El TCE, envuelto en su propio conflicto, es el único que podría zanjar la pugna entre Noboa y Abad

Las peleas internas por la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) surgen en un tiempo en el que la actuación de dicha institución es crucial para el futuro político del presidente Daniel Noboa. En ese organismo se ventilan dos causas electorales cuya resolución puede resultar un alivio o más problemas para el Gobierno.

Por ahora, los jueces del TCE niegan que la remoción de Fernando Muñoz de la presidencia del TCE tenga un trasfondo político. La mayoría, integrada por los jueces Ivonne Coloma (nueva presidenta), Ángel Torres y Guillermo Ortega, argumenta que Muñoz fue separado porque había demasiadas fallas en el ámbito administrativo.

Pero lo cierto es que los tiempos coinciden con el inicio de la época electoral. Y por esta razón hay tensión en el Gobierno ante la incertidumbre de qué pasará cuando Daniel Noboa deba tomar licencia para hacer campaña y si deberá encargar la presidencia a Verónica Abad, su vicepresidenta. 

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La resolución para ese problema del Gobierno está justamente en manos del TCE, pues el proceso penal en contra de la Vicepresidenta ya fue negado por la Asamblea. Por esto, una sentencia en contra de Verónica Abad en el TCE permitiría a Noboa encargar la Presidencia a otra persona. 

En el TCE hay dos causas que podrían definir el futuro de Noboa en los próximos meses. Esta institución es la única que puede sancionar con la suspensión de los derechos políticos en tiempos más cortos que un proceso penal.

1. La denuncia contra Abad

La causa en la que el Gobierno tiene más expectativa es la denuncia planteada por Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en contra de Abad. Es una denuncia por una infracción electoral grave por campaña anticipada, que se sanciona con la destitución, suspensión de los derechos políticos entre seis meses y dos años, además de una multa.

Guarderas presentó esta denuncia en mayo de 2024, pero fue archivada un mes después por el juez Fernando Muñoz, entonces presidente del TCE. La decisión se tomó después de que el abogado patrocinador de Guarderas asegurara que nunca autorizó el uso de su firma en la denuncia.

Poco después, Guarderas ingresó una segunda denuncia con un nuevo abogado patrocinador. Este nuevo proceso recayó en el despacho de Ivonne Coloma, quien lo admitió a trámite el 15 de julio de 2024.

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Coloma había convocado a la audiencia oral única de pruebas y alegatos para el jueves 15 de agosto. Pero la suspendió "para garantizar el derecho a la defensa de Abad", señala un escrito. La nueva fecha de audiencia aún no ha sido definida.

Una vez que se realice la audiencia, Coloma deberá realizar un proyecto de sentencia y ponerlo en conocimiento de los cinco jueces del TCE. Las sentencias logran su aprobación con, al menos, tres votos.

Cualquiera sea la decisión que tome el TCE en primera instancia, esta puede ser apelada ante el mismo TCE. Sólo entonces puede quedar en firme una sanción, de ser el caso. 

2. La denuncia de Abad contra Noboa

Abad presentó, la semana pasada, una denuncia en contra de Daniel Noboa y tres miembros de su gabinete por por violencia política de género. Esta infracción es calificada como "muy grave", y se sanciona con la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, destitución y una multa.

La causa fue sorteada la tarde de este 13 de agosto de 2024, y recayó en el despacho del juez Fernando Muñoz, recientemente removido de la presidencia del TCE. Él deberá revisar primero si la denuncia cumple con todos los requisitos para ser admitida a trámite.

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La denuncia de Abad apunta también a la canciller Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial Diana Jácome. Y señala a los cuatro funcionarios por declaraciones públicas que considera que son violencia política de género.

Del avance de esta causa y la presentada por Guarderas dependerán los siguientes pasos del Gobierno. Según aseguró el ministro de Gobierno, Michele Sensi-Contugi, el momento de tomar una decisión "aún no ha llegado", y el gobierno está "expectante ante cómo se desarrolla el caso en el ámbito legal".