"La contratación con el Estado de alias 'Marino' fue en 2023" antes del gobierno de Noboa, dice el director de la UAFE

El asesinado cabecilla de Los Lagartos, alias 'Marino', tenía al menos cinco empresas y una había contratado con el Estado ecuatoriano, lo que levanta sospechas sobre cómo este narcotraficante pudo operar pese a su historial delictivo. 

Dos camaroneras, una exportadora de cacao; una importadora de relojes y joyas, y una firma de seguridad conformaban la red empresarial de Stalin Olivero Vargas, el nombre real de alias Marino. 

Y en 2023, la empresa de seguridad de Olivero obtuvo un contrato por USD 90.600 en la empresa pública de agua de Playas. 

En una entrevista con el programa Del Día a la Noche, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, dijo por el 15 de enero de 2026 que dicho contrato ocurrió en 2023 y previo al gobierno actual. 

"Hay que aclarar una cosa, la contratación que hubo con el 'Marino' fue en 2023, antes de que el presidente Daniel Noboa asuma el cargo", expresó Neira, quien también es director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la Fiscalía (UAFE). 

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Dichas empresas de alias 'Marino' formarían parte de un entramado para lavar activos producto del narcotráfico y el crimen organizado. 

Los bienes de alias 'Marino'

Pero este cabecilla narco, que era uno de los objetivos de alto valor del Gobierno, también acumuló propiedades de lujo como el departamento que tendría en la urbanización isla Mocolí.

Fue precisamente en la isla Mocolí donde alias 'Marino' fue asesinado en un ataque que dejó a dos muertos más. 

En cuanto a estos bienes de alias 'Marino', Neira indicó que la UAFE es parte de una red de control de lavado de activos, pero depende de terceros, como los notarios, quienes deben alertar a la institución sobre operaciones sospechosas e irregulares. 

"Dependemos de que el notario hizo la transacción y que el registrador de la propiedad de la transacción nos envíen la alerta de posible lavado de activos. Eso no depende de la Uafe, depende de ellos", dijo Neira sobre los inmuebles o carros de alto gama que pertenecían al cabecilla de Los Lagartos. 

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Según explicó Neira, para que la UAFE emprenda una investigación, los llamados 'sujetos obligados' deben emitir la alerta sobre un posible lavado de activos. 

Neira dio algunas cifras y aseguró que en 2018 la UAFE tenía 5.300 sujetos obligados de reportar las alertas, pero a finales 2025 el número aumentó a 20.300. 

En julio del año pasado entró en vigencia la llamada Ley contra el Lavado de Activos, que entre otros puntos, exige a estos sujetos obligados registrar en el sistema de la UAFE, hasta 10 días después de fin de mes, la no existencia de reportes de operaciones sospechosas. 

En este grupo de los sujetos obligados constan bancos, administradores de tarjetas de crédito,  cooperativas de ahorro, empresas de construcción, organizaciones sin fines de lucro y hasta partidos políticos. 

Por otra parte, Neira señaló que el año pasado la UAFE reportó a la Fiscalía más de USD 1.500 millones en operaciones inusuales.