Todas las claves para entender la disputa por el control del Tribunal Contencioso Electoral
La cercanía de las elecciones estaría detrás del interés por manejar el TCE, según Fernando Muñoz, removido del cargo este lunes. Pero, la nueva mayoría lo acusa de mala gestión administrativa.
El juez Fernando Muñoz fue removido del cargo de presidente del TCE el 12 de agosto de 2024. Él rechazó la decisión adoptada por tres jueces.
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Roberto Rueda/ Primicias.
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Una sorpresiva jugada puso fin el 12 de agosto de 2024 a la relativa calma que, por lo general, envuelve al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), pese a que allí se toman decisiones que inciden en la política de Ecuador.
Los jueces Ángel Torres, Guillermo Ortega e Ivonne Coloma se autoconvocaron a una sesión extraordinaria con el objetivo de remover de la presidencia al juez Fernando Muñoz, y así lo hicieron.
El TCE es el órgano encargado de la administración de justicia electoral, "como última y definitiva instancia jurisdiccional", tal cual está establecido en la Constitución y el Código de la Democracia.
Allí se definen sanciones o absoluciones por denuncias de infracciones electorales; la vigencia de los partidos y movimientos políticos, participaciones electorales, y hasta la pérdida de los derechos de participación.
Cruce de acusaciones
Amparados en el Código Orgánico Administrativo, los tres jueces justificaron la potestad que tienen los órganos colegiados para el nombramiento, pero también la remoción de quien ejerce la representación de los organismos del Estado.
La solicitud de remoción fue presentada por Ortega bajo el argumento que Fernando Muñoz ha cometido "errores" en la administración del TCE, los mismos que tendrían en una situación complicada a la institución.
"Además, se debe precisar que la gestión, tanto económica como presupuestaria, de la institución se encuentran gravemente comprometidas por desaciertos de la administración que actualmente está a frente del TCE", agregó el juez Ortega.
Sostenerlo, según los jueces detractores, era poner en peligro el normal desarrollo de las elecciones presidenciales de febrero de 2025 y las actividades que el TCE debe desarrollar en torno a ellas.
Muñoz coincide en señalar que la crisis que afronta el TCE es justamente por la cercanía de las elecciones, pero no por una mala gestión de su parte, sino por "intereses para tomarse el Tribunal".
"Estamos en un proceso electoral y el TCE es el máximo árbitro de este proceso y seguramente querrán tener el control de este órgano jurisdiccional en las próximas elecciones", enfatizó Muñoz, sin apuntar a alguien en concreto.
"El interés de controlar las instituciones es para favorecer criterios con respecto al proceso que se viene"
Fernando Muñoz, juez del TCE
Los casos de Muñoz
En manos del juez Muñoz estuvo la primera denuncia presentada por el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Esteban Guarderas, en contra de la vicepresidenta, Verónica Abad, por una supuesta infracción electoral.
Muñoz archivó esa causa por una presunta irregularidad en la firma del abogado que Guarderas aseguraba que lo patrocinaba, y envió el expediente a la Fiscalía para que sea investigado este hecho.
También, Muñoz es el juez sustanciador por una posible infracción electoral que se sigue contra dos vocales titulares y dos suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Especificamente, contra los integrantes de la autodenominada 'liga azul' que habrían recibido ayuda de la Revolución Ciudadana (RC), cuando eran candidatos a integrar el CPCCS.
El 7 de agosto de 2024 fue la audiencia de pruebas y alegatos y, en las próximas semanas, Muñoz deberá emitir una sentencia para los consejeros:
- Augusto Verduga
- Yadira Saltos
- Eduardo Franco Loor
- Vielka Párraga
Además, el ahora expresidente del TCE, Muñoz, fue el único juez que votó, la semana pasada, a favor de revocar el archivo para que continúe un proceso en contra del presidente Daniel Noboa, acusado de presunta infracción electoral.
En se caso, una persona identificada como Andrés Pasquel acusaba a Noboa de haber hecho campaña anticipada para la consulta popular de abril de 2024.
¿Quiénes son la nueva mayoría?
Ivonne Coloma fue designada vicepresidenta del TCE desde diciembre de 2022. Es la jueza que sustancia la segunda denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas en contra de Verónica Abad. En sus manos estará el destino político de la Vicepresidenta.
Coloma había convocado a la audiencia oral única de pruebas y alegatos para el jueves 15 de agosto, pero la suspendió, sin una fecha aún definida, para garantizar el derecho a la defensa de Abad, señala un escrito.
El juez Guillermo Ortega fue el encargado de la apelación presentada por el movimiento Construye a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de eliminarlo del Registro de Organizaciones Políticas.
A la par de la sustanciación de esa causa, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto nombrando a Alba Guevara, esposa de Ortega, como directora de la Unidad de Gestión y Regularización.
Guevara calificó como un "error" a la designación y pidió al presidente Noboa que enmiende su acción, rechazando el cargo.
Ángel Torres fue el juez que aceptó, en primera instancia, el pedido del CNE de que se elimine a Construye por no presentar el informe sobre sus actividades financieras de 2022.
Construye sostuvo que detrás del intento de desaparecerlos estaba el propio partido del presidente Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN).
Incluso, la legisladora Ana Galarza relacionó a un yerno del juez Torres con el movimiento oficialista. Eso le valió una demanda por calumnias que no ha podido ser procesada, porque la Asamblea no autorizó que se levante la inmunidad de la asambleísta.
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