Abogados de militares detenidos apuntan contra el director de una cárcel de Guayaquil por fuga de alias ‘Fede’

Los abogados de los 22 procesados por la fuga de Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, descalificaron la denuncia del director de la cárcel de la que escapó el cabecilla de Los Águilas y señalaron que el funcionario “podría estar involucrado en la evasión” del criminal.

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Los cuestionamientos se presentaron durante la audiencia de apelación contra la prisión preventiva que rige contra 19 militares y dos guías penitenciarios desde el 21 de junio, luego de que en la víspera alias ‘Fede’ escapara de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.

La audiencia comenzó el miércoles 23 de julio de 2025 y se extendió hasta el jueves 24, pero no concluyó con una resolución de la jueza ponente de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Carmen Vásquez, sino que la magistrada dispuso que se reinstalaría la sesión para el martes 29 de julio a las 13:50.

Sin embargo, la diligencia no se cumplió a la hora señalada y provocó reclamos de varios de los actores convocados, entre ellos los abogados que, inmediatamente, presentaron escritos judiciales ante la demora de la sesión.

“Mi defensor estuvo conectado desde las 13:40 hasta la presentación de este escrito, sin que sus autoridades dieran paso a la audiencia dispuesta. Solicito se sirvan disponer mediante providencia nueva fecha y hora”.

Francisco Peñaherrera, abogado de Cristian Rafael C. G., guía penitenciario

Los familiares de los militares también reclamaron por el incumplimiento de la sesión judicial, pues muchos de ellos, al menos unos 50 familiares, viajaron desde provincias para conocer en Guayaquil la resolución de la jueza Vásquez.

“No nos dicen nada, ni siquiera avisaron con anticipación, solo suspendieron la audiencia y ni siquiera publican una hora, qué injusto es todo esto”.

Betty Barahona, esposa de uno de los militares detenidos

Ella, junto a otros familiares, viajaron desde la provincia de Chimborazo y protagonizaron un plantón en los exteriores de la Corte de Justicia del Guayas. Ahí, con pancartas y megáfonos, reclamaron por la libertad de los uniformados, pues aseguraron que ellos “cumplen órdenes” y “no autorizan la salida de las personas privadas de libertad”.

Este mismo argumento fue recalcado por los abogados durante la audiencia del miércoles y jueves de la semana pasada. En esta sesión, los defensores criticaron la denuncia que presentó Cruz Muñoz Loza, director de la penitenciaría cuando se produjo la fuga de ‘Fede’.

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En ella señalaba que “para la salida de cualquier PPL se requiere autorización, sea por parte del director o del departamento de coordinación” y que “para autorizar dicha salida se debe enviar un correo electrónico a los miembros de las Fuerzas Armadas, el cual debe incluir una lista”.

“Con esa lista, los miembros de las Fuerzas Armadas verifican vía radio al centro de mando y éste da la debida autorización”, expuso el abogado Paúl Castro, quien defiende, junto a otros dos juristas, a ocho militares procesados.

Castro cuestionó que el director de la penitenciaría renunciara a su cargo tras la fuga de ‘Fede’ y que su denuncia sea el principal elemento de cargo con el que cuenta la Fiscalía para procesar a los militares y guías penitenciarios.

“Si nos ponemos un poco más analíticos, es probable que el director haya presentado esta denuncia con el fin de protegerse, pues podría estar involucrado en el delito de evasión, incluso como autor principal”.

Paúl Castro, abogado de militar

Incluso las personas privadas de libertad -agregó Castro- manifestaron que “fueron los guías quienes se los llevaron al policlínico, mientras los militares se quedaron custodiando el pabellón, es decir, el elemento más fuerte de la Fiscalía carece de valor y no cumple los requisitos para solicitar la prisión preventiva”.

Director no ha rendido versión

La abogada de la guía penitenciaria procesada, Gabriela Juliet B., también cuestionó al director del penal del que escapó ‘Fede’ tras camuflarse como un paciente para salir de su celda dentro de un grupo que se dirigía al policlínico de la cárcel y fugarse del recinto carcelario.

“Cruz Muñoz hasta la fecha no ha comparecido a rendir versión. Aquí lo que existe es una “peloteo” de responsabilidades entre militares y guías, mientras tanto, los verdaderos responsables están en plena libertad. ¿Dónde está el señor director?”, expuso Patricia Cassula, abogada de la guía.

Además, se preguntó “¿Dónde están los demás guías que no debían estar ese día y sin embargo estuvieron cumpliendo funciones? ¿Dónde están los militares, incluso los que actuaban como inteligencia reservada? No constan en ningún listado, pero sí se privó de libertad a 19 militares y 2 guías, que acudieron a trabajar al día siguiente de lo ocurrido”.

La defensora explicó que “el traslado de los PPL no sería posible si no se les entrega previamente un listado autorizado con los nombres, ese listado no lo elaboran los guías, sino que es emitido con la venia del director del centro y el coordinador correspondiente”.

“La agente de seguridad penitenciaria Gabriela B. no estaba a cargo del pabellón, ella pasaba por el pabellón cuando los militares le entregaron a los cinco PPL y el listado para que los traslade al policlínico. Ese listado fue autorizado por el director y el coordinador, no fue responsabilidad de la guía”.

Patricia Cassula, abogada de la guía detenida

Otro abogado de un militar procesado se sumó a los cuestionamientos y rechazó que la prisión preventiva se sustente únicamente en los elementos de la denuncia del director del penal.

“¿Y quién irónicamente la presenta? El director de la penitenciaría, precisamente quien autorizó la salida de los PPL del pabellón 12 del ala 4. No hay nada que pueda atribuir un delito a los miembros de las Fuerzas Armadas”, dijo Walter Maldonado, defensor del militar David L.

La nueva fecha prevista por la jueza Vásquez para anunciar si acoge el pedido de apelación de la prisión preventiva será a las 10:25 del jueves 31 de julio del 2025, según consta en su decreto judicial en la función judicial.