuando el carro se frenó, nos agachamos pensando que íbamos a morir, pero los sicarios se fueron.

Me escondí en casa de una vecina mientras veía a mi padre sangrar. Llamé a la persona de Transparencia de la Judicatura para decirle que me acababan de disparar y solo me respondió: “Ahora le aviso al doctor Marito”. 

Segundos después, Godoy envió un mensaje general por WhatsApp condenando el ataque, pero nunca me llamó ni se sensibilizó. La directora de comunicación me llamó, pero solo para pedirme que le contara la historia porque necesitaban tener el dominio de la noticia.

Pedí ayuda para salir de la provincia. El Ministerio de Defensa negó un helicóptero y el Ministerio del Interior dijo que no tenían carros blindados disponibles. Tuve que esconderme en una finca hasta que, al día siguiente, un General de la Policía me sacó en su propio vehículo blindado por "buena gente".

El 27 de octubre me reuní con la asesora de Godoy; él no me quiso atender. Me dijeron que era muy joven, que debía renunciar y que "para qué estaba en ese cargo". Les pedí que me movieran a otra provincia para protegerme, pero no hicieron nada. 

El 29 de octubre me enteré por Facebook que al día siguiente el Pleno trataría la "aceptación de mi renuncia". El 30 de octubre a las 7:30 de la mañana aceptaron mi renuncia presentada el 24 de septiembre; nadie me dio las gracias. Una hora después, me llamaron mis custodios para decirme que ya no podían protegerme porque ya no era funcionaria.

Desde entonces, he sufrido ataques de trolls. El más indignante decía que yo cobraba miles de dólares por avisar sobre allanamientos y que, por mi culpa, mataron a militares. Me dejaron sin trabajo, sin custodia y sin honor. Human Rights Watch y las Naciones Unidas enviaron cartas a Mario Godoy pidiendo mi protección desde diciembre de 2024, pero él nunca respondió.

Gracias a Human Rights Watch y a la Unión Europea, hoy tengo una visa de persona internacionalmente protegida y estoy solicitando asilo. 

A pesar de que intentan llamarme "falsa", tengo todo documentado. Responsabilizo directamente a quienes me han dejado en la desprotección por cualquier cosa que nos pase a mi familia o a mí, especialmente ahora que han vuelto las amenazas contra mi hermano y mi madre.