¿Cuáles son los riesgos sociales y económicos del giro del Ecuador frente a la migración venezolana?
El retroceso de las políticas migratorias con relación a la población venezolana expone una serie de riesgos que podrían acarrear consecuencias que, al parecer, no han sido consideradas por el Gobierno actual.
Un grupo de familias descansa en un refugio, donde niños y adultos comparten espacio en colchonetas cubiertas con mantas.
- Foto
Flickr UNICEF
Autor:
Actualizada:
Compartir:
Ecuador acoge a más de 444.000 venezolanos, muchos en situación irregular, con acceso limitado a empleo, educación y salud. Los procesos de regularización como la VIRTE II y la amnistía facilitaron su integración, pero su eliminación en 2025 deja a miles en incertidumbre y vulnerabilidad. ¿Qué implica la eliminación de estas regularizaciones en términos de protección, integración y economía? A continuación, se presenta un análisis reflexivo sobre el reciente giro de la política migratoria en Ecuador.
De la acogida a la restricción
En 2024, Ecuador dio un paso relevante en la regularización de migrantes venezolanos mediante un proceso extraordinario que permitió a miles acceder a la Visa de Residencia Temporal de Excepción (VIRTE II), incluso presentando documentos vencidos hasta cinco años atrás. Este mecanismo buscaba disminuir la irregularidad migratoria, facilitar la integración laboral y social, y garantizar derechos esenciales como educación, salud y empleo formal.
Organismos internacionales como OIM y ACNUR respaldaron la medida, destacando que la regularización beneficiaba no solo a los migrantes, sino también a las comunidades receptoras y a la economía nacional, promoviendo una migración segura, ordenada y regulada.
No obstante, en 2025, la política migratoria ecuatoriana dio un giro drástico. La Asamblea Nacional aprobó la denuncia del Estatuto Migratorio bilateral con Venezuela, vigente desde 2010, que durante 15 años había facilitado visas temporales y permanentes y protegido a los migrantes de la criminalización por ingreso irregular. Según el análisis legislativo, este acuerdo dejó de cumplir su objetivo original y representaba cargas económicas para el Estado, lo que motivó su terminación a solicitud del Ejecutivo.
A este cambio se suma la implementación, desde el 1 de septiembre de 2025, de la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte, establecida en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Con esta normativa, los ciudadanos de 44 países, incluyendo Venezuela, deben tramitar obligatoriamente una visa desde el exterior para ingresar a Ecuador, marcando un endurecimiento significativo frente a los mecanismos de regularización anteriores y generando incertidumbre sobre el futuro estatus legal de miles de migrantes.
Este doble giro normativo ocurre en un contexto marcado por la presión migratoria venezolana. La prolongada crisis económica y política en Venezuela ha desencadenado la migración de más de 7,7 millones de personas, en lo que constituye el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina, explica el Banco Mundial.
De ellas, más de 6,5 millones han encontrado en la región su lugar de residencia, principalmente en países de América Latina y el Caribe. Ecuador se ha consolidado como el quinto destino de acogida, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile (Gráfico 1).
Esta realidad ha supuesto un desafío de gran magnitud para el Estado ecuatoriano, el cual ha respondido en el marco de los principios de derechos humanos y, al mismo tiempo, a través de respuestas normativas. El discurso oficial sostiene que estas medidas buscan ordenar los flujos migratorios, reducir costos fiscales y fortalecer la seguridad nacional. No obstante, sus implicaciones son profundas: el aumento potencial de la irregularidad, la exclusión del mercado laboral formal y la amplificación de tensiones sociales.
La nueva política migratoria ecuatoriana plantea, por tanto, un dilema central: ¿cómo conciliar el interés nacional con la protección de los derechos humanos de una población migrante masiva y vulnerable?
Irregularidad migratoria y su impacto
Según ACNUR, Ecuador alberga a más de 440 mil migrantes y refugiados venezolanos, de los cuales, cerca del 60% permanece indocumentado. Por lo que, el cierre de los mecanismos de regularización ha dejado en una situación crítica a más de 264 mil venezolanos indocumentados en Ecuador, con altas tasas de informalidad y necesidades críticas de empleo, vivienda y alimentación.
De las 444.778 personas venezolanas que residen en Ecuador, alrededor del 82% logra garantizar su acceso a la alimentación, mientras que el acceso a vivienda o refugio se sitúa en el 67%, y solo el 57 % cuenta con medios de subsistencia y empleo adecuados. Estas limitaciones representan un riesgo significativo para la estabilidad de los hogares y evidencian barreras estructurales de inclusión.
La composición demográfica muestra que casi la mitad de esta población (45%) se encuentra en edad productiva (18 a 45 años), lo que constituye un potencial económico importante para Ecuador, siempre que se establezcan mecanismos efectivos de inserción laboral y capacitación. Sin embargo, la subutilización del capital humano es notoria: apenas una cuarta parte (25%) de los migrantes posee educación superior, lo que, junto con la irregularidad migratoria, limita severamente sus oportunidades de acceder a empleos formales y acordes a su perfil (Gráfico 2).
A estas limitaciones estructurales se suma un factor que agrava la vulnerabilidad de los migrantes: el contexto de violencia generalizada en el país.
Para mayo de 2025, Ecuador alcanzó un récord histórico de muertes violentas: un 58% más que en los primeros meses del año anterior, con un promedio de 26 asesinatos diarios. Este deterioro de la seguridad interna no solo golpea a la ciudadanía en general, sino que también amenaza a comunidades especialmente vulnerables: personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras en situación de desplazamiento forzado.
Los datos del Informe Operacional de ACNUR en mayo 2025, para el caso venezolano, muestra que para abril de 2025 ingresaron 22.860 personas y salieron 21.300, con un saldo neto de apenas 1.560 residentes adicionales (Tabla 1).
Para la economía ecuatoriana, esta inestabilidad implica costos en múltiples frentes: fuga de capital humano, presión sobre sistemas de salud y educación, aumento en la demanda de vivienda y servicios sociales, y riesgos de exclusión laboral y pobreza para las poblaciones migrantes.
En términos económicos, se trata de un dilema de sostenibilidad: sin inversión internacional predecible y de largo plazo, los costos sociales y fiscales de la migración y el desplazamiento recaerán desproporcionadamente sobre un Estado ecuatoriano ya limitado en recursos.
Migración a la deriva: el retroceso de la regularización venezolana en Ecuador
La Agencia de la ONU para refugiados explica en su Informe Operacional que el proceso de Registro y Regularización ha sido fundamental para que las personas refugiadas y migrantes puedan cubrir sus necesidades básicas y acceder a soluciones dentro de una estrategia integral de protección e integración socioeconómica.
Entre septiembre de 2022 y abril de 2024, el Gobierno ecuatoriano implementó un programa que permitió a miles de personas de distintas nacionalidades obtener un Certificado de Permanencia Migratoria, regularizando su estancia en el país mientras gestionaban la visa VIRTE.
Hasta abril de 2024, los resultados del proceso fueron significativos: se registraron 140.277 solicitudes de visa, de las cuales 95.809 visas fueron otorgadas, y se emitieron 72.337 cédulas de identidad. En total, más de 199.930 personas obtuvieron un permiso de residencia, consolidando su situación legal en Ecuador (Tabla 2).
Posteriormente, la promulgación del Decreto Ejecutivo N.º 370, el 23 de agosto de 2024, estableció un proceso de amnistía migratoria para ciudadanos venezolanos en situación irregular, ampliando así los mecanismos de regularización y protección.
En cuanto al nivel educativo de la población venezolana regularizada en Ecuador, los datos muestran que el 40% cuenta con educación secundaria y solo el 20% alcanzó la formación universitaria, mientras que segmentos importantes tienen apenas educación básica (17%) o primaria (14%). Incluso, un 7% apenas accedió a la educación inicial y apenas un 2% logró estudios de posgrado o doctorado (Gráfico 3).
La eliminación de la visa VIRTE II, vigente hasta el 12 de marzo de 2025, marca un retroceso significativo en la política migratoria ecuatoriana hacia los venezolanos. Esta visa, que permitía la residencia temporal de dos años a quienes habían realizado el Registro de Permanencia Migratoria y cumplían ciertos requisitos, representaba un mecanismo de inclusión, seguridad y control estatal.
Su suspensión genera incertidumbre jurídica y social, dejando a miles de migrantes sin una vía clara para regularizar su estatus, mientras que aquellos en situación irregular se encuentran imposibilitados de salir del país por vías legales debido a pasaportes vencidos. Este cambio afecta directamente la capacidad del Estado para monitorear, integrar y proteger a la población migrante, aumentando riesgos de vulnerabilidad, explotación y criminalidad.
La amnistía migratoria, que operaba en conjunto con la VIRTE, funcionaba como un instrumento de política pública orientado a la regularización de migrantes que habían ingresado de manera irregular o con documentos vencidos, siempre que cumplieran con requisitos de antecedentes penales y registro migratorio. Su derogación, motivada parcialmente por desinformación pública y presiones políticas, evidencia un cortoplacismo en la toma de decisiones que prioriza factores electorales sobre la planificación migratoria estratégica.
La suspensión del proceso deja desprotegidos a miles de migrantes y compromete los beneficios que la regularización aporta al país, como la integración laboral, el pago de impuestos y la capacidad de vigilancia estatal. Finalmente, la eliminación de estos mecanismos evidencia un vacío estructural en la política migratoria de Ecuador, que afecta especialmente a grupos vulnerables: mujeres, niños y personas con pocos recursos.
Desde 2019, se habían invertido más de USD 200 millones para apoyar la regularización con financiamiento internacional, pero la interrupción abrupta de la VIRTE II y la amnistía deja a los migrantes en una situación de “migración a la deriva”, sin alternativas claras para acceder a derechos fundamentales o regularizar su estatus.
Los migrantes y su potencial económico
La OIM, ACNUR y organismos multilaterales como el BM, BID y OCDE destacan que los migrantes llenan vacíos laborales y contribuyen al crecimiento económico de los países receptores. En Colombia, por ejemplo, los venezolanos representaron cerca del 2% de los ingresos fiscales en 2022, explica ONU migración.
El Estudio de la contribución actual y potencial de la migración venezolana en la Economía Ecuatoriana de la Cámara Empresarial Venezolana Peruana y la Konrad-Adenauer-Stiftung concluye que la migración venezolana genera un impacto fiscal neto positivo para Ecuador de aproximadamente USD 32 millones, equivalente al 0,03% del PIB durante 2021. Esta cifra combina los ingresos fiscales generados por la población migrante (IVA, ICE, IR), los aportes de cooperación internacional y los costos que representan para el Estado.
En términos de recaudación pura, los ingresos fiscales derivados de los migrantes ascienden a USD 43 millones, representando el 0,37% de los ingresos fiscales y 0,04% del PIB. Por tanto, el aporte tributario de este sector es positivo y relevante, especialmente en rubros de alto consumo.
Aunque el impacto neto es positivo, la migración implica demandas significativas en educación, salud y programas sociales, estimadas en 2021 en USD 34,3 millones, USD 40 millones y USD 6,2 millones, respectivamente. El sistema de salud enfrenta saturación, falta de medicamentos y presupuestos insuficientes, constituyendo un reto importante para el gobierno.
Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional explica en su estudio Regional Economic Outlook: Stunted by Uncertainty que la llegada de migrantes venezolanos podría impulsar el crecimiento del PIB de los países receptores en 0,1 a 0,3 puntos porcentuales entre 2017 y 2030. La implementación de políticas de apoyo, como la mejora del acceso a la educación y la integración laboral, permitiría a los migrantes acceder a empleos mejor remunerados, lo que, a su vez, fortalecería las perspectivas de crecimiento económico de los países que los acogen.
Más que una dicotomía entre apertura o cierre, el verdadero desafío para Ecuador radica en diseñar políticas migratorias que garanticen control y seguridad sin sacrificar la integración social y laboral. La población venezolana no debe verse únicamente como un reto, sino como un motor potencial de dinamización económica, social y cultural, capaz de contribuir al crecimiento inclusivo del país si se implementan mecanismos efectivos de incorporación al mercado laboral, educación y servicios básicos.
La migración debe comprenderse no solo como un fenómeno humanitario, sino como un factor estructural del desarrollo nacional. La capacidad de Ecuador para regularizar, proteger e integrar a estas poblaciones definirá su potencial de crecimiento sostenible e inclusivo, fortaleciendo tanto la cohesión social como la competitividad económica. La política migratoria, por tanto, no es un asunto de contingencia, sino una herramienta estratégica para el desarrollo de largo plazo.
Compartir: