La cuarta parte del PIB de Ecuador está fuera del radar fiscal, ¿qué hacer con la economía sombra?
En Ecuador, aproximadamente uno de cada cuatro dólares se mueve fuera del radar fiscal y estadístico. Se trata de una realidad que atraviesa lo cotidiano: desde compras en efectivo que nunca se registran hasta redes de actividades ilícitas que encuentran en el anonimato un terreno fértil.
Billetes de 100 dólares flotando en el aire contra un cielo azul con nubes.
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Las estimaciones más recientes posicionan a la economía invisible como la tercera más grande de Sudamérica. Detrás de este dato se esconden menos recursos para financiar seguridad, salud y educación, empresas que compiten con reglas distintas y una ciudadanía que percibe, día a día, que los servicios públicos no alcanzan.
Según el estudio “Economía sombra expuesta: estimaciones para el mundo y caminos de política”, realizado por Ernst & Young (EY) en marzo de 2025, la economía sombra de Ecuador representó el 26,5% del PIB en 2023. El país se ubica por encima del promedio regional (20,0%) y solo por debajo de Bolivia (32,1%) y Perú (27,1%) (Gráfico 1).
Las cifras, calculadas con un rezago de dos años, revelan una tendencia preocupante. Entre 2013 y 2023, la economía sombra aumentó 3,2 puntos porcentuales, mientras que en el período más reciente (2019-2023) creció 0,6 puntos porcentuales, evidenciando que el problema persiste y se profundiza.
Más allá del crimen: una definición necesaria
La economía sombra no necesariamente es sinónimo de criminalidad. Según EY, abarca tres componentes: actividades legales que no se reportan a las autoridades; producción informal realizada por unidades no registradas, y actividades ilegales con acuerdo entre partes. Quedan excluidos delitos no transaccionales como el robo o la corrupción administrativa, así como ventas puntuales de segunda mano entre particulares.
Esta precisión es fundamental porque implica que no todo lo que integra la economía sombra constituye crimen organizado, pero sí escapa al registro estatal, erosionando la capacidad del Estado para ordenar, recaudar y proveer bienes públicos. El desafío no radica únicamente en perseguir lo ilegal, sino en reconocer los incentivos que empujan a millones de transacciones legales a permanecer invisibles.
La metodología detrás de los números
EY estima la magnitud de la economía sombra a partir de seis variables que captan el movimiento de efectivo en actividades fuera del circuito formal:
Nivel de impuestos: mide la carga tributaria efectiva y los incentivos para no declarar.
Efectividad del gobierno: resume la calidad de servicios públicos, la independencia institucional, la capacidad de formular políticas y la credibilidad gubernamental.
Contribución del trabajo familiar: cuantifica actividades productivas realizadas por miembros del hogar, usualmente no registradas.
Integridad del sistema legal: considera la fortaleza e imparcialidad de la justicia, la transparencia legal y el acceso ciudadano a la justicia.
Tasa de desempleo: aproxima la presión del mercado laboral que puede empujar hacia la informalidad.
Economía sombra no monetaria: incluye la producción de bienes para autoconsumo que no pasan por el mercado formal.
Estas variables no solo permiten medir, también iluminan dónde intervenir. Si el componente institucional es dominante, el reto consiste en fortalecer la provisión pública y la capacidad de hacer cumplir la ley. Si el problema radica en el costo de formalizarse, la respuesta pasa por rediseñar trámites y expandir servicios financieros formales.
Patrones globales vs. realidad sudamericana
El mapa global de la economía sombra revela patrones interesantes. A nivel mundial, el nivel de impuestos y la contribución del trabajo familiar emergen como los principales impulsores de esta economía, con participaciones del 34,7% y 17,5%, respectivamente. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de que los impuestos altos automáticamente generen más informalidad, sino de cómo se planifica y gestiona el sistema tributario: cuando hay mala planificación fiscal y uso ineficiente de los recursos públicos, se incrementan los incentivos para que la ciudadanía opere fuera del sistema.
En Sudamérica, sin embargo, la historia es diferente. Aquí, la (in)efectividad del gobierno se convierte en el factor dominante, explicando el 33,6% de la economía sombra regional y superando tanto al nivel de impuestos como a la economía no monetaria. De hecho, la región se posiciona entre aquellas donde la efectividad gubernamental tiene mayor peso relativo, ubicándose apenas por debajo de África Central y el Norte de África.
Esta diferencia no es casual. Cuando los servicios son deficientes, la justicia es impredecible y la burocracia es excesiva, surgen naturalmente alternativas por fuera del sistema formal. La informalidad, entonces, trasciende su papel como simple estrategia de supervivencia económica para convertirse en una respuesta lógica ante instituciones que no han logrado resolver problemas fundamentales de previsibilidad, justicia y calidad de servicios.
Los costos tangibles de lo intangible
El tamaño de la economía sombra, más allá de una cifra, representa presupuesto que no llega, proyectos que no se ejecutan y un margen de maniobra fiscal cada vez más reducido. La economía paralela compite con el Estado por el espacio económico y con las empresas formales por los clientes.
Para el Estado, implica una recaudación tributaria por debajo de lo esperado, que se traduce en menor inversión pública y, por ende, en menor capacidad para atacar problemas urgentes. La presión sobre la deuda aumenta y los costos de financiamiento se vuelven menos favorables. Para el sector privado formal, la competencia desleal de quienes “ahorran” impuestos y regulaciones presiona los márgenes, desalienta la inversión y dificulta la generación de empleo de calidad.
Para la ciudadanía, el impacto es visible y tangible. La percepción de inseguridad crece con la expansión de actividades criminales y redes informales que operan sin controles. Los servicios públicos se rezagan frente a las necesidades, y los hogares se vuelven más vulnerables a choques económicos y sociales. La economía sombra es un atajo de corto plazo para algunos, pero un obstáculo de largo plazo para todos.
Romper el ciclo: estrategias para la formalización
La dinámica que describe el estudio ilustra un círculo vicioso peligroso: Estados con servicios públicos débiles, justicia lenta e impredecible, y administraciones tributarias con capacidades limitadas crean incentivos naturales para operar fuera del sistema. Esta combinación alimenta la economía sombra, que a su vez reduce la recaudación fiscal y limita el presupuesto disponible para fortalecer las instituciones. Sin intervención decidida, este ciclo se autorrefuerza y se vuelve progresivamente más difícil de corregir.
Ecuador ejemplifica esta realidad. Su indicador de efectividad gubernamental se ubicó en -0,49 en 2023 (última información disponible), revelando desafíos profundos en provisión de servicios, coordinación interinstitucional y ejecución de políticas. La tendencia desde 2019 indica que la eficiencia del gobierno en Ecuador ha ido empeorando, ubicándose dentro del top 5 de países con el indicador más bajo.
Sin embargo, la experiencia internacional ofrece esperanza y claridad sobre el camino a seguir. La formalización sostenible no surge de la imposición, sino de una combinación estratégica de incentivos, capacidades institucionales y credibilidad estatal. Ecuador ya ha dado pasos importantes en digitalización de trámites e inclusión financiera, pero el tamaño persistente de la economía sombra sugiere que el esfuerzo debe intensificarse y refinarse.
La pregunta central no es cuántas sanciones imponer, sino cómo lograr que la mayoría de los actores económicos encuentren sentido y valor en cumplir las reglas. Para esto, el estudio identifica dos rutas complementarias que Ecuador debe considerar:
Primera ruta - Atacar el componente comprometido: cuando predominan actividades donde ambas partes se benefician de esconder la transacción —como no emitir facturas para reducir precios o transacciones ilegales consensuales—, la estrategia más efectiva consiste en crear condiciones sistemáticas que hagan más atractivo para los negocios registrarse y operar formalmente. Esto implica simplificar procesos, reducir costos burocráticos y demostrar beneficios tangibles de la formalidad.
Segunda ruta - Abordar el componente pasivo: cuando el no registro beneficia solo al productor —generalmente para evitar impuestos o por desconocimiento de los procedimientos— la solución pasa por acelerar la digitalización económica. Esto significa promover aplicaciones y plataformas que faciliten las transacciones formales, automaticen el registro fiscal y hagan que cumplir sea más simple que evadir.
Ambas rutas requieren que el Estado demuestre, con hechos, que la formalidad genera valor tanto individual como colectivo. Solo cuando los ciudadanos perciban que las instituciones funcionan y que cumplir las reglas produce beneficios concretos, Ecuador podrá comenzar a revertir esta tendencia y recuperar esa cuarta parte del PIB que hoy permanece en las sombras.
Lo que está en juego para el ciudadano
La economía sombra no es una estadística para expertos. Es el barrio que se queda sin iluminación suficiente, el centro de salud que no abastece la demanda, la escuela que necesita mantenimiento y el transporte público deficiente. También es el emprendimiento que no despega porque no puede competir con precios que esquivan impuestos o normativas. Y es, además, la sensación de que el esfuerzo individual no alcanza cuando las reglas son difusas.
En un contexto donde la criminalidad ha aumentado, el empleo no se recupera al ritmo esperado y la situación fiscal sigue siendo exigente, la tolerancia social hacia la economía paralela crece. El riesgo es evidente: normalizar lo excepcional.
Por eso, la discusión pública necesita dejar de centrarse en culpas individuales y enfocarse en reglas del juego, incentivos y resultados. La economía sombra no desaparecerá por decreto, pero sí puede reducirse sostenidamente si el Estado logra ser más efectivo, si el costo de la informalidad aumenta y si el beneficio de cumplir se vuelve evidente.
Del diagnóstico a la acción
Ecuador convive con una economía sombra que drena recursos, debilita instituciones y distorsiona la competencia. El camino de salida requiere mejorar la efectividad del gobierno, rediseñar incentivos, fortalecer la justicia y convertir la formalización en una experiencia simple y valiosa. También exige un compromiso del sector privado para invertir en buenas prácticas y formalidad, y de la ciudadanía para exigir resultados y cumplir cuando las reglas son claras y el retorno es visible.
No existen soluciones mágicas, pero sí una hoja de ruta clara. Si el país logra alinear incentivos, capacidades e instituciones, lo invisible empezará a hacerse visible. Y cuando eso ocurra, ese cuarto del dólar que hoy se pierde en la sombra podrá volver a iluminar escuelas, centros de salud, calles seguras y proyectos que realmente cambien vidas.
(*) Economista colaborador de Gestión Digital.
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