Permisos y sellos municipales no se respetan en Quito, dejando desde fallecidos hasta daños al patrimonio

La construcción de un edificio en el sector de Guápulo, considerado como un área patrimonial de Quito, retrata una serie de irregularidades que ocurren a diario en buena parte de las construcciones que se levantan en la capital.

A finales de febrero de 2025, habitantes de esta zona del centro norte de Quito alertaron a las autoridades sobre la falta de permisos de la constructora. La Agencia Metropolitana de Contro (AMC) reaccionó suspendiendo la obra, precisamente, porque la empresa no contaba con el plan de seguridad que debe ser aprobado por el Municipio.

La AMC explica que la empresa debía cumplir con ese requisito para continuar con los trabajos. Sin embargo, el 27 de febrero, trabajadores de la constructora rompieron los sellos de suspensión y continuaron con los trabajos. Ese mismo día, en horas de la tarde, los funcionarios de la entidad municipal regresaron al lugar para colocar nuevamente los sellos.

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El director de la AMC, Gustavo Chiriboga, explica que la dependencia está utilizando drones para identificar posibles inconsistencias en las construcciones que se levantan en Quito. "No hay que olvidar que una construcción sin permisos pone riesgo la vida de los trabajadores y de quienes ocuparán los inmuebles", insiste.

El 16 de julio de 2024, un trabajador murió en un edificio de la constructora Alpha Builders, tras caer de una altura de más de 10 metros. El Municipio de Quito llevó este caso a la Fiscalía porque la constructora había roto los sellos de la suspensión de la obra por tres ocasiones hasta que sucedió el lamentable hecho.

El Código Integral Penal (COIP) establece una sanción de uno a tres años de prisión a quienes "rompan o retiren sellos impuestos por la autoridad competente".

Lejos de que esta práctica termine, la AMC ha identificado nuevos casos. En 2024, por ejemplo, sancionó a 336 construcciones por irregularidades en sus permisos, mientras que en los tres primeros meses de 2025 contabiliza 46. Por estos casos, el Municipio ha cobrado alrededor de USD 2 millones en multas.

Construcciones ilegales en el Ialó

El volcán Ilaló es una de las zonas más apetecidas por las constructoras. Ahí, el Municipio de Quito ha identificado construcciones ilegales que ponen en riesgo su biodiversidad. Entre enero y marzo de 2025, la Secretaría de Hábitat y Territorio hizo un recorrido por 95 predios e identificó que 25 no cuentan con la licencia de construcción y aún así hay movimientos de tierra. 

Su titular, José Morales, agrega que, si bien otros 22 predios tiene la licencia de construcción, 13 excedían los límites que fueron autorizados, por lo que la AMC colocó los sellos de clausura.

Como ocurrió en Guápulo, algunos propietarios rompieron los sellos para continuar con los trabajos y las autoridades tuvieron que volverlos a colocar y elevar los casos a la Fiscalía.

Floresmilo Simbaña, representantes de las comunas que habitan el volcán Ilaló, dice que las "inmobiliarias son el problemas más grave que enfrentamos, pues sus proyectos avanzan a gran velocidad sin mayor control de las autoridades".

Considera que es necesario que el  Municipio avance rápidamente en la incorporación del Ilaló al Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas.

Precisamente, el alcalde Pabel Muñoz asegura que el Concejo Metropolitano trabaja en la elaboración de una ordenanza para lograr ese objetivo y evitar mayores daños en el volcán.

Poca capacidad de control

La falta de recursos para controlar las construcciones ilegales es, quizá, uno de los mayores problemas que tiene la Agencia Metropolitana de Control: apenas cuenta con 26 funcionarios que recorren la ciudad verificando que las constructoras y personas naturales cumplan la normativa.

El concejal Andrés Campaña considera que la AMC debe fusionarse con el Cuerpo de Agentes de Control para mejorar su capacidad operativa. Aunque también sostiene que "los procesos engorrosos para obtener los permisos y licencias de construcción son un problema que el Municipio debe resolver".

Incluso, el alcalde Pabel Muñoz adelantó que el Municipio analizará el papel que cumplen las entidades colaboradoras, como el Colegio de Arquitectos y Desintecsa, que se encargan de verificar que los proyectos inmobiliarios cumplan las normas para que el Municipio les entregue la licencia de construcción.

Campaña dice que esta intención es positiva, pues es necesario que la ciudad ponga fin a las construcciones ilegales.