Superintendencia de Compañías interviene Gráficos Nacionales Granasa, editora de los diarios Extra y Expreso

La Superintendencia de Compañías declaró la intervención de la compañía Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa que edita a los periódicos Extra y Expreso, en medio de una controversia por el control de una parte de su paquete accionario y que organismos que defienden la libertad de prensa ven como represalias del Gobierno.

La intervención, según el organismo de control, se da “con el objeto de supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros”, dice la resolución que fue notificada el 18 de febrero de 2026 a la empresa.

Para la intervención, el organismo de control designó a la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, quien deberá entregar informes mensuales sobre esta tarea.

La Superintendencia sostiene que Granasa está “incursa en la causal prevista en el numeral 5, del Art. 354 de la Ley de Compañías”, que guarda relación con auditorías externas y el registro de accionistas.

La resolución llega menos de tres meses después de que el organismo solicitara información sobre sus accionistas. Ni la empresa ni su abogado se han pronunciado todavía sobre esta medida.

El 29 de diciembre de 2025, la Superintendencia dispuso a Granasa que revierta el 40% de sus acciones que desde 2020 están en manos de Ingrid Martínez a la empresa Veranera SA, de la misma Martínez, firma que actualmente está en liquidación.

Entonces, Eduardo Carmigniani, abogado de la compañía, denunció un intento de control estatal a través de la Superintendencia, al desempolvar un proceso que “no tiene ninguna importancia” porque se habría cerrado hace seis años, según dijo a Teleamazonas.

A través de un remitido publicado por Expreso este 19 de febrero, Carmigniani remarcó que "Granasa no ha recibido ninguna orden judicial firme anulando la transferencia de acciones hecha a la señora Martínez hace más de seis años, el 6 de febrero de 2020. Entonces, tal transferencia no puede ser reversado sin anuencia expresa de todos los involucrados".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había atribuido el caso a "represalias indirectas" del Gobierno  contra Granasa, editora que ha acusado al presidente Daniel Noboa de buscar "doblegarla" por ser una "voz crítica a su gestión".