La violencia acecha a los estudiantes de Quito, donde se reportan disparos, armas y peleas
Desde 2020, la Fiscalía Especializada de Justicia Juvenil ha procesado a 1.278 niños y jóvenes por delitos graves. Entre enero y junio de 2025, tres estudiantes de Quito han sido detenidos por tenencia ilegal de armas.

Peleas y armas decomisadas en estudiantes de Quito, en 2025.
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Policía y redes sociales
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El brutal ataque que sufrió una estudiante de Quito, los disparos que provocaron pánico en otro colegio de la capital y el decomiso de un arma durante una pelea entre dos adolescentes retratan una preocupante realidad que enfrenta el sistema educativo: el aumento de la violencia que acecha cada vez más de cerca a los estudiantes.
Según datos de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2025, se ha detenido a ocho estudiantes en todo el país debido a casos de violencia: tres en Quito, dos en Los Ríos, uno en Zamora Chinchipe, uno en Sucumbíos y uno en Guayaquil. Todos por tenencia ilegal de armas.

La Dinapen califica como "preocupantes estos hechos que ganan terreno en el sistema educativo". La entidad considera que el impedimento legal que tienen para ingresar a las escuelas y colegios a hacer operativos preventivos y brindar charlas de sensibilización es una de las razones por las que los estudiantes no dimensionan las consecuencias de la violencia.
"Solo podemos hacer charlas cuando existen pedidos puntuales de unidades educativas, pero no podemos hacer operativos porque la ley dice que con eso se vulneran los derechos de los estudiantes", dice una fuente de la Dinapen.
Agrega que en el año lectivo 2024-2025 se realizaron apenas 100 charlas en las escuelas y colegios de Quito. Un número bajo, tomando en cuenta que en la ciudad hay 1.447 planteles, según cifras de la autoridad educativa.
Esto se debe, dice el oficial, a que "el Ministerio prefiere aplicar sus propios protocolos y no dan paso a nuestras charlas". Además, considera que hay funcionarios que desconocen el protocolo que deben seguir cuando se presentan hechos violentos.
"Muchos casos que deberían resolverse en los planteles, porque son contravenciones, están llegando a la Fiscalía Especializada de Justicia Juvenil. Nos han dicho que están saturados de trabajo en esa Unidad", señala.
PRIMICIAS buscó la versión del Ministerio de Educación, pero no obtuvo respuesta. El único pronunciamiento se dio el pasado 24 de junio de 2025. Ese día, la ministra Alegría Crespo se refirió a la pelea que dos estudiantes protagonizaron en el parque Itchimbía, en el centro de Quito.
En su cuenta de X, la funcionaria dijo: "Como madre, educadora y ministra de Educación, frente a esta brutal agresión entre estudiantes, manifiesto mi rechazo absoluto puesto que la violencia no tiene ninguna justificación. Actuaremos con todo rigor desde el Ministerio".
Las imágenes que se viralizaron rápidamente llegaron hasta la Asamblea Nacional. La Comisión de Educación busca que Crespo comparezca para explicar lo sucedido y las acciones que implementará para evitar que estos hechos se repitan.
La correísta Ana Raffo recordó que este no es el único caso por el que se pedirá que Crespo acuda a la mesa. También está pendiente una respuesta por las denuncias de profesores víctimas de extorsión.
Adolescentes, los más violentos
Entre 2020 y 2024, la Fiscalía Especializada de Justicia Juvenil procesó a 1.278 niños y jóvenes de hasta 30 años por delitos graves y asociados al crimen organizado, como homicidios, tráfico de drogas, secuestro, asesinato, terrorismo y robo. Lo más llamativo es que la mayoría fueron cometidos por estudiantes de 15 a 17 años.
Incluso, entre los detenidos hay nueve niños de hasta 10 años que fueron procesados homicidio, tenencia de armas y tráfico de drogas. Otros 145 tenían entre 11 y 14 años y 345 superaban los 18 años.
Tan evidente se hizo la participación de menores de edad en eventos violentos, que el Gobierno impulsó , en la Ley de Integralidad Pública, una serie de reformas penales para endurecer las penas a menores de edad involucrados en delitos.
Diana Castellanos, jefa de Bienestar Estudiantil de la Fundación Crisfe, dice que es innegable que la violencia se ha incrementado en el entorno educativo. "El contexto violento que hay en el país ha normalizado y naturalizado estos hechos hasta considerarlos parte de la cotidianidad", dice.
La especialista cree que "la viralización de videos o de contenido violento entre estudiantes es peligroso porque parecería que así deben ser las cosas". Es por eso que sostiene que el sistema educativo necesita reformas profundas para combatir este fenómeno.
Pone como ejemplo, la implementación de protocolos claros de denuncia, que deben ser conocidos por toda la comunidad educativa. Sin embargo, considera que las autoridades educativas deben rescatar una de las principales características que deben tener las escuelas y colegios: ser espacios seguros.
"Las escuelas y colegios deben ser espacios de protección, en los que se respeten las diversidades y se fomente el trabajo en equipo", explica
Recomienda fortalecer la enseñanza sobre el manejo de emociones, tanto en estudiantes como profesores, para identificar comportamientos extraños y brindar ayuda de forma oportuna.
Padres piden mayor intervención de las autoridades
Uno de los hechos más violentos registrado en Quito ocurrió el 19 de junio de 2025 en el colegio Central Técnico. Ese día, dos estudiantes fueron aprehendidos con un arma de fuego. La situación llegó a su punto más crítico cuando uno de ellos disparó, presuntamente contra un profesor.
Tras este incidente, padres de familia exigieron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los estudiantes. Una de ella denunció que al interior del plantel hay bandas criminales estarían intentando reclutar a los jóvenes.
Según los padres de familia, los docentes están desprotegidos y no existen condiciones adecuadas para una educación normal. En esta línea, otros padres piden que los profesores tengan la facultad para revisar las mochilas de los estudiantes a lo largo de la jornada académica para evitar que ingresen objetos prohibidos.
Por lo pronto, la única medida que tomó el Ministerio de Educación fue la suspensión de clases presenciales hasta que termine el año lectivo.
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