TCE dispone que se ejecute sentencia contra Priscila Schettini, asambleísta electa del correísmo
Priscila Schettini, asambleísta electa del correísmo, no podrá asumir su curul debido a suspensión de sus derechos políticos, tras agotar recursos en el TCE. Pretendió que su abogado la defendiera desde la cárcel, reprocha juez electoral.
Audiencia en el Consejo de Participación Ciudadana, en contra de la Fiscal Diana Salazar, por supuesto plagio de su tesis de grado, por parte de Priscila Schettini, Angélica Porras y Richard González, el 1 de junio del 2023.
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A menos de una semana de que se instale la nueva Asamblea, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso que se ejecute la sentencia contra Priscila Schettini, asambleísta electa del correísmo, quien no podrá asumir su curul porque sus derechos políticos fueron suspendidos por tres años.
La sanción responde a una denuncia por violencia política de género en contra de la fiscal General, Diana Salazar, y por la que Schettini también deberá pagar una multa de USD 22.500.
Con tres votos a favor, uno concurrente y un voto salvado (en contra), el 9 de mayo de 2025, el Pleno del TCE resolvió "dar por atendido" un recurso de aclaración y ampliación presentado por Schettini frente a la sentencia y dispuso que se ejecute la misma.
Si bien apoyó la resolución, el juez Álvaro Ojeda formuló un voto concurrente, en desacuerdo con que el ponente de esta causa, Joaquín Viteri, en respuesta a la sancionada, aludiera a una sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Gustavo Petro vs. Colombia.
Viteri subrayó que la sentencia de la Corte, en la cual se declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano, por la violación a los derechos políticos y a varias garantías judiciales de Gustavo Petro, después de que fue destituido de la Alcaldía de Bogotá en 2020, es un tema por cuestiones administrativas distintas a la situación de Schettini.
Pretendió que abogado la defendiera desde la cárcel
El juez electoral también rechazó que Schettini haya argumentado que no se le permitió actuar a su abogado y pareja, Freddy Carrión, a quien pidió que la defendiera pese a que él se encontraba recluido en una cárcel de Quito por un proceso por violación. Por lo que se le asignó un defensor público.
"Si bien las partes procesales están en libertad de designar abogados de su confianza para el patrocinio de la defensa de sus derechos en una controversia judicial, es de absoluta responsabilidad que tal designación recaiga a favor de profesionales del derecho que no se encuentren impedidos o limitados para ejercer el patrocinio, con el propósito de provocar dilación injustificada del proceso que podría constituir deslealtad procesal", puntualizó Viteri.
En su cuenta de X, la asambleísta electa divulgó una fotografía en la que posa con sus credenciales en la puerta de ingreso al Pleno de la Asamblea. Agradeció a sus votantes y dijo que seguirá luchando.
Además de Schettini, en esta causa fue sancionada la abogada Angélica Porras, con la suspensión de sus derechos políticos por dos años y una multa de USD 13.500.
Entre los argumentos para esta sentencia, el juez Viteri responsabilizó a Schettini y a Porras de haber liderado una campaña de desprestigio contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, en relación con un supuesto plagio en su tesis doctoral.
Sostuvo que esta campaña también ha sido impulsada por terceros y va más allá de la crítica legítima a una funcionaria pública, incurriendo en expresiones denigrantes, intimidatorias y violentas. Puntualizó que en esta causa no se debate si Salazar plagió o no su tesis doctoral.
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