Sanción del TCE deja fuera de la Asamblea a Priscila Schettini; Correa y González reaccionan
Priscila Schettini, asambleísta electa del correísmo, pierde sus derechos políticos por tres años y no podrá asumir el cargo tras sanción del TCE. Luisa González y Rafael Correa reaccionaron.
Priscila Schettini (izq.) y Angélica Porras (der.), en una audiencia en el Consejo de Participación Ciudadana, el 1 de junio del 2023.
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El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó este jueves, 1 de mayo de 2025, la sentencia que suspende por tres años los derechos políticos a Priscila Schettini, asambleísta electa del correísmo, denunciada por violencia política de género contra la fiscal General, Diana Salazar.
El organismo negó la apelación al fallo de primera instancia de junio 2024 sobre esta causa. Conforme a un proyecto de sentencia del juez ponente, Joaquín Viteri, Schettini fue hallada culpable de esa infracción electoral muy grave. Además, deberá pagar una multa de USD 22.500.
De los cinco jueces que componen el TCE, solamente la jueza Ivonne Coloma, quien preside el ente, votó en contra, argumentando que no se había garantizado el derecho a la defensa.
La resolución, que es de última instancia, fue aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra, a puertas de que el 14 de mayo se instale la nueva Asamblea Nacional. En la práctica, la asambleísta electa no podrá asumir su curul.
La excandidata y presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, tachó de "impresentable" y "aberrante" a la sanción contra su coidearia, al tiempo de reclamar un pronunciamiento de la Academia y gremios de abogados.
"Es aberrante que una autoridad elegida por millones de ecuatorianos sea removida del cargo de manera ilegal y aquí no pasa nada", comentó González en su cuenta de X.
Asimismo, se pronunció el máximo líder de la RC, Rafael Correa, en esta red social. "Se naturalizan los más abyectos absurdos y abusos. Ecuatorianos: ¿Esto es lo que queremos que sea nuestro país?", anotó el expresidente refugiado en Bélgica.
Correa, a su vez, expresó su desconfianza en los jueces del TCE que deberán resolver, en última instancia, los reclamos de la RC a los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde González perdió ante el presidente reelecto, Daniel Noboa.
La causa también incluye a la abogada Angélica Porras, en cuyo caso fue sancionada con la suspensión de sus derechos políticos por dos años y una multa de USD 13.500.
Schettini es esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien estuvo detenido por el delito de abuso sexual. Porras fue vocal del Consejo de la Judicatura de transición. Ambas forman parte del colectivo Acción Jurídica Popular.
"Expresiones denigrantes"
Entre los argumentos para esta sentencia, el juez Viteri responsabilizó a Schettini de haber liderado una campaña de desprestigio contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, en relación con un supuesto plagio en su tesis doctoral.
Sostuvo que esta campaña también ha sido impulsada por terceros y va más allá de la crítica legítima a una funcionaria pública, incurriendo en expresiones denigrantes, intimidatorias y violentas.
Estas acciones -dijo- no solo han afectado a la fiscal, sino también a su madre y hermana, con el claro objetivo de restringir el ejercicio de su cargo. Según el Código de la Democracia, estas conductas configuran una infracción electoral muy grave por violencia política de género, refirió.
Entre los hechos denunciados, se encuentran publicaciones en redes sociales que instan a la renuncia de Salazar y una entrevista en la que se menciona una queja formal para que sea suspendida de su cargo. Estos actos buscan forzar su salida, ya sea por renuncia o destitución, lo que constituye un intento de vulnerar sus derechos políticos, anotó.
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