Buseros de Quito piden al Municipio evaluar la tarifa del pasaje urbano o una compensación

Los representantes de 62 operadoras de transporte urbano de Quito, que agrupan a 3.200 buses, buscan una reunión urgente con el Municipio. En una rueda de prensa realizada este martes, 24 de marzo de 2026, el gremio expuso las dificultades financieras y operativas por las que atraviesan, y solicitó un diálogo directo con el alcalde, Pabel Muñoz, para definir el futuro de la tarifa del pasaje urbano o compensaciones económicas.

Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Público de Quito (Unitrans-Q), señaló que el gremio ha enviado comunicaciones escritas desde inicios de 2025 solicitando audiencias, pero hasta el momento no ha tenido respuesta por parte de la Alcaldía para fijar una fecha de reunión.

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El principal pedido al Municipio es que se aplique lo establecido en la ordenanza 17-2020, que establece el marco jurídico para la integración física, tarifaria y operacional del sistema de transporte, y que, según el dirigente, obligaría al cabildo a crear una partida presupuestaria específica de "compensación para el transporte". Yánez dice que esto, hasta ahora, no se ha puesto en práctica.  

Tarifa técnica y desequilibrio en los subsidios municipales

La Ordenanza 017-2020 define a la tarifa técnica como el valor necesario para cubrir los costos de inversión, operación y garantizar el retorno sobre la inversión de los operadores. Basado en este concepto legal, Yánez dijo que, actualmente, existe un “profundo desequilibrio” financiero frente a los sistemas administrados directamente por el Municipio.

Explicó que, mientras a los buses urbanos privados se les exige operar alejados de su tarifa técnica, el Municipio destina millones de dólares anuales para sostener sus propios corredores.

A modo de ejemplo, detalló que un pasajero del Trolebús paga USD 0,35, pero la ciudad entrega USD 0,60 adicionales a la Empresa de Pasajeros para evitar su quiebra. Lo mismo ocurre con el Metro de Quito, donde el usuario abona USD 0,45 y el Municipio subsidia la diferencia por cada viaje.

Frente a esta realidad, los transportistas exigen que se aplique el principio de una "tarifa socialmente justa", que transparente los costos reales sin perjudicar la operación.

Al problema tarifario se suman trabas burocráticas, dijo Yánez al denunciar que la Secretaría de Movilidad llega a demorar hasta dos meses en aprobar trámites básicos, como el cambio de socios o de unidades. 

Sin embargo, el presidente de Unitrans-Q descartó categóricamente los rumores sobre un ultimátum de 30 días para ir a un paro. 

El dirigente aclaró que si las unidades dejan de circular en el corto plazo, será por una inminente falta de recursos financieros para operar, y no por una declaratoria de huelga.

Atrasos en la compensación del diésel con el Gobierno

Las operadoras alertaron, además, de problemas para cobrar la compensación de 700 galones mensuales de diésel por vehículo, un beneficio temporal entregado por el Gobierno Central, desde la eliminación del subsidio a este combustible.

Aunque el diálogo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha sido de "puertas abiertas", el 95% de las operadoras quiteñas enfrenta dificultades para acceder a los fondos.

Dentro de cada operadora, entre un 10% y un 15% de los socios arrastra meses sin cobrar. Estos atrasos responden principalmente a dos factores externos según el gremio:

1. Problemas con la ANT

   • El cierre del sistema de matriculación a finales de diciembre y la suspensión de trámites en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en enero, impidieron que los transportistas actualizaran su documentación a tiempo.

2. Discrepancias por la Revisión Técnica Vehicular (RTV)

   • Debido a que en la post-pandemia el Municipio de Quito no estuvo habilitado para realizar la RTV, muchos buses la hicieron en otros cantones. El sistema gubernamental se guía por el lugar de revisión; así, si un bus quiteño se revisó en Ambato, recibe el cupo de esa ciudad (500 galones) en lugar de los 700 acordados para la capital.

Los transportistas están consolidando los datos exactos para buscar una solución con el Ministerio de Transporte. Mientras tanto, el gremio espera que el plazo de esta compensación nacional se extienda por cuatro meses adicionales, hasta septiembre.