"Sercop ha sido ineficiente, sin perjuicio de que también pueda haber corrupción", dice el Secretario Jurídico sobre reforma urgente

La segunda reforma económico urgente del Gobierno plantea una serie de reformas puntuales al Sistema Nacional de Contratación Públicas y su ente rector, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). El principal objetivo es la modernización y la simplificación del área.

Así lo explica el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, en una entrevista con PRIMICIAS, el 29 de mayo de 2025. Desde su despacho en Carondelet, el funcionario afirma que si la contratación pública está bien, los servicios públicos también lo estarán.

Además, el Secretario señala que la cantidad de tipos de contratación existentes y de regulaciones son un problema que abruma y confunde a los servidores públicos. Por ello, un punto clave de la reforma planteada por el Ejecutivo es dejar solo "los más importantes".

• El Gobierno quiere reducir los procesos de contratación pública y simplificar el sistema

Esto, según Andino, implica las licitaciones, las subastas electrónicas inversas y la ínfima cuantía, manteniendo algunas otras excepciones. Esto dependerá del interés de la entidad contratante, porque "no en todos los casos lo más barato es lo mejor", sostiene.

El sistema, como está, hace que ni los proveedores, ni las empresas quieran saber de contratación pública, cuando esto "tendría que ser fácil, digerible, democrático, sin complicaciones", enfatiza el secretario Jurídico. 

"La idea es traer más proveedores, porque me ayuda a obtener mejores precios", dice Andino y lamenta que no se pueda reformar toda la Ley, para quitar todas las trabas contractuales, pero debido a la premura del Gobierno, debieron limitarse a las reformas por urgencia económica.

¿Cuál es el problema central del actual sistema?

Nuestro sistema permite contratar obras, servicios y consultorías. Pero para cada uno de ellos existe un tipo de procedimientos. Por ejemplo, en el caso de obras, la menor cuantía permite contratar hasta USD 200.000, la cotización hasta USD 1 millón y la licitación cuando supera el millón.

Para servicios tenemos lo mismo: menor cuantía, cotización, licitación y subasta inversa. Hasta ahí ya tenemos siete tipos de contratación. Y hay que sumarle la ínfima cuantía para servicios y para bienes.

Pero después vienen también las consultorías. Tenemos contratación directa hasta USD 60.000, es decir que el direccionamiento es legal. La lista corta hasta los USD 400.000, donde se invita a seis proveedores y resulta un direccionamiento controlado. Y sólo luego de los USD 400.000 tengo un concurso público.

Por ejemplo, en esta parte, con la reforma se está eliminando los dos primeros. No hay justificación para direccionar los procesos de consultoría de montos bajos. Mientras que en obras y servicios se está eliminando la menor cuantía y la cotización. Solo quedará la licitación para servicios y la ínfima cuantía.

¿Qué pasa con los tipos de licitación específicos, por ejemplo la de seguros?

¿Qué es una licitación? Es un proceso en donde yo puntúo las características de la oferta, punto. Para qué voy a utilizarla, eso es otra cosa. Pero no tiene por qué haber tres o cuatro tipos de licitación.

Por ejemplo, actualmente, para contratar un servicio tenemos la menor cuantía, cotización, licitación, ínfima cuantía y subasta inversa. Pero, a esto se añade la complejidad de que la Ley dividió los bienes y servicios en normalizados y no normalizados.

Es decir, tenemos 10 tipos de contratación por cada uno (bienes, obras y servicios). Y esto solo en el régimen común. Porque hay las ferias inclusivas también y el régimen especial.

Pero el régimen especial no se lo topa en la propuesta de reformas.

El régimen especial se diferencia por la complejidad del mercado, por lo que no se pueden regular en general, y por lo tanto los regula el Presidente de la República. Y por eso ha sido satanizado en el país y se lo ha visto como un direccionamiento, pero no es tanto así.

Ahí están fármacos, seguridad, comunicación, asesoría jurídica, correo, obras artísticas, empresas y entidades públicas, promoción turística, sectores estratégicos, banca pública, instituciones de educación superior. Todos ellos tienen regulaciones específicas.

Pero el régimen especial no está topado porque el Presidente lo ha manejado en el Reglamento, hemos hecho reformas importantes. Lo hemos puesto en orden.

Esta reforma tiene un enfoque de golpear directamente a la delincuencia organizada. Estamos simplificando, con un enfoque de ahorro y con eficiencia administrativa.

Tampoco se topan otros tipos de contratación cuestionados, como las emergencias.

Nos hemos centrado en los tipos de contrataciones del día a día, que son los bienes, obras y servicios. Y la mayor cantidad de dinero está en el régimen común y en la menor cuantía.

Por ejemplo, la menor cuantía de obras se adjudica por sorteo, no hay ofertas; por lo tanto, no hay ahorro. Solo en 2024, se lanzaron USD 257 millones por ínfima cuantía y se adjudicaron los mismos USD 257 millones. 

Mientras que en licitación se arrancó con USD 768 millones de presupuesto referencial y se adjudicó en USD 699 millones, es decir, USD 68 millones de ahorro. Y la subasta inversa se ahorraron USD 247 en total. Por eso este tipo de procedimientos son los que hay que fortalecer y darles mayor importancia.

Pero, ¿cómo se van a evitar los problemas con las subastas con uno, dos o pocos oferentes, que permiten la corrupción?

La subasta tiene dos momentos: uno en el que califican requisitos mínimos y otro en la puja. ¿Cuál es la trampa ahorita? En los requisitos mínimos pongo el direccionamiento y no dejo pasar a todos los proveedores. Así llegan a la puja uno o dos.

Por eso lo más importante es que la reforma bloquea el candado actual, con el que la Ley me dice qué procedimiento utilizar y me impide implementar el mejor valor por dinero. Ya no habrá procesos específicos para obras, bienes o servicios, ni servicios normalizados o no normalizados.

El comprador público elegirá el mejor mecanismo y todos serán abiertos, no habrá ninguno que se pueda direccionar.

¿Qué va a pasar con los tiempos de contratación? El Gobierno ha dicho que pretende reducirlos.

Aquí hay que evaluar. Son varios factores los que demoran. Uno de ellos es que los servidores públicos no están siendo evaluados por esa efectividad. Por eso hay unos artículos que reforman la Ley de Servicio Público.

Entonces hay que verificar que los servidores públicos cumplan con las metas que están propuestas y que lleguen finalmente a contratar, para evitar la estacionalidad de la compra. Por ejemplo, al inicio del año hay muy pocas compras, pero se dispara en noviembre y diciembre, porque se lanzan a último rato.

Esto también pasa porque el servidor público no se siente seguro porque hay tantos procesos, ni hay quien evalúe al funcionario por haber cumplido o no sus parámetros. Y también pasa por el Sercop, que verifica la parte precontractual.

Por ejemplo, si llega el reclamo de un proveedor en un proceso, el Sercop lo detiene, pero no por siete días, sino que pasa suspendido por tres meses o se declara desierto. Y esto da paso a la 'típica': ¿alguien tiene un contacto en el Sercop que nos ayude a levantar eso?

El Sercop ha estado siendo totalmente ineficiente, sin perjuicio de que también pueda haber temas de corrupción.

Por eso hay que ponerle un freno al Sercop y que, cuando vaya a controlar, los criterios estén previamente establecidos y sean objetivos. Son servidores públicos que están ahí a diestra y siniestra, sin un control, sin criterio. Y la reforma les dice que se acabó la subjetividad y que el control se hará con sistemas tecnológicos.

¿Cómo garantizar que no haya discrecionalidad en quienes implementan los sistemas tecnológicos? 

Uno de nuestros objetivos como sistema nacional de contratación pública es reducir la discrecionalidad porque aquí se convierte en arbitraria. ¿A qué me refiero? La discrecionalidad es un concepto que, en algunos casos, es permitido.

Mientras otros sistemas, como el del Servicio de Rentas Internas (SRI), siguieron modernizándose y ahora ya están utilizando hasta inteligencia artificial, el Sercop se quedó ahí y trabaja con un módulo descargado, fuera de línea.

¿Hay que cambiar el sistema?

Sí, eso implica una inversión fuerte de unos USD 20 millones más o menos, para que un nuevo sistema arranque.

La reforma habla de 120 días término para cambiar el sistema, después de que se publique el nuevo Reglamento de la ley.

Vamos a seguir utilizando el mismo sistema. Es un mecanismo de coordinación, que lo validó el Sercop. Y vamos a ir poco a poco desarrollando cada módulo, el primero va a ser el de subasta.

Tenemos nuestra obligación de tener disponibilidad del sistema, si no se cae la administración pública.

En el proyecto de ley urgente se señala que el sistema deberá ser de datos abiertos, ¿cómo lo conseguirán?

El concepto de datos abierto va un poco más allá del acceso al sistema. Implicaría que yo pueda descargarme un archivo de Excel con toda la data del contrato, con lo que dice cada palabra del contrato. Eso ahora no se puede hacer.

Necesitamos un sistema de verdad y por eso hemos puesto ahí algunos mecanismos de financiamiento, aparte de la caja fiscal, que es la principal y la más importante.

Está en proceso un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, pero aun así van a faltar más recursos. No vamos a poder cubrir todo y a tiempo.

¿Es por eso que se establecen contribuciones especiales en el proyecto?

Sí, pero a los proveedores. La Ley actual ya permite cobrar una tasa de inscripción, pero nunca se ha cobrado. Aquí no estamos hablando de gratuidad, porque son proveedores del Estado, que tienen un interés económico. 

Y lo más justo es que para poder ejecutar ese interés y participar se registren, y paguen una tasa, sin afectar a los sectores que están iniciando, que son microempresas y economía popular y solidaria.

Imagínese un proveedor que se llevan una utilidad de USD 10 millones al año en todos sus contratos, ¿por qué no puede pagar una parte para el mismo sistema? La ley está buscando que esos pagos de las tasas se inviertan en el sistema.

Otro punto interesante de la propuesta de ley es que prevé eliminar toda la normativa secundaria del Sercop. ¿Cómo llenarán ese vacío que quedaría?

Eso es una pesadilla. Se le está quitando al Sercop la potestad de emitir normativa. Porque en contratación pública tenemos la Ley que, de por sí, es ya complicada, con unos 108 artículos, el reglamento con más de 200 artículos y la normativa secundaria del Sercop con otros 300 artículos.

Nuestro objetivo es que todo eso pase al nuevo Reglamento, que siempre es un decreto ejecutivo del Presidente, porque hay más seguridad jurídica. Imagínese lo que sería que el Sercop le impida al Consejo Nacional Electoral que contrate la impresión de papeletas o cambiarle las reglas a los gobiernos locales, "es muy grave y hemos estado en ese riesgo permanente".

Queremos tener el control de lo que se cambia. Haber dejado al Sercop a la deriva fue complicar más las cosas.

Esto es muy, muy dinámico. El día de mañana cambian las reglas de compra y por eso el reglamento tiene que ser el que abarque todo de este tipo de regulaciones, porque son varias. Y en un reglamento sí podemos clasificar ciertos bienes, por eso el régimen especial sí ha funcionado en términos operativos, pasó con las vacunas del Covid, porque no había normativa para comprarlas.

Finalmente, el proyecto especifica la contratación de "innovación", ¿qué implica esto?

En algunos casos, el Estado es pésimo para detectar qué necesita. Por ejemplo, para subir los datos en el proceso electoral, tal vez yo no necesite comprar 1.000 laptops. ¿Por qué? Se me van a desactualizar y de aquí tendré la misma demanda en dos años.

Entonces, tal vez lo mejor es alquilar. Esa identificación correcta de la necesidad en muchos caso, no está clara. Y lo que pretende la compra de innovación es que yo realice una contratación de la solución real, no de lo que yo creo que va a ser la solución.

Otros ejemplos claros son: qué pasa con los vehículos públicos o con las impresoras. Esos análisis no se hacen en nuestras compras públicas. Incluso permite que pueda comprar algo que aún no existe, como la inversión en investigación, para solucionar un problema.