Pabel Muñoz y abogado que lo demandó por presuntas acciones discriminatorias llegan a un acuerdo en juicio

La disputa política entre el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el abogado Néstor Marroquín, quien promueve la revocatoria de su cargo, llegó a los tribunales este 25 de agosto de 2025.

En la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se instaló la audiencia de juzgamiento contra el alcalde de Quito, por presuntas acciones discriminatorias, tras la denuncia planteada por Marroquín.

Pero, durante la audiencia, el abogado desistió de seguir con su demanda y planteó que el alcalde de Quito ofrezca disculpas públicas, lo que no fue aceptado por la defensa de Muñoz.

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Según el alcalde, no podía ofrecer disculpas públicas "porque nunca habíamos cometido la contravención que se planteaba". Su contrapropuesta fue firmar un acta de "respetos mutuos", en la que quede claro el desistimiento del demandante. 

Tras la audiencia, el alcalde informó que se llegó a un acuerdo. "Aceptamos el desistimiento que hace el denunciante", indicó Pabel Muñoz, quien dijo que no iniciará acciones legales contra Marroquín.

Tras este acuerdo, el juez emitirá una sentencia en los próximos días, añadió el alcalde de Quito.

Según el expediente judicial, el origen del conflicto entre Muñoz y Marroquín se remonta al pasado 22 de mayo, cuando Muñoz, durante una entrevista en Radio Centro, aludió al proceso de revocatoria en su contra y lanzó advertencias a la ciudadanía sobre quién lideraba la recolección de firmas:

“Tengan mucho cuidado de quiénes le están haciendo firmar, y qué le están haciendo firmar... unos tránsfugas... el mismo promotor... tuvo una sentencia de ámbito penal...”

Ante el proceso iniciado para la revocatoria de su cargo, el pasado 21 de abril de 2025, el alcalde Pabel Muñoz ingresó un pedido de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.

El 4 de julio, la acción de Muñoz fue admitida a trámite y un mes después, el 4 de agosto, el alcalde solicitó que se resuelva dar trato prioritario a su causa. La Sala de Admisión de la Corte recomendó que se le dé tratamiento prioritario, porque considera que este trámite es de trascendencia nacional.