Personas con discapacidad enfrentan más pobreza y menos oportunidades en Ecuador

Las personas con discapacidad permanente enfrentan mayores riesgos de desventajas socioeconómicas, incluyendo niveles más bajos de educación, peor estado de salud, menores oportunidades laborales y tasas más altas de pobreza. A su vez, la pobreza puede aumentar la probabilidad de discapacidad debido a factores como malnutrición, acceso limitado a educación y servicios de salud, condiciones laborales inseguras, ambientes contaminados y falta de agua potable y saneamiento adecuado.

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7 de cada 100 personas enfrentan dificultades permanentes

Debido al impacto de dicha condición, históricamente, los censos de Ecuador han intentado capturar información sobre discapacidad, pero las metodologías variaron en 1950, 2001 y 2010, lo que impidió comparaciones consistentes a lo largo del tiempo. Con el Censo 2022, se introduce un indicador estandarizado basado en la metodología del Grupo de Washington, permitiendo evaluar de manera coherente las dificultades funcionales de la población y visibilizar desafíos sociales hasta ahora poco documentados.

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Este indicador mide dificultades permanentes en seis áreas básicas: movilidad, cuidado personal, comunicación, audición, visión y cognición.

Según los datos del Censo 2022 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, siete de cada 100 personas de 5 años o más presentan al menos una dificultad funcional permanente en Ecuador, siendo 53,6% mujeres y 46,4% hombres. Más allá de indicar la presencia de discapacidad, este indicador permite observar su severidad, abriendo la puerta a un análisis más detallado sobre quiénes requieren mayor apoyo y en qué ámbitos.

El Gráfico 1 muestra que la prevalencia de dificultades permanentes aumenta claramente con la edad, lo que refleja el impacto del envejecimiento en la funcionalidad de las personas. Entre los niños y adolescentes de 5 a 19 años, el porcentaje de población con al menos una dificultad funcional permanente se encuentra entre 2,3% y 3%, afectando a decenas de miles de personas.

A partir de los 40 años, la proporción de personas con dificultades funcionales comienza a aumentar de manera significativa, pasando de 4,5% en el grupo de 40 a 44 años a 8,6% en el grupo de 50 a 54 años, reflejando un incremento progresivo de necesidades de apoyo y atención. La tendencia se intensifica en la tercera edad: en los grupos de 60 a 64 años el porcentaje asciende a 14,7%, llegando a 33,1% entre los 75 y 79 años y alcanzando un máximo de 57,6 % en las personas de 85 años o más.

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, realizado por el Banco Mundial, el número de personas con discapacidad está aumentando a nivel mundial. Lo cual se explica por el envejecimiento de la población, es decir, las personas ancianas tienen un mayor riesgo de discapacidad, y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales.

En Ecuador, esto es una realidad. La concentración de dificultades funcionales se observa especialmente entre la población adulta mayor (65 años o más), reflejando que la vejez incrementa la probabilidad de enfrentar limitaciones en la vida diaria. Las dificultades varían desde leves hasta severas o totales, afectando la autonomía de las personas y su capacidad de participar plenamente en la sociedad.

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De manera general, la proporción más alta corresponde a personas que presentan dificultades en más de una esfera simultáneamente (38,2%), lo que evidencia la complejidad y multidimensionalidad de la discapacidad. Entre las dificultades específicas, caminar (23%) y ver (21,8%) son las más frecuentes, seguidas de problemas para oír (7%) y recordar (6,7%). Las limitaciones en hablar (2,2%) y en cuidado propio (1%) son menos frecuentes, aunque representan necesidades críticas de apoyo. Estos datos subrayan la importancia de diseñar políticas y servicios que consideren tanto discapacidades múltiples como específicas, adaptándose a las distintas necesidades funcionales de la población.

Por otro lado, a nivel provincial, la prevalencia de discapacidad varía notablemente entre provincias, revelando inequidades territoriales en salud y bienestar presentadas en el Gráfico 3. Mientras Galápagos (4,2%) y Pichincha (4,9%) registran los porcentajes más bajos, provincias como Bolívar (10,1%) y Cañar (10,6%) duplican estas cifras, mostrando una concentración mucho mayor de personas con discapacidad. Entre estos extremos, varias provincias amazónicas y de la Sierra, como Pastaza (5,5%), Napo (6,4%) o Morona Santiago (6,7%), superan el promedio nacional, al igual que provincias de la Costa y la Sierra central como Manabí (8,6%), Chimborazo (8,7%) y Cotopaxi (8,8%).

Además, al cruzar estos datos con los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se observa que varias de estas provincias con alta discapacidad, como Orellana (68,7% pobreza), Morona Santiago (65,4%) o Esmeraldas (63%), enfrentan una doble vulnerabilidad: altos porcentajes de población con discapacidad y elevados niveles de pobreza, lo que refuerza la necesidad de políticas focalizadas que reduzcan las brechas territoriales y mejoren la inclusión social y el acceso a servicios básicos.

Triple desafío: más discapacidad, más pobreza y menos servicios

Tras analizar el panorama nacional de discapacidad, resulta fundamental centrar la atención en Quito, donde la diversidad demográfica y geográfica genera desafíos específicos para la planificación de servicios de salud y apoyo social.

En Quito, la planificación de servicios de salud enfrenta desafíos significativos debido a la distribución geográfica de la población y la diversidad de necesidades. Gracias a los nuevos datos del Censo 2022 sobre discapacidad funcional, es posible identificar las parroquias con mayor concentración de personas con limitaciones permanentes y contrastarlas con la disponibilidad de establecimientos de salud. Este enfoque permite visibilizar brechas y oportunidades para fortalecer la inclusión y la equidad en la capital ecuatoriana.

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El Censo 2022 también permite calcular el porcentaje de personas de 5 años o más con al menos una dificultad funcional permanente en cada parroquia. Los datos muestran que algunas parroquias concentran porcentajes significativamente más altos, reflejando patrones sociales y demográficos vinculados con la edad, las condiciones de vida y el acceso a servicios básicos. Analizar esta distribución es clave para determinar dónde se requiere mayor atención y apoyo social.

En el Gráfico 4 se presentan las 20 parroquias con mayor número de personas con discapacidad. Entre ellas destacan:

• Perucho: 17 de cada 100 habitantes presentan al menos una discapacidad funcional permanente.
• Atahualpa y Chavezpamba: al menos 14 de cada 100 habitantes.
• Puéllaro, San José de Minas, Gualea y Pacto: al menos 10 de cada 100 personas presentan alguna discapacidad.

Al analizar la disponibilidad de centros de salud en las parroquias de Quito, se observa que algunas cuentan con muy pocos establecimientos o ninguno. En particular, las parroquias que no cuentan con ningún centro de salud son: Perucho, Atahualpa, Chavezpamba, Puéllaro, San José de Minas, Gualea, Pacto, Nanegal, Nanegalito, Lloa y Nono.

En ese sentido, se evidencia una situación preocupante: las parroquias con mayor proporción de población con discapacidad, como Perucho (17%), Atahualpa (14,7%), Chavezpamba (14,2%), Puéllaro (12%), San José de Minas (10,4%), Gualea (10,1%) y Pacto (9,6%), carecen totalmente de centros de salud.

Por otro lado, como se observa en el Gráfico 5, parroquias como Guangopolo y Checa disponen de un centro de salud cada una, mientras que La Libertad y Tababela cuentan con dos. Otras parroquias, como Llano Chico y Puembo, tienen tres centros, y Zámbiza, Calacalí y La Merced registran entre 4 y 5 establecimientos. En zonas urbanas, parroquias como Chilibulo y Kennedy presentan entre 6 y 9 centros, y Chillogallo y Cochapamba alcanzan 10. Finalmente, Yaruquí y La Ferroviaria cuentan con 11 centros de salud cada una.

Esta distribución evidencia una concentración desigual de infraestructura sanitaria en Quito, donde parroquias rurales disponen de muy pocos centros, mientras que ciertas parroquias urbanas concentran la mayoría de servicios, lo que puede afectar directamente el acceso y cobertura de atención médica para la población.

Según la empresa ILUNION, en su Reporte sobre Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, en todos los países de la región latinoamericana se observa que la discapacidad tiende a ser más prevalente en contextos con ingresos bajos, entornos de riesgo como desastres naturales o violencia, trabajos peligrosos o en condiciones precarias, acceso limitado a servicios de salud, escasas oportunidades educativas y mayores barreras físicas y sociales que dificultan la inclusión.

Esta situación es especialmente preocupante porque las personas con discapacidad suelen enfrentar gastos adicionales para cubrir necesidades básicas: atención médica, transporte, ropa, calzado o dietas especiales, dispositivos de apoyo, adaptaciones en el hogar y servicios de cuidado profesional.

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De hecho, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, en comparación con los niños sin discapacidad, los niños con discapacidad tienen 24% menos de probabilidades de recibir una atención temprana y receptiva, 34% más de probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento y 53% más de probabilidades de sufrir síntomas de infección respiratoria aguda.

En el Gráfico 6 de correlación se evidencia una clara relación inversa entre la concentración de centros de salud y los niveles de pobreza en las parroquias de Quito. Por ejemplo, parroquias con mayor pobreza, como Nono (69,2%), Gualea (67,8%), Pacto (59,6%) y San José de Minas (44,6%), carecen completamente de centros de salud. En contraste, parroquias urbanas y con menor pobreza, como Zámbiza (30,4% pobreza, 8,9% de concentración de centros), Píntag (36,4% pobreza, 7,1%) o Rumipamba (6,4% pobreza, 5,6%), concentran la mayoría de la infraestructura sanitaria.

Esta tendencia evidencia que la infraestructura de salud se concentra en zonas urbanas y menos vulnerables, mientras que las parroquias rurales más pobres, que además presentan altos porcentajes de población con discapacidad, quedan desatendidas. La correlación observada refleja una desigualdad estructural en el acceso a servicios de salud, donde la cobertura no se ajusta a las necesidades sociales y demográficas de la población.

Estos hallazgos subrayan la necesidad de políticas públicas orientadas a priorizar la instalación de centros de salud en las parroquias más desfavorecidas, con el objetivo de reducir la brecha entre zonas urbanas y rurales y garantizar un acceso equitativo a los servicios sanitarios.