Estos son los cuellos de botella que frenan las compras públicas en Ecuador

El sistema nacional de contratación pública constituye un mecanismo fundamental para la provisión de bienes, obras y servicios gubernamentales en Ecuador. La evaluación de su desempeño operativo requiere un análisis comparativo entre las etapas de adjudicación y ejecución efectiva de los contratos, así como el seguimiento de las tendencias temporales en los volúmenes de contratación.

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Los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas para 2024 y las estadísticas del SERCOP para el período enero-julio 2025 proporcionan elementos empíricos para evaluar la eficiencia del sistema e identificar los procedimientos con mayor efectividad en términos de ejecución.

María Sara Jijón Carrión, exdirectora general del SERCOP y expresidenta de RICG-OEA, en entrevista para GESTIÓN, explica que el sistema actual requiere actualizaciones para responder a las necesidades contemporáneas: “Ecuador necesita una nueva ley que realmente responda a las necesidades del 2025 en adelante, no más parches”.

La brecha de ejecución revela ineficiencias significativas en el proceso contractual

El análisis de los datos del Ministerio de Economía y Finanzas para 2024 evidencia disparidades sustanciales entre los procesos adjudicados y aquellos efectivamente finalizados. De 51 procesos adjudicados por un valor total de USD 7’454.895,95, únicamente 23 procesos fueron completados, representando USD 253.522,52 en valor ejecutado (Tabla 1).

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Esta brecha implica una tasa de finalización del 45,1% en número de procesos y apenas del 3,4% en términos de valor económico. La diferencia de USD 7’201.373,43 entre valor adjudicado y ejecutado sugiere problemas operativos en la fase de implementación contractual.

El análisis por tipo de procedimiento revela patrones diferenciados de ejecución. La Ínfima Cuantía presenta la mejor tasa de finalización con 16 procesos completados de 30 adjudicados (53,3%), aunque con un valor ejecutado de USD 53.058,74 frente a USD 135.473,97 adjudicados (39,2% de ejecución económica).

Los procedimientos de mayor valor evidencian las mayores deficiencias. El Régimen Especial, con ocho procesos adjudicados por USD 5’360.671,14, registra únicamente un proceso finalizado por USD 24.914,54, representando una tasa de ejecución del 12,5% en procesos y 0,46% en valor. La Subasta Inversa Electrónica presenta una situación más crítica, con cinco procesos adjudicados por USD 1’687.048,60 sin ningún proceso finalizado.

Los datos del SERCOP sugieren problemas de planificación

Las estadísticas del SERCOP para enero-julio 2025 revelan un sistema que maneja USD 3.966,8 millones, representando el 11% del Presupuesto General del Estado y el 3,1% del PIB. Según Jijón, esta participación se encuentra dentro de los rangos de los últimos años: “En el mundo –dependiendo del país – se llega inclusive a que la contratación pública pueda significar hasta el 20% del PIB de algunos países. En el Ecuador, en los últimos cinco años, la compra pública ha significado entre el 5% y el 7% del PIB” (Gráfico 1).

El comportamiento mensual muestra una tendencia ascendente gradual. Enero registró USD 387,1 millones, incrementándose progresivamente hasta alcanzar USD 727,8 millones en julio, lo que representa un crecimiento del 17,3% respecto a junio y del 39,4% comparado con julio 2024 (Gráfico 2). Esta evolución se encuentra dentro de los patrones estacionales típicos de la ejecución presupuestaria pública.

La variabilidad mensual observada puede explicarse por factores estacionales y de planificación institucional. Jijón contextualiza la importancia de la planificación adecuada: “Si se realiza una adecuada planificación, considerando los contratos recurrentes y considerando el proceso de renovación”.

La distribución por regímenes evidencia una concentración desproporcionada

El análisis de la estructura procedimental del SERCOP revela una distribución asimétrica entre regímenes. El Régimen Común concentra el 70,3% del valor total (USD 2.786,8 millones) y el 60,4% de los procesos (142.527). El Régimen Especial, aunque representa solo el 1,9% de los procesos (4.515), concentra el 23,2% del valor (USD 918,7 millones), indicando un valor promedio por proceso 18 veces superior al del Régimen Común (Gráfico 3).

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Dentro del Régimen Común, la Subasta Inversa Electrónica lidera con USD 944,1 millones (33,9% del régimen), seguida por Licitación con USD 543 millones (19,5%) y Catálogo Electrónico con USD 494,7 millones (17,8%). Sin embargo, en número de procesos, el Catálogo Electrónico domina con 125.652 procesos (88,2% del Régimen Común), evidenciando su uso para contrataciones de menor cuantía individual.

La paradoja operativa surge al comparar estos datos con los del Ministerio de Economía y Finanzas; mientras el Catálogo Electrónico muestra alta eficiencia en ejecución a nivel ministerial, la Subasta Inversa Electrónica, que lidera en volumen económico en el SERCOP, presenta cero finalizaciones en la muestra ministerial.

Cuando varias entidades deben ponerse de acuerdo

Los USD 198,7 millones en Contrataciones Interadministrativas evidencian la complejidad inherente a procesos que involucran múltiples entidades gubernamentales. Jijón ilustra esta realidad mediante el ejemplo exitoso de la subasta corporativa de medicamentos: “Fue un trabajo realizado de manera colaborativa articulada y muy eficiente aunque tomó su tiempo entre el SERCOP y la red pública integral de salud con el Ministerio de Salud como ente rector”.

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Desafíos identificados:

• Sincronización de cronogramas institucionales: Cada entidad participante opera con calendarios y prioridades diferenciados.
• Armonización de procedimientos internos: Los procesos de aprobación y validación varían entre instituciones.
• Definición de responsabilidades: La distribución de roles requiere acuerdos claros desde el diseño del proceso

Recomendaciones operativas:

• Establecer protocolos estandarizados para contrataciones interadministrativas con roles y responsabilidades claramente definidos.
• Implementar sistemas de seguimiento conjunto que permitan monitoreo en tiempo real del avance de cada institución participante.
• Desarrollar acuerdos marco que faciliten la coordinación recurrente entre entidades con necesidades similares.

Propuestas de fortalecimiento del sistema de contratación pública

Según el análisis de Jijón, el sistema requiere intervenciones en tres áreas críticas: marco normativo, capacidades institucionales y infraestructura tecnológica.

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Marco normativo: La actualización legal debe responder a las necesidades actuales del país. “Necesitamos una nueva ley que realmente responda a las necesidades del 2025 en adelante”, señala Jijón, identificando que la normativa vigente ha perdido coherencia debido a múltiples reformas parciales.

Fortalecimiento institucional: La profesionalización de los servidores públicos a cargo de las compras públicas emerge como prioridad. La entrevistada, plantea la necesidad de contar “equipos de profesionales con experiencia, con conocimiento, y con compromiso para llevar adelante estos temas”, junto con el establecimiento de una carrera administrativa que reduzca la rotación de personal.

Modernización tecnológica: El portal SOCE requiere renovación integral. Como se explica, “el portal de compras públicas es ya anticuado, no es robusto, no es modular, y los lenguajes y software sobre los que está operando están deprecados". La propuesta incluye desarrollar un nuevo sistema informático robusto, con tecnología de punta, y que se destinen los recursos anuales suficientes para su adecuado mantenimiento y dotarle de las seguridades necesarias.

Los datos analizados revelan un sistema de contratación pública con desafíos operativos significativos en la fase de ejecución contractual. La brecha entre valor adjudicado y ejecutado en la muestra del Ministerio de Economía y Finanzas evidencia ineficiencias que trascienden los aspectos procedimentales.

La propuesta de Jijón sobre la necesidad de “una nueva ley que realmente responda a las necesidades del 2025 en adelante” encuentra sustento empírico en los datos analizados, particularmente en la brecha entre adjudicación y ejecución que sugiere deficiencias en el marco regulatorio actual.

La optimización del sistema requiere un enfoque integral que aborde tanto las limitaciones tecnológicas del portal SOCE como el fortalecimiento de capacidades institucionales, especialmente en planificación y gestión contractual. Como plantea Jijón, el objetivo debe ser que “los ciudadanos cuando oigan contratación pública o compras públicas piensen en bienes obras y servicios públicos de calidad ofrecidos de manera oportuna y al mejor precio”.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.